La portavoz de Derechos Sociales del Grupo Parlamentario Socialista, Elena Máñez, ha exigido este miércoles en el pleno regional al Gobierno de Canarias "que se ponga a trabajar" para poner en marcha medidas que afronten "el freno y retroceso" que está sufriendo el sistema de dependencia del Archipiélago.
Máñez ha intervenido en la interpelación presentada por el Grupo Socialista a la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias para que explique qué medidas tiene previstas para mejorar la gestión del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en los Programas de Atención Individual y las prestaciones concedidas para que llegue a las personas y familias que están a la espera del derecho que la ley les garantiza.
Durante su intervención, explicó que dicha interpelación se debe a la necesidad de tener respuestas por parte del Gobierno de Canarias sobre los datos de la gestión del sistema de dependencia durante los últimos meses, y volvió a mostrar su preocupación por "el aumento de las listas de espera de 1.400 personas en solo seis meses y la reducción en la gestión de prestaciones como los Planes Individuales de Atención (PIAS)".
Con respecto a las declaraciones del Gobierno canario sobre la paralización de la gestión de las solicitudes de dependencia durante la legislatura anterior, la diputada socialista aclaró que los datos reales son los que publica el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) mes a mes. “En 2022 se grabaron 8.655 solicitudes y hasta junio de 2023, se registraron 5.951. Los datos son bastante claros”.
Menos personas en centros residenciales
En esta línea, también recalcó que en seis meses de gestión, en toda Canarias "solo han entrado 77 personas en centros residenciales y 74 en centros de día". Por el contrario, en el primer semestre del año, durante la gestión del Pacto de las Flores, "fueron 402 personas en centros residenciales y 389 en centros de día", según los datos proporcionados por el Partido Socialista.
Máñez insistió en que el Pacto de las Flores dejó la lista de espera más baja de los últimos 16 años, según el Observatorio de la Dependencia, y que ahora vuelve a crecer. “En la pasada legislatura hicimos un gran esfuerzo por poner al día los expedientes antiguos, que llevaban un retraso de más de cinco años esperando por la resolución de PIAS”.
Además, indicó que el tiempo de espera en estos momentos ha mejorado hasta 627 días. “Llegó a estar en más de 1.000 días y cuando dejamos el Gobierno lo dejamos en 817 en junio, porque sacamos expedientes antiguos de 2018”.
“El Gobierno habla de más de 40.000 personas atendidas en Canarias, ese es su titular para la prensa, pero tienen que explicar la evolución que estamos viendo mes a mes. Es ahí donde se ve el retroceso que está sufriendo la dependencia en estos últimos seis meses. Se ha incrementado el número de solicitudes, pero se ha disminuido el número de resoluciones de PIAS, por lo que está creciendo la lista de espera en estos meses en 1.400 personas”, ha revelado Elena Máñez.
Casi 2.000 personas menos con PIAS
En concreto, se refirió a la evolución de las resoluciones de los Programas Individuales de Atención (PIAS), según datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). En 2022 se tramitaron 7.910 PIAS frente a las 6.000 de 2023, de las cuales, más de la mitad se tramitaron durante la gestión del Pacto de las Flores. “Casi 2.000 personas menos que en 2022, que podrían tener ya su resolución y no la tienen”.
Además, hizo hincapié en la resolución de las prestaciones canarias, que pasaron de 9.919 en 2022 a 7.292 en 2023, de las cuales, un total de 4.574 son hasta junio.
También denunció el incremento de la lista de espera, que ha aumentado en más de 1.400 personas en solo seis meses. En junio de 2023 había 12.983 personas en lista de espera (7.390 pendientes de grado y 5.593 pendientes de PIAS), mientras que en diciembre de 2023 se contabilizaron 14.418 personas (8.662 pendientes de grado y 5.756 pendientes de PIAS).
La diputada socialista mostró su “preocupación” por el empeoramiento de estos datos, porque, sobre todo, “estamos fallando” a las personas. “Le pedimos organización y gestión y que mantenga como mínimo la intensidad y el ritmo de gestión de los PIAS y prestaciones que llevó a cabo el Pacto de las Flores”.
Por su parte, sobre los contratos para los programas temporales, recordó que la consejera de Bienestar Social anunció que elevaría al Consejo de Gobierno un plan de choque en octubre para incrementar la plantilla por la vía de urgencia. “Usted ha manifestado que ha incrementado el número de valoradoras, pasando de contar con 24 personas técnicas valoradoras que había en julio a un total de 35, es decir, 11 más”, ha indicado.
“Dicen que han aumentado el número de valoradoras, pero no sabemos si estamos hablando de nuevas contrataciones o de reorganización del personal existente, porque si es así, queda claro por qué se está reduciendo drásticamente el número de resoluciones PIAS”, puntualizó.
Ayuda a domicilio
Máñez también advirtió que a pesar de la firma entre el Gobierno canario con la FECAM en diciembre de los convenios para la ayuda a domicilio, aún no se han suscrito todos los ayuntamientos, con el riesgo que supone que no se puedan ejecutar los siete millones de euros que destinó el Estado para este convenio. “Nosotros dejamos preparada una licitación para sacar la teleasistencia avanzada y no hemos sabido nada de qué se hizo de ese trabajo”.
Revisiones de grado
Sobre las revisiones de grado, la diputada socialista calificó de “curioso” que el único dato del que presume el Gobierno, que son las revisiones de grado, es el único dato que no aparece en las estadísticas oficiales y por lo tanto no se puede contrastar.
Para Máñez, es importante revisar los grados, pero eso no se puede traducir en la paralización de las resoluciones de PIAS y prestaciones para las nuevas personas que están demando atención. “Está dejando desatendidos a los nuevos solicitantes. Si necesita más personal, pídalo, porque las personas que están a la espera de recibir su prestación no pueden esperar. Le pedimos más gestión y menos titulares”.
Asimismo, calificó de “insuficiente” el Presupuesto para 2024, con un aumento de 33 millones de euros, pero sin cumplir con la Ley de Servicios Sociales, que establece que deben destinarse 55 millones de euros. “Un Presupuesto que se recorta 1,8 millones de euros en las prestaciones económicas del servicio a la dependencia, y eso significa que habrá menos personas con derecho a una prestación”.
