El sindicato STEC-IC exige la dimisión del consejero de Educación, Hipólito Suárez, y del director general de Infraestructuras y Equipamientos, Iván González Carro, ante una situación que considera "incompatible con la seguridad, la salud y la dignidad que deben garantizarse en los centros educativos". Ha acudido además ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que investigue el cumplimiento de las obligaciones preventivas de la Administración ante las altas temperaturas.
Será la autoridad competente quien determine las posibles responsabilidades legales. Pero las responsabilidades políticas las exige STEC-IC.
"Cuatro años son suficientes", resalta el sindicato, que añade que lleva años denunciando el estado de las infraestructuras educativas de Canarias. "Ya no hablamos de una incidencia aislada, de una ola de calor excepcional, ni de un centro concreto", continúa.
"Hablamos de goteras, humedades, aulas inutilizadas, instalaciones eléctricas obsoletas, paredes agrietadas, amianto, barracones, sistemas contra incendios inoperativos, falta de espacios de sombra, centros sin adaptar a las altas temperaturas y obras que interfieren con la actividad lectiva", señalan. "Y hablamos, sobre todo, de personas".
Acudir a clase sin deficiencias
El sindicato señala que el alumnado tiene derecho a acudir a clase sin que las deficiencias de su centro comprometan su seguridad, su salud o su bienestar. Así, incide en que el alumnado con mayores necesidades de apoyo "no puede ser condenado a estudiar en instalaciones deficientes". Mientras que los trabajadores "tienen derecho a desarrollar su actividad en condiciones seguras y saludables".
El STEC-IC recuerda que ya denunció públicamente que determinadas infraestructuras educativas presentan "condiciones que ponen en riesgo la integridad física de docentes y alumnado". También denunció situaciones de emergencia en varios Centros de Educación Especial, con barracones, tuberías con amianto, paredes agrietadas y sistemas antiincendios inoperativos. "Y, como si de una norma se tratara, goteras, humedad, polvo, aulas inutilizadas y, recientemente, el calor", añade.
"Llevamos años escuchando hablar de protocolos, planes y futuras actuaciones mientras miles de docentes y estudiantes continúan expuestos a temperaturas que pueden provocar mareos, deshidratación y golpes de calor", insiste el comunicado.
La respuesta vuelve a ser lo que tendría que ser una excepcionalidad: reducir actividad, suspender la presencialidad y mandar a alumnado y profesorado a casa.
"Cerrar un centro no climatiza un aula, un protocolo no elimina el amianto, un plan no repara una gotera, un anuncio no arregla una instalación eléctrica y mandar al alumnado a casa no sustituye a la prevención", resalta el sindicato.
Responsabilizar "eternamente a lo heredado"
Después de cuatro años, el sindicato concluye que el Gobierno de Canarias no se puede escudar en "responsabilizar permanentemente a lo heredado", ni tampoco presentar un nuevo protocolo cada vez que la realidad demuestra que el anterior no basta. "Quien asume la gestión de las infraestructuras educativas asume también la responsabilidad de planificar, prevenir, ejecutar y rendir cuentas", expone.
"Cuatro años son tiempo más que suficiente para juzgar políticamente los resultados de esa gestión", añaden. En este sentido, el sindicato considera "agotado el tiempo concedido a quienes tienen la responsabilidad política de solucionarlos". "No vamos a esperar a que ocurra algo grave para exigir lo que debería haberse garantizado antes: prevención, seguridad y unas infraestructuras educativas dignas".
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