La Comisión que debe crear el Cabildo para investigar la adjudicación del agua en Lanzarote a Canal de Isabel II ha vuelto a sufrir un nuevo retraso. La primera sesión debía celebrarse este miércoles, tras haberse aplazado ya otra convocatoria anterior, pero a última hora el presidente, Pedro San Ginés, ha comunicado que la reunión volvía a suspenderse. Así, cinco meses después de que el Pleno aprobara una moción de la oposición para crear esta comisión, su puesta en marcha se seguirá dilatando.
"No va a comenzar hoy", ha confirmado San Ginés durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles para hablar del auto que ordena la apertura de juicio oral contra él por la causa de la desaladora de Montaña Roja, que precisamente fue incautada a Club Lanzarote para entregársela a Canal Gestión.
Para explicar este nuevo retraso, el presidente se ha remitido a un informe que encargó a "los servicios jurídicos de la institución". Según San Ginés, ese informe concluye que el acuerdo plenario por el que se aprobó crear esta comisión de investigación "adolece de incorporar el reglamento" por el que deberá regirse. Por eso, casi medio año después de que el Pleno adoptara ese acuerdo, el presidente afirma que hubo un "error" que hay que subsanar. "Se hará en el próximo Pleno", ha anunciado, adelantando así que habrá que esperar otro mes solo para volver a aprobar la creación de esta comisión.
Una "propuesta" de reglamento "ya elaborada"
"Debe tener un objetivo, una temporalidad", ha señalado San Ginés, reiterando que es necesario "un reglamento de funcionamiento que no se aprobó" y que por eso es se debe "subsanar" el acuerdo. Además, aunque hasta este miércoles no había dado cuenta de ese informe a la oposición, ha afirmado que ya tienen "elaborada" la "propuesta de normas de funcionamiento de esa comisión", que es la que afirma que ahora se llevará a Pleno.
En su comparecencia, San Ginés no ha precisado la fecha de ese dictamen, aunque hace solo unas semanas suspendió otra convocatoria para conformar la comisión alegando precisamente que aún no contaba con un informe jurídico.
Esa primera reunión estaba prevista el 17 de octubre, pero el presidente alegó entonces que había pedido un informe "que hasta la fecha no está emitido", apuntando que el motivo era que el titular de la Asesoría Jurídica se encontraba de "baja por enfermedad". En ese momento, hacía ya cuatro meses y medio desde que se había aprobado crear la comisión de investigación y el único paso que se había dado era dirigir un escrito a todos los grupos políticos para que designaran a su representante en este órgano.
"Sorprendentes alteraciones" en el pliego "en beneficio de Canal
La creación de esta comisión de investigación fue solicitada por toda la oposición el pasado mes de junio, después de que La Voz de Lanzarote desvelara una sentencia del TSJC que fue ocultada durante seis meses por Pedro San Ginés. Esa sentencia, que el presidente tachó entonces de "intrascendente", ordenó revisar el procedimiento por el que se adjudicó el ciclo del agua, al considerar acreditado que se produjeron "sorprendentes alteraciones" en el procedimiento de adjudicación "en beneficio" de Canal, que a su vez está inmersa en causas de corrupción en Madrid por presuntos delitos de malversación y cohecho.
Tras conocer ese fallo judicial, tanto los grupos de la oposición como los propios socios de gobierno de San Ginés exigieron explicaciones al presidente y pidieron que se creara una comisión de investigación en el Cabildo, con una moción a la que incluso CC terminó dando su voto favorable, pero que todavía no ha comenzado a funcionar.
El TSJC concluyó "con claridad cegadora" que se alteraron los pliegos
La adjudicación del ciclo del agua de Lanzarote a Canal de Isabel II no se hizo con un concurso público sino a través de un procedimiento negociado, después de que quedara desierta la licitación que se había convocado. En esos casos, la ley permite acudir a un negociado, pero siempre que no haya "modificaciones sustanciales" con respecto al pliego que rigió el concurso declarado desierto. Sin embargo, en este caso, la sentencia del TSJC señalaba que, "con claridad cegadora", se puede concluir que sí existieron "alteraciones".
"Es incuestionable que el Consorcio terminó por efectuar una modificación sustancial de las condiciones rectoras del procedimiento de adjudicación del contrato, hasta el punto que el efectivamente celebrado es radicalmente distinto al que fue objeto de la licitación inicial", concluía la sentencia. Respecto a esas condiciones que se modificaron "sustancialmente", hacía expresa referencia a una de ellas, a modo de "ejemplo", aunque apuntaba que hay más.
Concretamente, subrayaba que entre las condiciones iniciales del contrato "estaba la de que el canon -que ascendía a la cantidad de 50 millones de euros- debía abonarse con anterioridad a la formalización del negocio jurídico, mientras que en el contrato finalmente suscrito se permite al adjudicatario abonar sólo 15 millones de euros de entrada; 8 millones de euros el segundo año; 8 millones de euros el tercer año; 9 millones el cuarto año y 10 millones el quinto año".
Otra de esas modificaciones -que implicó una rebaja en los cánones que debía pagar la empresa a cambio de un supuesto aumento de las inversiones, con obras que serían adjudicadas y ejecutadas directamente por Canal-, fue denunciada por Podemos, que cifró en 50 millones de euros las pérdidas que eso supuso para la isla. "Le estamos diciendo que lo que nos vendió como un gran logro era una estafa. Que el supuesto aumento de inversiones que ofreció Canal tenía trampa, y se lo estamos demostrando con números. Esto requiere una explicación", reclamó el portavoz de Podemos, Carlos Meca, en el mismo Pleno en el que se aprobó crear la comisión de investigación.
