Los paralelismos entre la pieza 13 del caso Unión y otras causas de corrupción en la isla fueron constantes durante todo el juicio, y también se repitieron en la última jornada, celebrada el pasado viernes. En sus conclusiones, al hablar del papel que jugó como cargo público el ex concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez, el fiscal afirmó que "cada vez son más frecuentes" las causas de corrupción en las que se ve al político "parapetándose" en los técnicos para "eludir su responsabilidad" en posibles delitos de prevaricación.
"Cuando se acredita que el cargo público ha buscado y elegido a los técnicos que hagan esos informes, el parapeto ya no debe funcionar", advirtió Ignacio Stampa, que representa también al Ministerio Fiscal en el caso Stratvs, en el caso Yate y en el caso Montecarlo. Respecto a los 250.000 euros abonados a Proselan por trabajos presuntamente no realizados, la Fiscalía considera que lo que se hizo fue aportar "meros documentos contables" para "vestir al santo" y autorizar esos pagos, pese a las carencias que tenía el expediente.
"Todo aquello era un tongo y un pufo", señaló Stampa, tras advertir de que aunque se intente "vestir al santo" con determinadas firmas, eso no "tapa la responsabilidad" del cargo público. Al respecto, subrayó la importancia de que sea precisamente Rodríguez el único acusado que ha confesado los hechos, ya que sin su participación no podrían haberse abonado esas facturas.
"Todos se confabularon"
"Todos se confabularon para llevar a cabo estos actos fraudulentos", señaló por su parte el abogado del Ayuntamiento, que está personado en la causa como acusación particular. En sus conclusiones, el abogado Orlando Betancort coincidió con la Fiscalía al señalar que el interventor, Carlos Sáenz, "es una de las piezas fundamentales en esto". Entre otras cosas, el letrado insistió en que no se trataba de un contrato menor, como sostienen las defensas, y subrayó que aunque lo fuera, Sáenz también debería haber realizado una fiscalización de esos pagos.
Además de poner de relieve los distintos hechos confirmados por los testigos, por los informes y por los peritos de la acusación, el abogado del Ayuntamiento señaló incluso que el Consistorio ni siquiera habría podido contratar los servicios de José Daniel Hernández. Y es que tal como reconoció él mismo durante el juicio, el empresario tenía deudas con la administración, concretamente con Hacienda, lo que le impedía trabajar para una institución pública.
En cuanto a la facturación que cargó al Ayuntamiento, el letrado del Consistorio la calificó como "indebida, desorbitada y realmente vergonzosa". Al respecto, subrayó que los trabajos hubieran tenido un coste de entre 1.000 y 2.000 euros, según los testigos del Ayuntamiento, pero además considera acreditado que no se realizaron. Y es que en algunos barrios no eran necesarios y en otros, corrían a cargo de los propios trabajadores del Consistorio, según los informes y las declaraciones que se aportaron durante el juicio.
"No se ha acreditado vinculación alguna entre ellos"
Por su parte, los abogados de tres de los acusados insistieron en que "no se ha acreditado nada" durante el juicio. En particular hicieron hincapié en que "no se han presentado pruebas" de que existiera un "concierto" o una "confabulación" entre los cuatro acusados, ni que se pusieran de acuerdo para malversar fondos públicos. "No se ha acreditado vinculación alguna entre ellos", sostuvo la abogada del interventor.
Además, los tres coincidieron en intentar desacreditar la confesión de José Miguel Rodríguez, que reconoció que firmó esas facturas pese a que los trabajos no se habían realizado y afirmó que era un "modus operandi" habitual en el Ayuntamiento, también con otros pagos fraudulentos, en los que "siempre tenía que estar" el interventor. "Su declaración no pasó de una mera generalidad", alegó el abogado de Arrocha, que considera que el ex concejal no aportó datos concretos para probar que el servicio no se prestara. "Una sospecha no se puede corroborar", afirmó.
