El consejero de Obras Públicas del Cabildo insular de Lanzarote, Sergio Machín, mantiene la querella contra el consejero de Alternativa Ciudadana 25 de Mayo (AC-25M), Pedro Hernández, como consecuencia de una pregunta formulada por el edil progresista a Machín en el pleno de la Primera Institución insular celebrado el pasado 30 de septiembre en relación a unas acusaciones contra la Consejería dirigida por el insularista realizadas por un ciudadano de Femés en Radio Lanzarote.
En aquel entonces, Victor Julián Cáceres, vecino de la citada población del municipio de Yaiza, acusó a los técnicos del Cabildo de cobrar comisiones por las concesiones de obras de carreteras en la Isla. Concretamente, se refería Cáceres a las obras de acondicionamiento y ensanchamiento de plataforma, así como la habilitación de medidas de seguridad, en el tramo viario que une Uga y Playa Blanca a través de Femés, trazado que forma parte del eje central viario de la Isla.
Acusaciones "muy graves"
Este viernes se celebró en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Arrecife la conciliación para determinar si finalmente tiene lugar o no un juicio. A la salida del Juzgado, el consejero de Obras Públicas señaló a los periodistas que las acusaciones de Hernández son muy graves, además de injustificadas, porque el cobro de comisiones para la concesión de obras podría constituir un delito de cohecho, a pesar de que en palabras de Cáceres quiénes cobran las comisiones son los técnicos y no el dirigente del Área del Cabildo responsable de las obras.
Por su parte, el acusado, Pedro Hernández, declaró al término de la conciliación que en el transcurso de la vista "hemos aportado la grabación del pleno celebrado en septiembre y el acta aprobada en el último pleno. En este sentido, hemos dicho que los términos de la demanda presentada por Machín no se corresponden con la realidad", ya que únicamente se formuló una pregunta al consejero, sin acusarlo en ningún momento de ser el autor de cobrar las comisiones.
Acusaciones de cohecho
LA VOZ ha tenido acceso al texto de la demanda formulada por el abogado de Machín, de la que se desprende que "las declaraciones de Victor Julián Cáceres acusan únicamente de un delito de cohecho - en concreto de quedarse con el 5 por ciento de comisión en la adjudicación de los contratos de obras públicas - a los técnicos del Cabildo y nunca a Don Sergio Machín".
Y en este sentido, lo que en principio pretendía el demandante es que durante el acto de conciliación celebrado ayer "el demandado se avenga a reconocer los hechos expresados" por Machín, "reconociendo bien que cuando formuló la pregunta estaba confundido, buen que se retracte de las acusaciones e insinuaciones vertidas" contra el consejero de Obras Públicas.
En relación al hecho de que el propio Machín reconoce a través de la demanda la posibilidad de que los técnicos incurrieran en un delito de cohecho, señaló Pedro Hernández a la salida del Juzgado que "llama la atención" que a sabiendas de la posibilidad de que se haya cometido un delito "Machín, como responsable jerárquico del Área, no haya iniciado un procedimiento de investigación para depurar las responsabilidades si las hubiera".
Una pregunta, no una acusación
Además, declaró el consejero de Alternativa Ciudadana que "Machín quiere, jugando con mucho dinero, acallar nuestro papel constitucional en las instituciones públicas, formulando preguntas al Gobierno. Y el castellano es muy claro, hemos formulado una pregunta y en ningún caso una acusación".
Como desveló Hernández, en la mañana de ayer, AC planteó al consejero de Régimen Interior del Cabildo "que la Primera Institución tiene la obligación" de defender al demandado, "porque es un acto público contra un derecho constitucional". En este sentido, recordó el consejero de Alternativa que existe "una sentencia del Tribunal Supremo del año 2002" en la que se da razón a la argumentación de Hernández.
"Lo que no puede ser es estar sometido a que este tipo de gente poderosa está interponiendo querellas por los actos que tienen que ver con la responsabilidad pública de la oposición de preguntar, controlar y fiscalizar la gestión del Gobierno".
