Horas después de conocerse la nueva investigación judicial sobre Pedro San Ginés e Ignacio Calatayud, por la contratación de este letrado como asesor en la incautación de la desaladora de Montaña Roja, el presidente ha enviado un comunicado arremetiendo contra otro abogado y haciendo pública la cifra que cobró hace diez años de una empresa privada.
Ésta no es la primera vez que San Ginés carga contra el letrado Agustín Domingo Acosta, que es el mismo que ganó todos los recursos interpuestos en su día por distintos presidentes del Cabildo contra las licencias ilegales otorgadas por el Ayuntamiento de Yaiza. Y casi siempre, esos ataques del presidente se han producido después de conocerse alguna noticia o alguna información judicial como la publicada este jueves, que afecta directamente a San Ginés y a Calatayud.
En esta ocasión, lo que en realidad refleja la información que ha hecho pública el presidente es que Agustín Domingo Acosta "facturó" al Cabildo seis veces menos de lo que cobró por esos procedimientos a una empresa privada, Yudaya, cuando esa sociedad tuvo que correr con las costas procesales. En cualquier caso, cabe destacar que la cantidad que había abonado el Cabildo, y a la que hace referencia San Ginés, correspondía a una "provisión de fondos" y no a los honorarios totales, que se liquidan una vez terminado el pleito. En este caso, el Cabildo había emprendido hasta tres procedimientos distintos por las licencias que el Ayuntamiento concedió a Yudaya: el procedimiento principal, es decir, el recurso contra la licencia, el procedimiento de medidas cautelares y el recurso de casación.
Un convenio que puso fin a seis años de pleitos
Seis años después de que se iniciaran esos procedimientos, el Cabildo firmó un convenio con la empresa, por el que se acordó retirar los pleitos. A cambio, Yudaya se comprometió a aplazar la construcción del hotel (que ni siquiera había llegado a ejecutarse) hasta después del año 2010 y a reducir el número de plazas en otro complejo de apartamentos. Además, se incluyó una cláusula por la que la empresa debía correr con las costas procesales que se habían generado hasta ese momento. Es decir, que no sería el Cabildo quien pagaría al abogado y a los procuradores por los tres procedimientos que llevaban seis años abiertos, sino Yudaya.
Tras ese acuerdo, el letrado devolvió a la Corporación los 16.900 euros que ya le habían entregado en concepto de provisión de fondos y giró una nueva factura, esta vez directamente a la empresa, por el importe establecido en los criterios de honorarios profesionales del Consejo Canario de Colegios de Abogados. Y el importe de esa factura es lo que ahora ha hecho público San Ginés, afirmando que ascendió a 101.340 euros. Sin embargo, aunque el presidente lo omite, en esa cantidad se incluían no solo los honorarios del letrado, sino también los de los distintos procuradores que intervinieron en los tres procedimientos.
Cabe destacar además que para fijar las costas procesales (en especial cuando tiene que correr con el gasto la parte contraria), el importe se fija aplicando los criterios orientadores de honorarios profesionales establecidos precisamente para eso por los colegios de abogados, incluyendo un porcentaje de la cuantía total del proyecto de obra. En este caso, esa cuantía estaba fijada en 15 millones de euros, que era el presupuesto de la obra del hotel en cuestión.
Omisiones y tergiversaciones en el comunicado de San Ginés
Alejándose de la realidad, el presidente afirma en el título de su comunicado que Agustín Domingo Acosta facturó esa cantidad "para que el Cabildo de Lanzarote retirase un contencioso administrativo a Yudaya". Sin embargo, lo cierto es que lo que cobró el letrado correspondía precisamente al trabajo que realizó durante seis años en esos tres procedimientos judiciales, de los que después la Corporación decidió retirarse.
Cabe recordar además que el convenio con Yudaya se firmó bajo la Presidencia de Inés Rojas, de Coalición Canaria, y con Pedro San Ginés como miembro del grupo de gobierno. Sin embargo, en su comunicado, San Ginés solo subraya que el convenio fue "firmado y negociado bajo la dirección política" del que entonces era consejero de Política Territorial, Carlos Espino. Y el presidente tampoco hace referencia a que él mismo, el año pasado, renovó ese convenio, tal y como recoge la propia web del Cabildo de Lanzarote.
Además, San Ginés sostiene que de todas las licencias recurridas por el Cabildo, solo se retiró el pleito contra Yudaya, aunque la realidad es que se retiraron dos pleitos más un año antes que ése: uno contra la licencia de un hotel en Puerto Calero y otro respecto a la licencia de un hotel en Cortijo Viejo, en este caso bajo la presidencia de Mario Pérez, también de CC.
En cuanto al convenio de Yudaya, Pedro San Ginés había alabado incluso públicamente ese acuerdo. Sin embargo, hace dos meses llevó a Pleno una moción instando a que fuera revisado. Entonces anunció que pediría un informe, aunque lo único que ha hecho público hasta ahora, concretamente este jueves, y coincidiendo con la noticia de la nueva investigación judicial abierta sobre él, son los honorarios que cobró Agustín Domingo Acosta.
Además, vuelve a anunciar que pedirá otro informe "a los servicios jurídicos del Cabildo de Lanzarote para que informen de si ha habido una posible desviación de pagos", aunque paralelamente también dice que ya dispone de "informes" sobre este tema, citando entre comillas una frase que se incluía en un informe elaborado hace meses por el director insular de Política Territorial, Miguel Ángel Santana, que es un cargo de designación política y no un funcionario de la Corporación. En cualquier caso, el propio informe de Santana concluía que era "adecuada" la cláusula del convenio que establecía que Yudaya corriera con los gastos de la defensa del Cabildo.
