El empresario Juan Francisco Rosa pretendía que se separara ahora otra pieza del caso Unión, para que se celebrara un juicio independiente sólo con los hechos por los que él está acusado en la pieza número 12 junto a Dimas Martín. Así lo solicitó su defensa en un escrito presentado en el Juzgado el pasado 1 de julio, en el que alegaba que "la división de la causa llevará a una simplificación del proceso, en la que mi representado no se tenga que ver sometido a un juicio oral de larga duración".
La respuesta ha llegado este lunes, en un auto en el que la juez Silvia Muñoz ha rechazado su pretensión. Entre otras cosas, la juez sostiene que separar ahora una pieza (de lo que a su vez ya es una pieza separada del caso Unión), "en modo alguno supondría una simplificación o activación del procedimiento, sino más bien al contrario", ya que la instrucción ha concluido e incluso este mismo lunes se ha ordenado la apertura de juicio oral para llevar al banquillo a 14 personas, entre las que se encuentra Juan Francisco Rosa.
Por eso, la juez subraya que la medida solicitada por Rosa dilataría el enjuiciamiento cuando éste es inminente y perjudicaría a los demás acusados, "sometiéndoles a un retraso más que considerable, para que uno de los acusados no se vea sometido a un juicio oral de larga duración, olvidando que los derechos de todos los intervinientes deben ser ponderados".
En el caso de Juan Francisco Rosa, en esta pieza está acusado por un delito continuado de falsedad de documento público, al igual que Dimas Martín, al haber fingido un contrato para que éste pudiera conseguir el tercer grado penitenciario. Según la Fiscalía, con ese "favor" al líder histórico del PIL, el empresario pretendía conseguir un "trato de privilegio" de las instituciones donde entonces gobernaba este partido y "legalizar sus hoteles".
"Generaría una importante dilación"
"Las razones de eficacia, celeridad o simplicidad en la presente instrucción no pueden tener acogida, ya que la misma se encuentra terminada", sostiene la juez en su respuesta, en la que subraya que el planteamiento que hace ahora la defensa de Juan Francisco Rosa "se reduce" a la celebración de las sesiones del juicio oral. "Tal petición no puede prosperar ya que no responde a criterios de oportunidad, necesidad ni economía procesal", insiste la juez.
De hecho, la juez llega a calificar la petición de "ilógico procesal" y destaca además que de adoptarse la medida solicitada por Rosa, se generaría "una importante dilación en la propia formación de la pieza" y "supondría además una duplicidad en la práctica de prueba y una duplicidad organizativa en relación a los señalamientos de sesiones en los órganos enjuiciadores", tanto en la citación de testigos como para los coimputados, letrados o el propio Ministerio Fiscal, "que se postula totalmente innecesaria".
Además, señala que separar esta pieza podría afectar incluso al derecho de defensa del propio solicitante, ya que supondría privar a las partes de las pruebas que queden en la pieza separada o en la central, "afectando por tanto a las oportunidades de defensa que pudieran tener".
Un "favor" a Dimas "para legalizar sus hoteles"
En esta pieza número 12 del caso Unión, la Fiscalía pide para Juan Francisco Rosa 2 años y 3 meses de cárcel. En su escrito de acusación, el fiscal Javier Ródenas sostiene que Rosa pretendía algo más que hacer un "favor" a Dimas Martín al "fingir" un contrato laboral para que éste pudiera conseguir el tercer grado penitenciario. "Con este ‘favor’ enmascaraba un trato de privilegio" y pretendía "procurarse una ventaja negociadora en los procesos que tenía en el intento de legalizar la situación de sus complejos hoteleros", sostiene la Fiscalía.
Cuando se produjeron los hechos, Dimas Martín necesitaba presentar un contrato de trabajo y acreditar "que se encontraba apto para desarrollar una vida laboral apartada del delito" para poder conseguir el tercer grado penitenciario. Sin embargo, según el fiscal, "no sólo no dejó de delinquir, sino que la propia firma del contrato de trabajo ya era en sí misma delictiva, pues ambos acusados eran plenamente conscientes de que Dimas no iba a desempeñar ni desempeñó actividad laboral alguna para Juan Francisco Rosa".
En la primera parte del sumario de la Operación "Unión", Rosa aparece en varias conversaciones telefónicas con Dimas Martín, que estaban siendo grabadas por la UCO, hablando de la situación de los hoteles ilegales de su propiedad en Playa Blanca. En una de ellas, le dice al líder del PIL que tiene que "imponerse" con Fabián (en referencia a su hijo Fabián Martín, que en ese momento era vicepresidente del Cabildo y gobernaba junto al PSOE). "Yo no entiendo que con la fuerza que tú has tenido, esto no se haya arreglado", le dice Rosa a Dimas Martín en un momento de la conversación.
Donaciones al PIL y viviendas de Dimas a su nombre
Además de ese contrato presuntamente ficticio a Dimas, que le ha supuesto una acusación por falsedad documental, el fiscal también subraya que Juan Francisco Rosa "contribuía generosamente fuera de los cauces legales en la financiación" del PIL (aunque eso no constituya delito para él). Se refiere así a las importantes "donaciones" que realizó Rosa al partido. Según señalaba la juez en uno de los autos de Unión, Rosa realizó aportaciones al PIL "de hasta 60.000 euros" por cada una de las campañas electorales de 2003 y 2007.
Por otra parte, la instrucción del caso Unión también desveló que las casas familiares de Dimas Martín en Guatiza y en Los Lajares "estaban a nombre de Juan Francisco Rosa". Así lo admitió el propio Dimas en una de sus declaraciones, en la que afirmó que el empresario les "dejaba vivir" a él y a su familia ahí "desde siempre".
De hecho, ése fue el principal motivo de la detención de Rosa en su momento en el caso Unión, ya que el entonces juez instructor entendía que el empresario pudo ayudar a "ocultar el verdadero patrimonio de Dimas", que se declaró insolvente para no afrontar la condena del complejo agroindustrial, por la que debía pagar 2,4 millones de euros. Y según entienden la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción, todo esto lo hizo "como favor o prebenda a la actividad política de Dimas", dado el poder que éste tenía sobre los cargos públicos del PIL, para que influyera favorablemente a sus intereses.
