El Cabildo de Lanzarote ha hecho público un informe elaborado por el jefe de área de Coordinación de Planeamiento del Gobierno de Canarias, Juan José Santana Rodríguez, en el que sostiene que se "rebaten de principio a fin" dos dictámenes elaborados por dos juristas de la Corporación insular: el que era jefe de la Oficina del PIOT, Lepoldo Díaz (destituido por Pedro San Ginés) y el de la jurista Joana Macías, elaborado a petición de la juez que instruía el caso Stratvs. Ese nuevo informe fue solicitado por el presidente, Pedro San Ginés, al Gobierno de Canarias, después de que dos juristas de la Corporación que presidente advirtieran de múltiples vicios de nulidad en el Plan Especial de La Geria, que fue aprobado por el Gobierno de Canarias, y sobre el que ahora el Cabildo pretende aprobar una modificación.
"En dicho informe del Gobierno de Canarias, que el Cabildo ha trasladado a su vez al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote, se señala la plena legalidad del Plan Especial de La Geria, su capacidad para implantar equipamientos estructurantes y su prevalencia sobre el PIOL de 1991, dado que en absoluto lo contraviene como apuntan los informes de estos dos técnicos, entre otras cosas porque el vigente Plan Insular no ordena recursos naturales", sostiene el comunicado enviado por el Cabildo.
Además, subraya una de las partes del informe elaborado por Juan José Santana desde el Gobierno de Canarias. "Dado que el PIOL-91 carece de contenido ordenador de recursos naturales, y con independencia de que no hay prohibición expresa en tal sentido, resulta claro que el marco aplicable al Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria le habilitaba para, como hace, regular la implantación de bodegas en el área ordenada", sostiene este nuevo informe, para responder a uno de los vicios de nulidad advertidos por los juristas del Cabildo..
El propio San Ginés recuerda en su comunicado que cuando remitió al Juzgado del caso Stratvs el informe de Joana Macías, advirtió de que su contenido "no coincidía con el parecer de los servicios jurídicos del Cabildo". Incluso, en su momento anunció que enviaría un "contrainforme", aunque finalmente no lo hizo después de que la juez advirtiera de que el dictamen de Macías era una pericial dentro de una causa penal y recordara incluso que puede constituir un delito intentar influir en los peritos.
En cuanto a los "servicios jurídicos del Cabildo" a los que se refería San Ginés, desde luego no incluían al que en ese momento era jefe de la Oficina del PIOT, ya que su posterior informe coincidía con el criterio de Macías. Según el presidente, al referirse a esos "servicios jurídicos" incluía el criterio del director insular de Ordenación del Territorio, que es un cargo de designación política, y el de otra jurista del Plan Insular, "suscrito además por la jefa accidental de los servicios jurídicos de la Corporación". Según San Ginés, ambos informes "coinciden en señalar la plena legalidad del Plan Especial de La Geria y su capacidad para establecer dichos equipamientos".
En su comunicado, el presidente concluye que "el informe emitido por el Gobierno de Canarias, que no debe olvidarse es el autor y promotor del Plan Especial de La Geria, viene a reafirmar la plena legalidad, vigencia y capacidad de este Plan para todo cuanto en él se regula y, por supuesto, la competencia de la Consejería de Política Territorial -también cuestionada por los informes de los citados técnicos- para su tramitación".
