"Lo que nos trae a juicio es si la decisión que yo adopté en su momento fue arbitraria o fue a sabiendas de su injusticia, cosa que espero, eso ya lo decidirá el juez, haber demostrado que no". Ése es uno de los mensajes que ha dejado este viernes el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, tras prestar declaración en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, por presuntos delitos en la incautación de la desaladora de Montaña Roja.
El presidente ha llegado a los Juzgados poco antes de las 10 de la mañana y ha salido casi cuatro horas después. Según ha explicado él mismo, un "problema informático" ha obligado a repetir desde el principio su declaración, porque al parecer no se había grabado. Además, el propio San Ginés ha confirmado que se ha negado a responder a las preguntas del abogado de Club Lanzarote, que fue quien presentó la querella, y también de la acusación popular, representada por Podemos.
"Venir a un juzgado a declarar, sobre todo cuando es la primera vez en tu vida que lo haces, como querellado, nunca es plato de buen gusto, no lo voy a negar", ha reconocido San Ginés a la salida. Sin embargo, ha agregado que está "muy tranquilo" "Tengo mi conciencia plenamente tranquila y soy plenamente consciente de que si en algo nos equivocamos, que seguimos creyendo que no, desde luego, no fue en ningún momento a sabiendas de la injusticia ni muchísimo menos con arbitrariedad, que es lo que aquí se juzga", ha insistido.
Según él, en esta causa penal "no se está juzgando si el procedimiento fue correcto o no". Sin embargo, es precisamente eso lo que se investiga, dado que la incautación fue ordenada y ejecutada, entre otras cosas, sin contar con una autorización judicial. De hecho, eso fue lo que motivó la querella de Club Lanzarote y lo que, entre otras presuntas irregularidades, llevó a la Audiencia Provincial a ordenar que se tramitara esta querella.
"Mi situación entiendo que es la misma que cuando he entrado"
Respecto a su situación judicial tras prestar declaración, San Ginés ha afirmado desconocerla. "Yo entiendo que es la misma que cuando he entrado. Me están tomando declaraciones y ahora es el juez el que determinará, no sé en qué tiempo, porque yo de esto entiendo bien poco, dar curso o no a esta querella", ha señalado al respecto.
El presidente ha recordado que esta querella fue "rechazada en su día, todo hay que recordarlo, por este mismo Juzgado y por esta misma Fiscalía, pero la Audiencia Provincial parece haber encontrado razones para la revisión y es lo que está haciendo el juez". Se refería así al auto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial que dio la razón a Club Lanzarote y ordenó tramitar la querella, al apreciar "presuntos delitos", así como "indicios evidentes de una injusticia y de la utilización espuria de una medida cautelar".
"He contado lo que he contado a la opinión pública: que la motivación de la incautación fundamentalmente ha sido garantizar de abasto de agua a los más de 6.000 vecinos y a la industria turística de un plan parcial, que venía recibiendo ese agua sin título habilitante, sin concesión para hacerlo. Esto es algo que no discute nadie, debemos no perderlo nunca de vista. Además, lo he hecho compelido por múltiples requerimientos desde hace años, 6 en concreto, del Diputado del Común, como de la propia Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias denunciando esa actividad ilegal que, insisto, nadie discute", ha alegado San Ginés ante los medios.
La idea de la incautación partió... "del sentido común"
Además, el presidente ha vuelto a asegurar públicamente que adoptó esa decisión de incautar la desaladora "atendiendo en todo momento a informes técnicos y jurídicos". Sin embargo, en el expediente no consta ningún informe jurídico previo. El único que aparece fue encargado después de haber ejecutado la incautación, y quien lo elaboró fue el abogado externo Ignacio Calatayud a petición de San Ginés. En ese informe, que fue asumido también por el secretario, Pancho Perdomo, el letrado apuntaba además que antes de que se adoptara la medida, San Ginés le había consultado "verbalmente".
"Hay informes técnicos y jurídicos que avalan todas las decisiones que he adoptado", ha señalado cuando se le han pedido más detalles sobre el tema, ya que el presidente nunca ha dicho públicamente quién elaboró esos supuestos informes. "De técnicos y funcionarios del Consejo y del Cabildo. Antes y después. Verbales y escritos. Los que eran preceptivos", ha afirmado en su última respuesta a los medios a las puertas de los Juzgados.
Además, tampoco ha aclarado de quién partió la idea o quién propuso en primera instancia la incautación (que según la sentencia el TSJC anulando esta medida, no figura entre las competencias del Consejo Insular de Aguas). "Del sentido común", ha respondido San Ginés. "Compartida, compartida por todos", ha agregado después, cuando se le ha preguntado si fue el secretario quien planteó esa posibilidad.
"No necesitamos esa planta"
Por último, aunque San Ginés ha defendido que consideran que la desaladora y la depuradora de Club Lanzarote eran "bienes de dominio público" (en eso entre otras cosas justifican la medida que adoptaron), ha dicho al mismo tiempo que espera que "más pronto que tarde" puedan "concluir las obras para abastecer con recursos propios del Consorcio a esos 6.000 vecinos" de Montaña Roja. "No necesitamos esa planta ni la queremos en realidad, en principio. Por eso es una solución transitoria", ha afirmado.
Al respecto, cabe recordar que Club Lanzarote defiende que esas instalaciones eran propiedad privada de la empresa y que precisamente se autorizaron en su momento porque la red pública de agua no llegaba hasta ese plan parcial. Por eso, la empresa sostenía en su querella que si lo que se pretendía era "acabar con la distribución privada" de agua y asumir personalmente el servicio, la administración tenía "dos opciones". Una, "acometer una inversión en plantas potabilizadoras y red de distribución propias". La otra, "iniciar procedimiento de expropiación de las instalaciones de Club Lanzarote, previa declaración legal de la utilidad pública de su medida, con los trámites oportunos, incluida la audiencia al interesado y, desde luego, con pago de un justiprecio".
