Torres, miembro de la Corporación de Unidos por Lanzarote y La Graciosa y de la Comisión Insular de Seguridad, Emergencias y Sanidad de la formación, ha mostrado su "profunda preocupación" por la situación que atraviesa el transporte sanitario urgente y no urgente en Canarias, especialmente por las consecuencias que esta situación está teniendo y puede seguir teniendo para Lanzarote y La Graciosa.
Torres considera "inadmisible que el Gobierno de Canarias haya permitido llegar al vencimiento del contrato autonómico en diciembre de 2025 sin tener resuelta en tiempo y forma la nueva contratación y que, después de impulsar un nuevo procedimiento, haya terminado paralizándolo cuando faltaban apenas diez días para la apertura de los sobres".
"Estamos hablando de un servicio esencial, no de cualquier expediente administrativo. Los profesionales llevan demasiado tiempo esperando recursos, mejoras y soluciones, mientras los ciudadanos siguen dependiendo de un servicio que necesita una renovación urgente. ¿Cómo se puede llegar prácticamente al final de una licitación para después paralizarla? ¿Dónde estaban la planificación y la previsión del Gobierno?", cuestiona Torres.
La ley de contratos del sector público no puede aplicarse a conveniencia
José Torres recuerda que el contrato autonómico fue adjudicado en 2019 y que, según la información disponible, contó con dos prórrogas, correspondientes a 2024 y 2025, finalizando en diciembre de este último año.
En este sentido, señala que el artículo 29 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, establece las condiciones de duración y prórroga de los contratos, incluyendo una posibilidad excepcional de hasta nueve meses que requiere circunstancias y requisitos concretos, entre ellos la publicación de la nueva licitación con una antelación mínima de tres meses respecto al vencimiento del contrato originario.
"Quiero saber qué fórmula jurídica se utilizó para garantizar la continuidad del servicio después de diciembre de 2025, qué informes justificaron esa decisión y si se cumplieron todos los requisitos legales. La contratación pública debe respetar los principios de legalidad, transparencia, eficiencia y buena administración. No se pueden improvisar soluciones cuando hablamos de un servicio que afecta directamente a la salud de las personas", manifiesta.
Torres también pone sobre la mesa la contratación específica del servicio de ambulancia de La Graciosa, formalizada en abril de 2025 por un importe de 1.105.765 euros.
A su juicio, es "imprescindible aclarar la coordinación de este contrato con el servicio autonómico que se encontraba vigente, así como acreditar que no existió solapamiento de prestaciones o financiación".
"Cuando se trató de impulsar esa contratación hubo capacidad para tramitarla. Sin embargo, cuando tocaba garantizar una nueva licitación autonómica que respondiera a las necesidades de todos los territorios, se dejó pasar el vencimiento del contrato. Queremos explicaciones sobre los dos procedimientos, sobre sus respectivos objetos y sobre el uso de los recursos públicos", añade.
El convenio colectivo no puede ser la excusa para seguir sin soluciones
Otro de los aspectos que cuestiona Torres es que la paralización de la nueva licitación se justifique en la situación del convenio colectivo del sector.
El representante de Unidos por Lanzarote y La Graciosa recuerda que la negociación colectiva lleva años pendiente de resolución y que los profesionales continúan esperando respuestas sobre sus condiciones laborales.
"Si el Gobierno conocía que el convenio colectivo estaba pendiente de negociación, ¿por qué no tuvo en cuenta esta circunstancia antes de sacar los pliegos? La Administración dice que no tiene capacidad para resolver directamente la negociación entre sindicatos y patronales, pero eso no puede servirle para desentenderse de las consecuencias ni para paralizar un procedimiento sin ofrecer una solución. Los trabajadores no pueden ser rehenes de una negociación interminable", afirma.
Torres exige que se hagan públicos los motivos concretos de la paralización, los informes técnicos y jurídicos que la sustentan y el calendario previsto para una nueva licitación.
Lanzarote y La Graciosa no pueden seguir recibiendo respuestas insuficientes
El miembro de la Comisión Insular de Seguridad, Emergencias y Sanidad considera especialmente preocupante la situación de Lanzarote y La Graciosa, donde las necesidades de transporte sanitario y atención extrahospitalaria requieren una planificación acorde con la realidad poblacional y geográfica de ambas islas.
Entre las cuestiones que reclama aclarar está la previsión de incorporar un nuevo recurso sanitarizado en la zona norte del municipio de Haría.
"¿De verdad esa es toda la respuesta que merece Lanzarote y La Graciosa? ¿Cuándo estarán disponibles los nuevos recursos? ¿Qué planificación existe para atender las necesidades del conjunto de nuestros municipios? No basta con anunciar un recurso adicional. Hay que garantizar que los medios sean suficientes, que estén operativos y que respondan a las necesidades reales de nuestra población", sostiene.
Asimismo, Torres dirige una exigencia expresa al Cabildo de Lanzarote y a sus responsables políticos. Considera que la primera institución insular debe ejercer una defensa firme de los intereses de la ciudadanía ante el Gobierno autonómico, reclamar soluciones y utilizar todos los mecanismos institucionales a su alcance para que las necesidades de Lanzarote y La Graciosa sean atendidas.
"El Cabildo no puede limitarse a observar cómo se paraliza un servicio esencial mientras los profesionales y los ciudadanos esperan. Sus responsables tienen la obligación política de defender esta isla, exigir explicaciones a sus compañeros de gobierno en Canarias y reclamar actuaciones inmediatas. La lealtad institucional nunca puede estar por encima de la defensa de los intereses de Lanzarote y La Graciosa", declara.
"La salud de los ciudadanos no puede convertirse en un anuncio para las próximas elecciones"
Finalmente, José Torres advierte de que las necesidades del transporte sanitario "no pueden convertirse en una sucesión de anuncios, promesas o compromisos que solamente cobran protagonismo cuando se aproxima una convocatoria electoral".
"No queremos que se acerque 2027 y entonces empiecen las prisas, los anuncios y las fotografías para decir que todo está solucionado. Los profesionales necesitan recursos ahora. Los ciudadanos necesitan garantías ahora. Y Lanzarote y La Graciosa necesitan respuestas ahora. La salud no entiende de calendarios electorales", manifiesta.
Torres concluye reclamando al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Lanzarote transparencia, responsabilidad institucional y actuaciones concretas para resolver la situación.
"No estamos hablando de una disputa política, sino de derechos, de seguridad y de atención sanitaria. Estamos hablando de trabajadores que merecen respeto y de ciudadanos que necesitan un servicio público a la altura de sus necesidades. Lanzarote y La Graciosa no son territorios de segunda y no vamos a aceptar que sus necesidades sigan quedando en un segundo plano. Las instituciones están para resolver problemas, no para acumular excusas".
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