Un dictamen jurídico sobre el proyecto de Ley del Suelo aprobado por el Gobierno de Canarias que ha encargado la Fundación César Manrique cuestiona la seguridad jurídica de la normativa "por riesgos de arbitrariedad" y advierte del aumento de la conflictividad judicial que provocaría la nueva ley. Asimismo alerta de una eventual inconstitucionalidad de la Ley "por riesgos de vulneración de la regla constitucional de prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos". El dictamen ha sido elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Manuel Sarmiento Acosta. El objetivo de este informe es examinar los aspectos de este proyecto que pudieran resultar más trascendentales y jurídicamente más controvertidos.
En el mismo se pone de manifiesto que el proyecto es "una singularidad" en el derecho autonómico español comparado. "No hay precedente en el derecho autonómico comparado de un modelo de ordenación del territorio como el que impulsa el Gobierno de Fernando Clavijo", se indica. En este sentido se añade que no es precisamente en términos de protección del territorio, usos permitidos en suelo rústico y garantías ofrecidas por los controles preventivos que debería incorporar la Ley. "Representa una rigurosa singularidad dentro del conjunto del ordenamiento autonómico en cuanto a flexibilización de los controles", se apunta.
Otra de las conclusiones del dictamen es que la pretendida simplificación jurídico-legislativa que se persigue con el Proyecto de Ley no se consigue. "No se supera la maraña legislativa actual en cuanto reunión de toda la normativa dispersa en un solo texto. Lo que se hace es simplemente, y nada menos, que plantear un modelo alternativo de ordenación territorial que entiende simplificación no como clarificación jurídica, sino como liberación de controles", se indica.
Ampliación de usos y actividades en suelo rústico
En el dictamen se manifiestan reservas jurídicas sobre la ampliación de usos y actividades en suelo rústico, "pudiendo constituir una conculcación de la legislación estatal básica y del principio de desarrollo sostenible (art. 3 del Texto refundido de la Ley del Suelo de 2015)". Se considera, por tanto, que se deriva inseguridad jurídica e incluso eventuales implicaciones constitucionales.
Una de las advertencias más relevantes del dictamen recae sobre los Proyectos de Interés Autonómico o Insular, pues se podrían considerar una "especie de dispensas singulares del planeamiento general". Y en este punto pueden generar una controversia de calado en la perspectiva del principio constitucional de la igualdad de trato: "constituyen caldo de cultivo propicio para la irrogación de situaciones arbitrarias y no puede causar sorpresa que en otras comunidades autónomas se hayan producido importantes anulaciones en sede judicial respecto de instrumentos de similares características, incluso, dotados de menor alcance (sendas Sentencias de 29 de enero de 2014 2940/2011, así como otras cinco más recientes de 18 de mayo de 2016, todas a ellas a propósito de distintas actuaciones turísticas proyectadas –y hasta en parte culminadas, con todos los problemas ulteriores asociados a ello– en Extremadura y Valencia)".
Más allá de los aspectos concretos sometidos a análisis individualmente, el dictamen jurídico pone en cuestión el modelo en su conjunto que plantea el Proyecto de Ley, destacando los efectos de debilitamiento del control legal que la acumulación de unos y otros cambios proyectan sobre el conjunto. "Y es que, en efecto, reducidos los controles preexistentes a la mínima expresión, no cabe duda de que de este modo los riesgos connaturales al modelo se incrementan. La ordenación urbanística y territorial menos a resguardo queda así a la sombra de la arbitrariedad. Y si ello es así tampoco es difícil vaticinar que, como medio de compensar la reducción de controles preventivos, pueda venir a intensificarse el ejercicio del control judicial […] Así que se nos antoja también que esa seguridad jurídica que en principio podría considerarse igualmente el motor que alimenta y anima la reforma proyectada a la postre pueda situarse más en su contra que a su favor", se señala en el dictamen.
