El presidente del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas, Pedro San Ginés, remitió un escrito el pasado 12 de mayo a la Consejería de Aguas del Gobierno de Canarias planteando las "medidas" que tenía previsto adoptar para garantizar el abastecimiento de agua a los vecinos de Montaña Roja, en caso de que el Ejecutivo regional accediera a su petición de ordenar la clausura de la desaladora. Sin embargo, durante su comparecencia en el Pleno de este martes, San Ginés se negó a explicar cuáles eran las medidas que planteaba en ese escrito, y que daban respuesta a la exigencia de la Consejería de no cerrar la planta sin garantizar el suministro.
"Por lo menos podría ilustrarnos y confesar qué medidas son ésas", reclamó el portavoz de Podemos, Carlos Meca, que hasta en tres ocasiones trasladó la misma pregunta al presidente. Pero las tres veces, San Ginés optó por guardar silencio y continuar con el Pleno dando la palabra a otro consejero. "Cuéntenos qué trasladó a la Consejería. ¡Cuéntenoslo, hombre, sea valiente!", volvió a reclamar sin éxito Meca.
"Podríamos clausurar mañana, pero no lo voy a hacer si no me lo ordena un juez", afirmó San Ginés en otro momento de su comparecencia, solicitada por la oposición para que diera explicaciones tras los "varapalos judiciales" que ha sufrido la institución frente a Club Lanzarote. En esa comparecencia, el presidente hizo constantes referencias a dos resoluciones del Gobierno de Canarias de las últimas semanas, aprobando sanciones a esa empresa y ordenando la clausura de la desaladora, pero siempre que se garantice el suministro a los vecinos. Esas resoluciones se dictaron a instancias de San Ginés, que tras ver anulada la incautación de la planta y ser imputado por prevaricación y coacciones por adoptar esa medida, revocó el permiso que tenía la empresa para producir agua y le abrió dos nuevos expedientes, que han terminado con esas resoluciones del Ejecutivo regional.
Decisiones "en los próximos días"
Desde que dio a conocer el contenido de esas órdenes del Gobierno canario, San Ginés ha reiterado que ahora hará "las consultas que sea menester" para ver cómo llevar a cabo esa medida, tanto al propio Ejecutivo regional como "al juzgado". Sin embargo, la resolución de la Consejería de Aguas deja claro que el presidente le envió un escrito hace poco menos de un mes, sobre el que se negó a dar explicaciones en el Pleno. Concretamente, la resolución señala que si se lleva a cabo la clausura de la desaladora, el abastecimiento debe quedar garantizado, y que para ello "se adoptarán, por el Consejo Insular de Aguas, las medidas oportunas según los términos de la comunicación de la Presidencia del Consejo de 12 de mayo de 2017 remitida a esta Consejería".
Además, aunque durante el Pleno insistió en que ahora realizará "consultas" sobre cómo ejecutar esa medida, en un momento San Ginés también adelantó que "en los próximos días el Consejo tomará decisiones al respecto". Y todo ello después de afirmar, en respuesta a la avalancha de críticas de la oposición por las "derrotas judiciales", que la institución que preside ha "perdido muchas batallas" frente a Club Lanzarote, pero que va a ganar "la guerra".
"Se ha demostrado que ahí existe una venta ilegal de agua", defendió el presidente, en referencia a esas resoluciones del Gobierno canario, dictadas después de que él revocara el 14 de marzo de 2016 el permiso que tenía la empresa para producir agua. "Lo que se derogó era para lo único que tuvo autorización, para autoconsumo", afirmó San Ginés en respuesta a la oposición, que llegó a acusarle actuar como "Juan Palomo en toda regla". "Yo me lo revoco, yo me lo como", le reprochó Carlos Meca, que acusó al presidente de intentar "compensar lo que pierde en los tribunales con rabietas de bebé y con decretos de sus amigos del Gobierno de Canarias".
"Habrá que encontrar otra fórmula"
Respecto a las críticas que recibió durante el Pleno de toda la oposición –a excepción del consejero de NC Juan Manuel Sosa- por la incautación ilegal de la desaladora, el presidente admitió que "es verdad que los tribunales la han declarado improcedente, eso lo tengo que admitir". No obstante, agregó que "ésa fue la fórmula que encontramos y ahora habrá que encontrar otra" para impedir que Club Lanzarote siga vendiendo agua. Sobre las posibles opciones para clausurar la planta, San Ginés hizo referencia a una "ejecución voluntaria por parte del promotor", que admitió que cree que no se va a producir, o una "declaración de emergencia", que ya se intentó en su momento iniciando obras por parte de Canal Gestión en este plan parcial privado –que aún no ha sido recepcionado por la administración- para conectar la urbanización a la red general.
"Ya lo hicimos y nos las paralizó un interdicto", admitió San Ginés, que se refirió de esa forma a otra resolución judicial que dio la razón a Club Lanzarote y ordenó parar esas obras, porque no contaban con permiso de los titulares del plan parcial. Así, aunque reconoció que "no es posible clausurar inmediatamente sin producir desabastecimiento", no desveló qué medidas planteó al Gobierno canario para evitarlo.
"Antes era un capricho de Pedro San Ginés, pero ahora es un capricho de nueve letrados de la comunidad autónoma", afirmó el presidente, volviendo a hacer referencia a esas órdenes del Ejecutivo regional, contra las que aún cabe recurso, y que la oposición considera que solo son "fuegos de artificio" para "enmascarar sus derrotas judiciales".
"Me alegra que haya entendido que no se puede incautar al estilo chavista"
"Yo creo que la gran noticia en el día de hoy la ha dado usted: que no tiene respuesta a cómo se va a proceder a la clausura de la planta. Dice que no lo va a hacer hasta que se lo ordene un juez, y me alegro, porque después de haber perdido hasta 12 pleitos relacionados con la incautación de la desaladora, me alegra que haya entendido que no se puede incautar una planta al más puro estilo chavista.", cuestionó la portavoz del PP, Saray Rodríguez.
Por su parte, Carlos Meca reprochó al presidente que durante el Pleno preguntara a la oposición cómo resolver esta situación, cuando no les realizó ninguna consulta antes de llevar a cabo la incautación de la planta anulada por los tribunales. "Creó un problemón por su exceso de testosterona", afirmó Meca, que reprochó al presidente que "esta misma bravuconería, esta misma insensatez que ha demostrado, la aplica para todo", y "la Justicia es la que le está teniendo que decir: ¡hombre, pare!".
