ACN
El Parlamento de Canarias aprobó este miércoles por la tarde -con la única abstención del diputado de Coalición Canaria y alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo- la creación de una comisión de investigación para esclarecer los hechos, las actuaciones de Unelco-Endesa y del Gobierno regional, así como los efectos, las consecuencias y las medidas a adoptar a raíz de la tormenta tropical Delta a su paso por las Islas.
Dicho órgano estará compuesto por diez miembros -3 de CC, PSC y PP y uno del Grupo Mixto- y requerirá, a juicio por lo avanzado por los portavoces de los partidos mayoritarios, la comparecencia de representantes de todas las administraciones públicas de las Islas y del Estado, y otras instituciones que "puedan aportar datos y opiniones", como el Instituto Nacional de Meteorología (INM) o Unelco-Endesa.
Además de esclarecer todas las preguntas pendientes y buscar soluciones para que las consecuencias de situaciones similares se minimicen, PP y PSC apostaron decididamente por que la comisión sirva para depurar responsabilidades políticas, que dieron por supuestas, frente a las protestas de la diputada nacionalista Flora Marrero, que exigió "un trabajo responsable que no prejuzgue".
En una crítica intervención, el portavoz socialista, Francisco Hernández Spínola -proponente de la comisión- acusó al Gobierno autonómico de mantener una relación con la empresa eléctrica "basada en la complacencia", lo que, avanzó, deberá explicarse en la comisión. También achacó al Ejecutivo regional la co-responsabilidad de la crisis eléctrica generada a consecuencia de la tormenta por su "caótica política energética", que hizo extensiva a la energía eólica y la implantación del gas.
La ausencia de planificación y de política energética por parte del Gobierno de Canarias durante los últimos 15 años -desde la aprobación, en 1990 del Plan Energético de Canarias (Pecan), que debía haberse revisado cada lustro-, así como un incumplimiento en sus competencias exclusivas, fueron otras de las críticas socialistas al Ejecutivo. Recordó en este punto que la propia consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, Marisa Tejedor, dijo en el anterior Pleno parlamentario que su actuación en materia de inspección de instalaciones es mejorable.
"Incompetencia política"
También dijo que la comisión de investigación deberá entrar en los motivos por los cuales el Pecan que el Gobierno aprobó en 2003 no se ha desarrollado, como tampoco la Ley de Energía y el Instituto Canario de la Energía, que preveía. Lo mismo dijo sobre el convenio de 2004 entre Unelco y la Comunidad Autónoma para la realización de inversiones en la red eléctrica de Canarias, que consideró "otro fracaso, porque casi ninguna se ha realizado".
El portavoz del PP, Jorge Rodríguez, culpó al Ejecutivo de impedir a la compañía la ejecución de estas infraestructuras y manifestó que los motivos de esta postura deberán esclarecerse en el seno de la comisión. En este sentido, opinó que "no hubo fatalidad sino indicios de incompetencia política".
El apoyo de PP y CC a la privatización de Unelco-Endesa, que, a juicio de Spínola fue un "inmenso error porque es la madre de todos los fiascos venideros" también les convierte, en su opinión en co-responsables de la situación generada y de la insuficiencia de inversiones en las instalaciones de transporte energético. Criticó, en este punto que, pese a esto "ahora achacan a Unelco la culpa de la crisis, o al INM o al Ministerio de Industria, siguiendo la táctica habitual de CC en situaciones límite".
Spínola argumentó que ante estas situaciones, el Gobierno nacionalista "ante su mala gestión, primero buscar responsables ajenos, luego reivindica más competencias y cuando las obtienen, se ejercen, con los resultados nefastos, de los que conocemos ejemplos en sanidad o educación, en una tergiversada interpretación del estado de las autonomías".
Consideró igualmente "un despropósito achacar los defectos de la red de transporte del sistema eléctrico con unas órdenes ministeriales que sirven para establecer las compensaciones económicas al operador por un sistema más caro", como es el insular. En esta materia, reconoció la responsabilidad del Gobierno socialista en el Estado por no haber desarrollado estas órdenes ministeriales que regulan los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares durante sus dos años de mandato, de lo cual, dijo "no nos sentimos orgullosos".
"Unelco no daba información veraz"
El portavoz socialista también se preguntó por qué la presunta "relación de complacencia" de Unelco con el Gobierno "cesó el 29 de noviembre de 2005", cuando el director regional de la compañía deja de aparecer en las comparecencias públicas con responsables del Ejecutivo. "Al día siguiente Unelco empieza a ser vituperada por dirigentes destacados de CC, mientras nosotros guardaban un responsable compás de espera", dijo, pese a que el secretario regional del PSC, Juan Carlos Alemán, llamaba "buitres carroñeros" a los políticos nacionalistas y populares que adoptaron esta postura crítica.
Al respecto, la diputada de CC Flora Marrero, recordó que, según se desprende de unas declaraciones realizadas por el consejero de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano, decidieron dejar de comparecer conjuntamente porque la información que daba Unelco "no era veraz".
En la opinión de Jorge Rodríguez, los objetivo de la comisión deben ser fundamentalmente en dejar la "tranquilidad de conciencia de haber hecho todo lo que estaba al alcance de quienes podían evitar las consecuencias del temporal, indagar de qué forma se podían haber minimizado las consecuencias y trasladar un mensaje de confianza a la población".
Por ello, apostó por dar transparencia a la comisión y que se conozcan los hechos, fallos y responsabilidades, así como impulsar un mayor control del Gobierno y los servicios públicos.
Por su parte, Flora Marrero aseguró que no ha habido por parte del Gobierno atribución gratuita de culpas a Unelco y que la interpelación urgente que el diputado de su partido Paulino Rivero al ministro de Industria, José Montilla, persigue reclamar que el servicio eléctrico en las Islas se preste en las condiciones de calidad y precio que en el resto de las Comunidades Autónomas.
Con respecto a las críticas que desde el Gobierno se han hecho a las previsiones del INM, adelantó que van a pedir las grabaciones de las conversaciones que se mantuvieron para que sean oídas en la comisión, que apostó debe ser "breve y eficaz". "Tenemos la obligación de saber la verdad de lo que ocurrió y actuar con decisión para proponer medidas que nos sirvan a todos para actuar ante los caprichos de la naturaleza", concluyó.
