"La ley de Medidas Urgentes entra en el Parlamento de Canarias, y el Cabildo de Lanzarote tiene la oportunidad de resolver la cuestión presentando las enmiendas correspondientes que le den amparo a aquellas construcciones que sean legalizables. Aquellas que tienen problemas de orden administrativo y no están vulnerando la ley del suelo", puntualizaba Paulino Rivero.
Así, traspasaba la decisión al Cabildo. "Es el órgano de gobierno de la isla quien decida lo que quiere hacer y cuales son las construcciones que, razonablemente, encajan dentro de la ley en estos momentos y que no estén vulnerando disposiciones que tengamos en vigor", añadía.
"La pelota ahora está en el partido socialista, ya que gobierna en el Cabildo y nosotros estamos en total disposición a escucharlo", añadía Rivero al tiempo que incidía en que "la voluntad siempre debe ser resolver el problema, no crear más". Así, según la información con la que aseguran contar desde el Gobierno de Canarias, "hay hoteles que son legalizables, que tienen problemas administrativos, y otros tienen otros problemas que no pueden ser resueltos ni siquiera mediante una ley", concluía.
Por su parte, el consejero de Ordenación Territorial, Domingo Berriel, aclaraba que el Gobierno de Canarias "dio un paso adelante, no de forma temeraria ni muchísimo menos, como se ha querido hacer ver, sino que lo hizo en función de las previsiones recogidas en la ley de directrices, que establece que el Gobierno debe adoptar iniciativas de regularización de la planta hotelera en Canarias en general, pero sobretodo lo hizo también por conversaciones previas que tuvo con todas las instituciones". Así hablaba de "un artículo muy prudente, en el sentido de que se exigían unos requisitos elementales que eran que no tuviesen infracciones urbanísticas pendientes los hoteles que se pudieran regularizar y que por tanto cumplieran con la legalidad urbanística y que estuviesen a falta de inscribir en el registro turístico por problemas que fuesen salvables desde el punto de vista de la legalidad".
Si no hay consenso, "el Gobierno de Canarias unilateralmente no va a suplantar la voluntad de las instituciones de la isla en este asunto", aunque entienden que "es un problema importante que puede derivar en problemas para la economía y el empleo, para el interés general. Ahora depende de la voluntad política en el Parlamento", concluía.
Aún así, aseguraba que "si el Cabildo decide no apoyar, no ponerse deacuerdo con los ayuntamientos para resolver este asunto de una manera concreta, nosotros estamos ahí para colaborar con una colaboración interadministrativa que siempre ejercemos".
