El Ayuntamiento lleva diez años pidiéndole que regularice la situación

San Bartolomé pretende imponer una sanción de varios millones de euros a Aena porque los aparcamientos de Guacimeta no tienen licencia

Ninguno de los cinco aparcamientos que actualmente existen en el aeropuerto de Lanzarote cuenta con la licencia de actividades clasificadas, según sostiene el Ayuntamiento de San Bartolomé. Precisamente por ...

6 de octubre de 2011 (21:59 CET)
San Bartolomé pretende imponer una sanción de varios millones de euros a Aena porque los aparcamientos de Guacimeta no tienen licencia
San Bartolomé pretende imponer una sanción de varios millones de euros a Aena porque los aparcamientos de Guacimeta no tienen licencia

Ninguno de los cinco aparcamientos que actualmente existen en el aeropuerto de Lanzarote cuenta con la licencia de actividades clasificadas, según sostiene el Ayuntamiento de San Bartolomé. Precisamente por ello, el Consistorio llevará este viernes a pleno el inicio de un expediente sancionador contra Aena. Aunque el Ayuntamiento ya abrió uno hace seis meses, su aprobación supondría una multa para la empresa pública de unos 50.000 euros, algo que, según la alcaldesa, María Dolores Corujo, "sentaría un mal precedente, ya que es una sanción muy baja".

Por ello, la pretensión del Ayuntamiento es iniciar un nuevo expediente, así como aprobar la realización de un estudio económico para conocer cuál es el beneficio real que obtiene Aena por la explotación de esos aparcamientos. "Esto supondría que la sanción a Aena puede llegar hasta el doble de los beneficios que obtenga. Sería mucho dinero, no estamos hablando ni de uno ni de dos millones de euros, sino de mucho más", ha explicado Corujo.

En concreto, Aena gestiona directamente dos de estos aparcamientos, mientras que otros tres los tiene concesionados. Así, el Consistorio también pedirá a las empresas concesionarias que regularicen su situación. La alcaldesa de San Bartolomé, María Dolores Corujo, ha explicado a La Voz que el Ayuntamiento detectó esta irregularidad hace casi diez años. La empresa pública había solicitado esta licencia de actividades clasificadas, pero el Consistorio le requería una documentación, que Aena "nunca adjuntó".

El tiempo fue pasando hasta que la Corporación municipal volvió a realizar este requerimiento hace cuatro años, con el objetivo de que estos aparcamientos "cumplieran con la legalidad". "Cumplimos los plazos de consenso, de intentar que Aena entrara en razón", ha señalado la alcaldesa, que ha explicado que ante la actitud de la empresa pública, se decidió incoar un expediente sancionar el pasado mes de abril.

Así, el Ayuntamiento daba seis meses de plazo a la empresa pública para que "regularizara la situación". "Presentaron alegaciones en julio, agotando casi el tiempo, en las que entendían que no tenían por qué solicitar esta licencia al tratarse de un ente público. Los servicios jurídicos municipales nos advirtieron de que eso no es así en absoluto, porque una vez que se obtenga beneficio económico, se debe solicitar la licencia de actividades clasificadas", ha defendido la primer edil.

"Responsabilidad y obligación"

La alcaldesa ha señalado que "por responsabilidad y obligación" los gestores públicos deben reclamara lo que "legítimamente les corresponde". "No renunciaré a lo que le corresponde al Ayuntamiento, porque creo que Aena como organismo público debe cumplir estrictamente con la legalidad y disponer de las autorizaciones pertinentes. Si nosotros, como Ayuntamiento, exigimos a las pequeñas y medianas empresas que cumplan con todos los procedimientos, no podemos hacer menos con Aena, que es una entidad pública, que tiene que dar ejemplo y está actuando con mala fe", ha indicado.

Para la alcaldesa, esta "mala fe" se percibe en la información que Aena ha trasladado al Consistorio, asegurando que los aparcamientos "no dan beneficios, sino que tienen déficits". "Sabemos que no es así", ha manifestado la alcaldesa, que con el nuevo expediente sancionador que se aprobará, presumiblemente este viernes en pleno, pretende lograr que la empresa pública "cumpla la legalidad" y además "conseguir un beneficio económico para el municipio".

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