El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha salido este viernes a "puntualizar" que el Censo de Vertidos desde tierra a mar 2017 que acaba de hacer público el Gobierno de Canarias "no está actualizado". En ese censo elaborado por el Ejecutivo regional se señala que en la isla hay 29 puntos de vertido no autorizados, la mayoría pertenecientes al Consorcio de Aguas presidido hasta hace unas semanas por el propio San Ginés.
Concretamente, el presidente señala que el informe del Gobierno canario recoge "26 infraestructuras de titularidad del Consorcio de las cuales contarían con autorización 3, indicando que 2 están en trámite y hay 21 sin autorización". Sin embargo, asegura que el Consorcio del Agua "puede demostrar con documentación" que esos datos "son inexactos". Así, aunque no niega que haya 21 puntos de vertido del Consorcio no autorizados, asegura que "15 están en trámite y las 6 restantes no lo necesitarían por carecer de alivio y no serles de aplicación esta regularización".
Además, San Ginés sostiene que todos los vertidos "cumplen la normativa medioambiental, de sanidad o aspectos técnicos requeridos por el Gobierno de Canarias" y que "en este momento solo falta que admitan una declaración jurada de titularidad de las infraestructuras hidráulicas y se cerrará el único requisito pendiente que solicitó el Ejecutivo para cerrar el informe". Según el presidente, "esta petición la realizó en diciembre de 2017 y en ese mismo mes se presentó la declaración".
En trámite desde junio de 2017
En su comunicado, San GInés afirma que en junio de 2017 el Consorcio del Agua, "siguiendo las indicaciones del Gobierno de Canarias, procedió a presentar toda la documentación requerida para regularizar, siguiendo sus criterios, los puntos de vertido correspondientes a los aliviaderos de las EBARs y emisario submarino de vertido de salmuera de tierra a mar".
"Con relación a las Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales en esa misma fecha, 5 de junio de 2017 se remitió escrito a Canal Gestión Lanzarote, en el que se le requería la documentación a aportar", añade la nota de prensa, que afirma que "el 21 de junio se envió toda la documentación requerida por el Gobierno de Canarias de las 16 EBARs y un aliviadero".
"La única objeción que puso el Servicio de Contaminación de Aguas y Suelos es que faltaba la titularidad de las infraestructuras a legalizar", sostiene San Ginés, que apunta que esas infraestructuras "no se encuentran recogidas en el inventario de infraestructuras del Consorcio, ni de Insular de Aguas (INALSA), por no considerarse bienes inmuebles al uso y ser infraestructuras de escasa entidad, no pudiéndose entonces acreditar fehacientemente, por tanto, la titularidad requerida".
Esta circunstancia, según explican, "se puso en conocimiento del Servicio de Contaminación de Aguas y Suelos", que "indicó que "se trataba de una situación que se extendía y afectaba a las distintas administraciones de todas las Islas que cuentan con infraestructuras similares y estaban procediendo a determinar cómo actuar para solventarlo". Después, en diciembre de 2017, "los Servicios Jurídicos del Servicio de Contaminación de Aguas y Suelos indicaron que ese requisito podía solventarse con la remisión de una declaración jurada del Consorcio del Agua de Lanzarote en relación con las anteriores". Y ese trámite, según el presidente, "se presentó y está pendiente de que respondan con un informe positivo".
Emisario submarino
Respecto al emisario submarino de vertido de salmuera de tierra a mar, el Consorcio explica que está "procediendo a la renovación de la autorización de vertido y de ocupación del dominio público marítimo para el emisario de Puerto Naos" y que "los trámites han sido idénticos con la misma objeción y la misma respuesta".
En este caso el Consorcio también desde diciembre "presentó una declaración jurada de la Gerencia del Consorcio del Agua de Lanzarote en relación con las anteriores y también se está a la espera de la aceptación de la declaración para poder finalizar la tramitación de los expedientes", agrega el comunicado, que sostiene que "todos estos pasos, trámites o solicitudes de información están contrastados con profusa documentación, siempre registrada oficialmente entre las distintas administraciones".
