Un informe técnico del Ayuntamiento de San Bartolomé, dentro del expediente de investigación de bienes de Morros de Güime, afirma que la cantera que explota Lanzagrava en esa zona se fue ampliando sin licencia, cometiendo "irregularidades" urbanísticas y, sobre todo, ocupando suelo público municipal.
Concretamente, el Ayuntamiento considera que unos 670.000 metros cuadrados son en realidad de su propiedad. Por su parte, del cerca de millón de metros cuadrados afectados, Lanzagrava sólo ha podido acreditar la titularidad de unos 152.000, "siendo las descripciones y lindes muy confusos y contradictorios al denominarse cada uno de ellos de diferente manera siendo en teoría el mismo sitio", según este informe. Además de San Bartolomé, el Cabildo también sería titular de otra parte de esos terrenos.
Además de reclamar la titularidad del suelo, el Ayuntamiento también se plantea exigir parte de los beneficios obtenidos por Lanzagrava durante estos años, al entender que ha obtenido unos ingresos importantes en un suelo público, sin pagar "absolutamente nada" al Consistorio. En este expediente se puede observar cómo el Ayuntamiento concedió la primera licencia de obra para un proyecto de planta asfáltica en 1989 y, los siguientes años, también le dio permisos de apertura de esta planta a Lanzagrava.
Después, la cantera se fue ampliando, ocupando más suelo y construyendo nuevas instalaciones. Durante ese tiempo, se abrieron varios expedientes tanto del Gobierno de Canarias como de administraciones insulares. Incluso hubo órdenes de paralizar las obras y hasta de demoler trabajos ya realizados, pero la cantera siguió funcionando.
"Muchísimas irregularidades"
En el informe técnico de San Bartolomé se destaca que Lanzagrava mantuvo durante años la explotación minera "con las licencias iniciales", pero después "se cometieron muchísimas irregularidades por parte de la propiedad, al no solicitar las licencias necesarias previas en muchas de las actividades realizadas sobre el terreno en el momento de su ejecución".
"Lanzagrava ha ido ocupando suelo durante años de forma sistemática", ha señalado a La Voz la alcaldesa de San Bartolomé, Dolores Corujo, que ha asegurado que ahora "está actuando" para recuperar lo que cree que es del Ayuntamiento y "luchando por el interés general".
Este procedimiento, que se encuentra en el Juzgado de lo contencioso-administrativo Número 2 de Las Palmas, se inició durante la legislatura pasada, cuando se comenzó con este expediente y se dio un periodo para que los interesados pudieran alegar. Tras ello, se adoptaron diferentes acuerdos plenarios declarando la titularidad municipal de parte de este suelo.
El anterior expediente "estaba mal
"Una vez finaliza el expediente, podemos presumir que somos propietarios de gran parte de este suelo", ha defendido la alcaldesa. Lanzagrava recurrió este acuerdo plenario y, por ello, el procedimiento se encuentra ahora en los Juzgados y probablemente llegará a juicio. No obstante, Corujo tampoco descarta negociar con la empresa para llegar a un acuerdo, algo que todavía no se ha producido.
Anteriormente, San Bartolomé ya intentó defender en la Justicia que es propietario de gran parte de ese terreno, pero no se consiguió porque "el expediente que se hizo estaba mal, no cumplió los plazos y debía acreditar que el suelo era municipal". "Ahora así lo hemos acreditado nosotros en el expediente y consideramos que tenemos muchas posibilidades de que nos den la razón", ha insistido Corujo.
A la alcaldesa le resulta "inconcebible" que una empresa privada "haya hecho un uso de un suelo público para un beneficio económico y minero", mientras que el Ayuntamiento de San Bartolomé "no ha percibido nada a cambio, absolutamente nada". Precisamente por ello, se plantea exigir a la empresa parte de los beneficios por la explotación de la cantera. Según un informe preliminar, la indemnización por la piedra extraída del suelo municipal ascendería a entre 1,5 y 3 millones de euros, aunque aún está sin definir.
Preguntada por cómo es posible que esa cantera llevara tanto tiempo explotando una actividad en un suelo que el Ayuntamiento cree que es suyo, Corujo ha señalado que "ha habido una omisión importante por parte de la administración", por no resolver antes este asunto sin necesidad de llegar ahora a un pleito judicial.
Lo que no ha podido hacer el Ayuntamiento es exigir el cierre de esta cantera, ya que la competencia en Minas la tiene el Gobierno de Canarias, que considera que esta cantera es de interés general.
