El juicio al que esta semana se ha enfrentado José Francisco Reyes no es el primero, y tampoco será el último. De hecho, aún debe afrontar las mayores causas penales abiertas contra él. Una de ellas, por un presunto delito de prevaricación urbanística en la concesión de la licencia de las mil viviendas en la parcela de Costa Roja, al promotor Luis Lleó. Otro, también por prevaricación urbanística, dentro del caso "Unión". Y el más importante, la investigación penal abierta por la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca.
En esa causa, cuya instrucción aún sigue abierta, Reyes volverá a sentarse en el banquillo de los acusados junto al secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, y el arquitecto de la Oficina Técnica, Pablo Carrasco Cabrera. Además, en la causa de los hoteles ilegales también está imputado Felipe Fernández Camero, que en el juicio de este miércoles ejerció de abogado, pero en el caso "Reyes" es uno de los principales imputados. De hecho, el fiscal le señala como el "inductor de la conducta presuntamente delictiva de José Francisco Reyes".
El Ministerio Fiscal considera que existía una trama que desde la autoridad de la Alcaldía y la complicidad y el asesoramiento técnico, con el nexo como abogado de Fernández Camero entre el Ayuntamiento y los promotores, organizaban la concesión de licencias ilegales, presuntamente a cambio de dinero.
Tras su detención en el marco de esa causa, Reyes llegó a confesar haber cobrado sobornos a cambio de la concesión de licencias ilegales, e incluso dio nombres de varios empresarios, pero posteriormente se retractó. Además, la investigación que la Udyco realizó sobre su patrimonio reflejó que la familia de Reyes había realizado compras en efectivo por valor de cerca de un millón de euros, con dinero de origen desconocido.
En ese proceso, Reyes está acusado de presuntos delitos de prevaricación urbanística, cohecho, malversación de fondos, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Además, el ex alcalde de Yaiza ya tiene una condena a sus espaldas, de diez años de inhabilitación y multa de casi 26.000 euros, por un delito de prevaricación urbanística.
La sentencia, dictada en marzo de 2009 y ratificada un año después por la Audiencia Provincial de Las Palmas, consideraba probado que Reyes autorizó las obras para transformar en restaurante una antigua vivienda, pese a que sabía que se encontraba en suelo rústico y por tanto no podía autorizarla sin solicitar al Cabildo la calificación territorial pertinente.
Al igual que ha hecho ahora, en aquel juicio el ex alcalde, defendido por Felipe Fernández Camero, declaró que no leyó los informes que firmó sobre la concesión de la licencia y que, "en general", no lee los documentos. "Aunque los leyera, poco voy a entender, porque no entiendo de urbanismo ni de ese tipo de leyes", llegó a afirmar
En la sentencia, la jueza calificó de "sorprendente" y "poco o nada" creíble su testimonio. "No es de recibo que un ex alcalde se escude en que no leía lo que firmaba y que los escritos se los confeccionaban sus técnicos y que eran rutinarios". Además, la jueza agregaba que el hecho de que "no leyera los informes que recibía del Cabildo y, aún peor los que le hacían sus técnicos, cuando es lo principal que ha de hacer en el ejercicio de las funciones de su cargo", refleja una clara "negligencia" y "muy poca responsabilidad, si no nula, en su gestión como alcalde".
