Sancionan con más de 4.000 euros al conductor del "taxi pirata" pillado en Lanzarote

La Consejería de Transportes tiene varios expedientes abiertos y advierte de las graves sanciones económicas para los conductores que ofrecen transporte ilegal, además de alertar a la ciudadanía de los riesgos de seguridad

Fachada del Cabildo de Lanzarote
Fachada del Cabildo de Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote ha anunciado este jueves que está tramitando una sanción de más de 4.000 euros contra un conductor detenido por transporte ilegal de pasajeros en Arrecife este pasado lunes.

Fueron los agentes de la Policía Local de Arrecife quienes lograron identificar y dar el alto al “taxi pirata” cuando circulaba de madrugada por una zona céntrica de la ciudad. Los agentes observaron el nerviosismo en el conductor, residente en Arrecife.

En la parte trasera del vehículo, un Citroën C3, iban cuatro personas – tres sentadas y otra de rodillas, al no tener carecer de más plazas- . En la parte delantera, además del conductor, se hallaba otro ocupante.

Los viajeros declararon “que se encontraban esperando un taxi y que se les acercó ese conductor con su vehículo, y se les ofreció llevarlos a todos a donde quería y les cobraba lo mismo o algo menos que si fueran en taxi”. Tras ello, el conductor reconoció que era cierto y confesó que lo había hecho más veces.

 

Protección de residentes y turistas

La Institución insular hace un llamado directo tanto a los residentes de la isla como a los turistas para que desestimen por completo el uso de estos servicios ilegales y utilicen los medios de transporte autorizados.

Al respecto, el consejero del área de Transportes y Movilidad, Miguel Ángel Jiménez, subrayó el peligro real que asumen los usuarios al subirse a estos coches. “Queremos denunciar claramente que estos vehículos carecen de cualquier aval técnico o de seguridad, recordando que ni garantizan el estado del coche, ni pasan las inspecciones específicas para el transporte de personas; mientras que la habilidad de sus conductores no tiene validación alguna. Además, los usuarios quedan expuestos a fraudes en el cobro y carecen de las coberturas de seguros obligatorias para pasajeros, garantías que sí ofrece el sector oficial”, apuntó.

Jiménez felicitó a los agentes por su labor y destacó que “este operativo conjunto marca el inicio de una línea de trabajo coordinada y contundente: vamos a reforzar y multiplicar de forma progresiva las inspecciones para detectar y apartar de las carreteras a cualquier vehículo que ofrezca servicios como medio de transporte sin la autorización reglamentaria”.

El presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort, ha expresado taxativamente su "firme compromiso" para erradicar las prácticas ilícitas en el transporte insular. “No vamos a permitir que el intrusismo ponga en riesgo la seguridad de nuestros residentes y turistas, ni que se dañe el sustento de las familias que cumplen estrictamente con la legalidad", afirmó. También aseguró que “la máxima institución de la isla actuará con total contundencia y de forma coordinada con las fuerzas de seguridad para sacar de las carreteras a quienes operan al margen de la ley”.

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa está reforzando el control sobre la actividad de ciertos vehículos que operan de manera ilegal en la isla. Estas actuaciones se centran de forma específica en combatir a los conductores no autorizados y también a los denominados “taxis pirata”, que de forma clandestina proceden a recoger pasajeros en la vía pública o conciertan de forma ilícita servicios de transporte a través de aplicaciones móviles no oficiales y de mensajería instantánea como WhatsApp.

 

Fuertes sanciones para frenar la competencia ilegal

Además, desde el Servicio de Inspección del Cabildo se recuerda a los infractores que, de acuerdo con la normativa canaria de transportes, este tipo de actuaciones por intrusismo se sancionan con multas de entre 4.001 y 6.000 euros, además de proceder a la inmovilización del vehículo de forma inmediata. Estas sanciones se tramitan de forma independiente a las reclamaciones por responsabilidad civil subsidiaria o penal que pudieran derivarse en caso de producirse un accidente de tráfico.

Por último, la Institución insular insiste en denunciar la flagrante competencia desleal que este tipo de transporte clandestino ejerce sobre el sector del taxi regulado. Esta actividad ilícita atenta directamente contra la economía local de la isla, pero sobre todo representa un grave e inaceptable agravio comparativo para aquellos profesionales legítimos que, cada día, afrontan duras y extensas jornadas al volante, autónomos y asalariados que cumplen de forma rigurosa y puntual con todas sus obligaciones fiscales, los correspondientes seguros específicos de responsabilidad civil, y las constantes revisiones técnicas y de licencias que exige la ley.