La bodega Stratvs, precintada por orden judicial desde diciembre de 2013, sufre una plaga de ratas. Eso es al menos lo que afirma la propiedad, que ha pedido a la juez instructora, Silvia Muñoz, autorización para poder acceder a las instalaciones. El escrito se registró en el Juzgado el pasado viernes y la magistrada ya ha respondido, permitiendo el desprecinto para que un técnico designado por la empresa acceda a la bodega para realizar el tratamiento de desratización.
En su resolución, la juez señala que tendrán que estar presentes agentes del Seprona de la Guardia Civil, "quienes tienen encomendadas las labores de desprecinto y nuevo precinto de la instalación". Además, ordena que los agentes levanten acta "documentando las labores que se efectúen" e identificando a las personas que las lleven a cabo, "ajustándose en lo restante al cumplimiento del auto mediante el que se acordó la medida cautelar" del cierre de la bodega.
En la solicitud remitida al Juzgado, la empresa BTL, de Juan Francisco Rosa, daba cuenta de la existencia de una plaga de ratas. Aunque la bodega está precintada y por tanto no pueden acceder a ella, la propiedad afirma que "desde el exterior de las instalaciones" han "podido observar" ratas "saliendo de la zona del restaurante".
"Los problemas que generan los roedores"
"Los problemas que generan los roedores en instalaciones como las bodegas son enormes, ya que aparte del evidente problema de salubridad, se comen el cableado eléctrico, generando perjuicios que pueden ser irreversibles para las propias instalaciones si no se actúa con celeridad", señalaban en su escrito, al que adjuntaban también un informe realizado por una empresa de desratización.
En su solicitud, la empresa recuerda que ya se les permitió entrar a la bodega en octubre de 2015, cuando a causa del temporal registrado en esas fechas en la isla entró agua en las instalaciones. Ahora, la juez ha vuelto a dar permiso para acceder a Stratvs, aunque bajo la supervisión del Seprona, que deberá dar cuenta de quién entra y qué hace, así como vigilar que lo que se realiza se ajusta a la solicitud planteada para desratizar la bodega.
Reiterado respaldo de la Audiencia
Desde que la bodega fue precintada por orden de la juez Silvia Muñoz, Rosa ha presentado varios recursos intentando reabrir las instalaciones. Sin embargo, la Audiencia los rechazó todos, a través de contundentes autos con los que ha ido avalando la decisión de la juez instructora. En el primero de esos autos, la Audiencia Provincial vino a responder que el único perjuicio que supone esta medida cautelar lo sufre el propietario de la bodega, que se situó al margen de la ley desde el momento en que comenzó la construcción de esta instalación.
Aunque el principal detonante para ordenar el cierre estuvo en la presunta emisión de vertidos contaminantes, la Audiencia también recordaba que la lista de delitos por los que ya se ha formulado acusación va mucho más allá. Entre otras cosas, la propiedad sólo tenía licencia para rehabilitar una construcción protegida preexistente y para construir un almacén de 900 metros, y en lugar de eso derribó la construcción, realizó una nueva más grande y construyó en total unos 12.000 metros cuadrados, que incluyen la bodega, un restaurante y una tienda, entre otras instalaciones anexas, que no están amparadas por ningún permiso. Además, la juez Silvia Muñoz subrayaba también que Juan Francisco Rosa "no ha justificado a día de hoy la más mínima titularidad sobre la finca registral" en la que se asienta la bodega. De hecho, la familia Negrín está personada en la causa como perjudicada, ya que sostiene que es titular de una parte del terreno.
La instrucción del caso Stratvs concluyó hace meses y la causa estaba lista para ir a juicio con 17 acusados. Sin embargo, tras el aforamiento de Gladys Acuña, al convertirse en Parlamentaria regional, el juicio pasó a depender del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y no de la Audiencia Provincial. Finalmente, el pasado mes de noviembre, el TSJC decidió dividir la causa y juzgar solo los hechos vinculados con Acuña. Así, se devolvió la causa al Juzgado instructor para separar el procedimiento, por un lado con los hechos y acusados que juzgará el TSJC y por otro con los que juzgará la Audiencia Provincial.
Intentos tardíos de personación
En los últimos meses, también han tenido que responderse intentos de personación y recursos de supuestas asociaciones que han tratado de personarse en la causa. Una lo hizo cuando la instrucción estaba en la recta final y otras cuando incluso ya había concluido, en una situación casi idéntica a la que se está viviendo en el caso Unión.
En el caso Stratvs, primero se personó una asociación efectivamente constituida en Fuerteventura, Agonane, que después se retiró del caso afirmando que se sentía engañada por el abogado que les convenció para entrar en el procedimiento, David García Pazos.
Este mismo letrado, que ha representado a Luis Lleó, está vinculado también a la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa, que ha intentado personarse en varias piezas de Unión y también en el caso Stratvs. La juez ha rechazado su personación, ya que en su momento ni siquiera acreditó estar constituida como asociación ni cumplió después otros requisitos mínimos para demostrar su interés en la causa. La Fiscalía también se opuso a su personación en Unión, llegando a advertir de que podría tratarse de un "caballo de Troya con intereses bastardos".
A estos intentos se suma también el de la supuesta asociación ecologista Jacón, que pidió personarse en Stratvs justo después de que se retirara Agonane. En su momento, la asociación ni siquiera estaba registrada ni constaba como constituida oficialmente y su personación fue rechazada. Después de ese primer intento, Jacón se dio de alta en el registro de sociedades y recurrió la decisión de la juez rechazando su personación, pero la magistrada ha vuelto a desestimar su recurso.
