La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha acusado a alcaldesa de Haría, María Evelia García Fuentes, de vulnerar los derechos de la Policía Local del municipio. El sindicato ha denunciado públicamente a la dirigente de la Plataforma del Municipio de Haría (PMH) por "volver a los trabajadores a tiempos pasados, donde la dictadura franquista gobernaba en España". Además, ha confirmado este martes en Radio Lanzarote-Onda Cero que se dirigirán al Juzgado de lo Contencioso Administrativo "de manera inmediata" para esclarecer la situación.
CSIF señala a la alcaldesa por su "incapacidad en la gestión" del área de Recursos Humanos. "Se evidencia en los reiterados requerimientos que hace la empresa contratada para la elaboración de los puestos de trabajo".
Ante la falta de acuerdo para regular el teletrabajo, la falta de efectivos policiales o las plazas vacantes, Evelia García decidió decretar la prestación "de servicios obligatorios" a todos los miembros de la policía local, según afirma CSIF.
En la misma nota, el sindicato señala que el decreto emitido por la alcaldía el pasado 10 de marzo fue notificado al jefe de la policía a las 14.00 y surtió efecto a las 17.00 horas del mismo día. "Se notificó de ahora para después", dijo el secretario de Administración Local de Las Palmas, Javier Abad Ojeda, durante el matinal Buenos días, Lanzarote.
En este sentido, apuntó también que la falta de previsión dejó en una "situación de indefensión" a los empleados afectados, que no tuvieron tiempo de defenderse. De un total de 11 efectivos, el municipio solo cuenta con ocho en activo. De acuerdo con Ojeda, hay tres plazas esperando a ser cubiertas desde 2021.
En este punto se incluyen jornadas de tramos nocturnos, con doce horas consecutivas, en los horarios de 17.00 a 05.00 horas para cubrir los eventos del carnaval de Haría, celebrado entre el 10 y el 12 de marzo.
"Sin posibilidad de que los agentes puedan conciliar su vida familiar y personal con el tiempo suficiente para reorganizar sus planes familiares", recalcó en un comunicado firmado por el secretario de Administración Local de Las Palmas, Javier Abad Ojeda. "El decreto se realiza sin ninguna argumentación jurídica, sin ninguna motivación", destacó Ojeda.
En el mismo decreto, el Ayuntamiento habría obligado al personal en libranza su reincorporación durante los citados días, incluidos los que se encuentren de vacaciones o los que puedan acreditar que están fuera de la isla o de baja médica. "Deben incorporarse incluso todos aquellos que no estén dentro de la citada excepción, como pueden ser de permiso por enfermedad grave de un familiar".
Del mismo modo, estas reincorporaciones no habrían sido contabilizadas como un servicio extraordinario y no tendrían derecho a ningún tipo de retribución.
Para finalizar, el sindicato mostró su preocupación y rechazo "a que en pleno siglo XXI existan alcaldes y alcaldesas que consideren el municipio su feudo particular y a sus empleados públicos como instrumentos sin derechos".
