El portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Marcos Hernández, ha defendido este miércoles 21 en el Pleno de la Cámara regional al Gobierno de Canarias una Proposición No de Ley (PNL), rechazada por los grupos políticos, para impulsar un plan integral de adaptación climática de los centros educativos del archipiélago, con el objetivo de garantizar que el alumnado y los profesionales de la enseñanza puedan desarrollar su actividad en condiciones adecuadas de seguridad, salud y bienestar.
Hernández ha advertido de que "el calor ya no puede considerarse una circunstancia excepcional y debe incorporarse a la planificación ordinaria de las infraestructuras educativas, y ha recordado que el verano de 2026 ha sido el más cálido registrado en España desde, al menos, 1869, y que las altas temperaturas obligaron el pasado 15 de septiembre a suspender la actividad lectiva presencial en todos los centros de Fuerteventura y en los de nueve municipios de Gran Canaria".
Para el diputado socialista, "estos episodios evidencian la necesidad de anticiparse a los efectos del cambio climático y evitar que la respuesta educativa dependa exclusivamente de las alertas meteorológicas".
En este sentido, ha defendido que, "aunque la suspensión de las clases puede resultar necesaria ante situaciones extremas, una política pública responsable debe también mejorar las condiciones estructurales de los centros para reducir su vulnerabilidad".
Solo 120 de los 925 centros educativos, con sensores ambientales
El portavoz de Educación ha reconocido las actuaciones emprendidas por el Gobierno de Canarias, como el Plan de adaptación de los centros educativos a las altas temperaturas, presentado en 2024, y el proyecto Clima Escolar Canarias, puesto en marcha en 2026. Sin embargo, ha cuestionado el alcance de estas iniciativas, ya que los 240 sensores instalados en 120 centros siguen lejos de cubrir una red pública que cuenta con 925 centros educativos.
Hernández ha reclamado que el Ejecutivo autonómico “dé el salto” de los proyectos piloto a una estrategia para toda Canarias, y ha señalado que, aunque se han creado espacios de sombra en numerosos centros y se han anunciado actuaciones de naturalización de patios, estas medidas resultan “insuficientes” si no forman parte de una planificación integral, con prioridades objetivas y financiación garantizada.
La iniciativa socialista propone aprobar, en un plazo máximo de seis meses, un Plan Canario de Adaptación Climática, Confort Térmico y Eficiencia Energética de los Centros Educativos, de carácter plurianual. El documento deberá integrar las actuaciones existentes y establecer un diagnóstico individualizado de cada centro, un mapa de riesgo climático y un calendario público de intervenciones que detalle prioridades, presupuestos, responsables y plazos de ejecución.
El plan deberá contemplar, además de la instalación de sombras, mejoras del aislamiento, protección solar, ventilación, calidad del aire, sistemas eficientes de climatización cuando sean necesarios, energías renovables, autoconsumo y renaturalización de patios.
El PSOE también plantea una línea presupuestaria específica y plurianual que permita financiar estas actuaciones y garantice que las necesidades de los centros no dependan de la capacidad económica de cada ayuntamiento.
Hernández ha puesto especial atención en las escuelas infantiles, los centros de educación especial y aquellos que escolarizan a alumnado con discapacidad o necesidades educativas especiales, así como en los edificios con mayores deficiencias y exposición térmica. Asimismo, ha reclamado sustituir progresivamente las aulas modulares provisionales que permanecen durante años por instalaciones educativas permanentes.
La propuesta incluye la participación de las familias, los equipos directivos, los consejos escolares, los sindicatos y los ayuntamientos en el seguimiento del plan, además de informes anuales al Parlamento con datos sobre inversiones, actuaciones ejecutadas, incidencias térmicas y evolución del consumo energético.
El diputado socialista ha defendido que la adaptación climática constituye una responsabilidad pública vinculada al derecho a la educación y a la protección de la salud. “La calidad de una escuela pública no puede depender de la orientación de su aula, de la sombra que tenga su patio o de la capacidad de su municipio para afrontar una obra”.
Con esta PNL, el Grupo Socialista reclama al Gobierno de Canarias que convierta las actuaciones puntuales “en una política estructural, transparente y evaluable, para que todos los niños y niñas del Archipiélago puedan aprender en condiciones adecuadas y todos los profesionales educativos desarrollar su trabajo en espacios dignos y saludables”.
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