El Decreto 32/1995 de 24 de febrero determina el funcionamiento del Servicio Canario de la Salud (SCS) y define las competencias de la Dirección General de Salud Pública en materia de prevención de la enfermedad y protección de la salud.
Entre las competencias de esta Dirección General figuran las de policía sanitaria para actuar ante situaciones de alerta sanitaria como pueden ser toxiinfecciones alimentarias, circulación de alimentos no aptos para el consumo humano, o graves incumplimientos de la normativa sanitaria.
Tras la realización de las inspecciones desarrolladas por los inspectores de Salud Pública de las diferentes Áreas de Salud de las islas, el Servicio de Régimen Jurídico, Registros y Sanciones de la Dirección General de Salud Pública en el ejercicio de estas competencias, ha incoado 711 expedientes sancionadores en 2006, por infracciones cometidas contra la normativa sanitaria vigente.
Existe un incremento de los expedientes sancionadores contra las situaciones que atentan contra la salud de los ciudadanos, dado que los incumplimientos en esta materia pueden generar un grave riesgo para la salud pública. Estas sanciones pueden venir acompañadas con la adopción de medidas cautelares, como pueden ser la suspensión de una actividad o el decomiso de productos que puedan generar peligro.
Por infracciones en materia de Seguridad Alimentaria se han incoado 541 expedientes. El Servicio de Seguridad Alimentaria tiene, entre otras funciones, el control de los productos alimenticios, la realización del control oficial en industrias y establecimientos alimenticios, efectúa el control de zoonosis en mataderos, investiga posibles brotes de toxiinfecciones alimentarias, inspecciona los vehículos de transporte de alimentos y controla la formación sanitaria de los manipuladores de alimentos.
Por infracciones en Sanidad Ambiental se han incoado 85 expedientes. El Servicio de Sanidad ambiental informa y evalúa el Programa de Control y Vigilancia de Calidad de Aguas potables de Consumo Público, trabaja en el Programa de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica, efectúa la vigilancia del estado sanitario de las playas, controla los plaguicidas de uso ambiental y otorga los carnés de manipulador de plaguicidas, controla la salubridad de las guarderías infantiles y establece los criterios para la prevención y control de la legionelosis.
Además, con la entrada en vigor de la Ley 28/2005 de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, en Canarias se han incoado un total de 85 expedientes sancionadores a establecimientos abiertos al público motivados unas veces por las visitas realizadas de oficio por los inspectores de sanidad, y en otras por denuncias de particulares.
ACN Press
