Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras (CCOO) y el Sindicato Profesional (SPPLB), que representan a la mayoría de empleados públicos del Ayuntamiento de Yaiza, han presentado una reclamación formal ante el pleno municipal contra la aprobación de los presupuestos generales de 2026.
Las organizaciones sindicales han exigido "la nulidad radical" de las partidas de personal tras constatar "graves infracciones legales y un intento deliberado de eludir la negociación colectiva obligatoria".
Denuncian el bloqueo absoluto al diálogo social
El Comité de Empresa y los Delegados de Personal Funcionario han denunciado públicamente la "absoluta falta de voluntad política y la nula capacidad de negociación colectiva que evidencia de forma continuada el alcalde del Ayuntamiento".
Así, los representantes de los trabajadores señalan que el grupo de gobierno "roza el desprecio a los derechos laborales básicos. En este sentido, señalan:
● "Calendario roto en el Convenio Laboral": los sindicatos han indicado que el pasado mes de abril se constituyó formalmente la Mesa de Negociación del Convenio Colectivo, aprobándose por unanimidad un calendario vinculante para celebrar reuniones de trabajo todos los miércoles alternos (cada 15 días). Sin embargo, "dos meses después, el alcalde no ha convocado ni una sola reunión, dejando el calendario en papel mojado".
● "Parálisis en el Acuerdo de Funcionarios": los colectivos sindicales señalan que "tras más de 60 días desde aquel compromiso, el Ayuntamiento ni siquiera ha constituido la Mesa Negociadora del Acuerdo de Funcionarios, impidiendo cualquier avance en los derechos del personal público".
Los representantes de la Mesa General de Negociación, UGT Y CCOO han denunciado que las cuentas de 2026 se tramitaron "hurtando este debate social" a través de una mera "dación en cuenta", de modo que se estaría "vulnerando el Estatuto Básico del Empleado Público" (TREBEP) en un momento de "máxima parálisis interna".
Exponen "recortes y caos organizativo"
El documento de alegaciones detalla un escenario de "graves arbitrariedades organizativas y retribuciones unilaterales" integrado en el presupuesto aprobado inicialmente el pasado mes de mayo.
Entre los puntos que denuncian han señalado la "amortización encubierta de plazas", donde el consistorio habría eliminado "nueve plazas vacantes", ocho de personal laboral fijo y una de funcionario.
Al mismo tiempo, han indicado que se han creado "puestos sin criterio". "Se crean cinco plazas nuevas (tres de funcionario y dos de laboral) sin disponer de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada y actualizada que ordene técnicamente los recursos.
Los sindicatos han expuesto además presuntas "subidas de sueldo a dedo", en el que se impondrían "modificaciones retributivas unilaterales en los complementos de destino y específicos, elevando los niveles de los funcionarios habilitados nacionales del nivel 28 al 30 sin aplicar criterios objetivos ni negociación previa".
"Una tasa de vacantes cercana al 50%"
Los sindicatos han advertido de que el consistorio arrastra "una tasa de vacantes estructurales cercana al 50% debido a la nula ejecución de las Ofertas de Empleo Público (OEP) de años anteriores". Así, han advertido de que esta falta de personal técnico afecta directamente a áreas neurálgicas como la Oficina Técnica, Servicios Sociales, Recursos Humanos y el SAC de Playa Blanca.
En este sentido, han indicado que la situación es "especialmente crítica" en los servicios operativos y de seguridad ciudadana. Por ejemplo, en la Policía Local, donde se mantienen vacantes dieciocho plazas esenciales (un subinspector, siete oficiales y diez policías).
● Servicios Mínimos: El Parque Móvil carece de fontaneros, electricistas, operarios de mantenimiento y personal de limpieza viaria.
● Espacios Protegidos: Faltan controladores para el Monumento Natural de los Ajaches y el Parque Nacional de Timanfaya.
Privatización y externalización de Servicios Públicos
Para las fuerzas sindicales, este "estrangulamiento intencionado" del personal público responde a "una estrategia política clara". Los sindicatos han asegurado que el Ayuntamiento está "desviando de forma masiva los fondos públicos" hacia el Capítulo 2 (Gastos en bienes corrientes y servicios) para presuntamente "privatizar y externalizar de forma encubierta los servicios municipales esenciales", incurriendo en un presunto fraude de ley al "sustituir empleo público por contratas privadas".
Finalmente los sindicatos han solicitado formalmente al Pleno paralizar la aprobación definitiva del presupuesto. Además, han exigido convocar de urgencia la Mesa General de Negociación, reactivar los miércoles alternos pactados para el Convenio Laboral, constituir de inmediato la Mesa de Funcionarios, cubrir las 18 plazas de la Policía Local y "detener las privatizaciones".