El PSOE de Lanzarote llevará al Pleno del Cabildo una moción para exigir la apertura inmediata de un expediente sancionador a Amavir por los incumplimientos de las ratios de personal en las residencias de Tías y Haría recogidos en las actas de supervisión de la propia institución. La iniciativa también reclama que se cuantifique y recupere el perjuicio económico causado a las arcas públicas por la dotación de personal abonada y no efectivamente prestada.
La portavoz del Grupo Socialista, Ariagona González, considera “inaceptable que el Cabildo disponga de informes que documentan deficiencias tan graves en la atención a nuestros mayores y que el expediente informativo haya terminado archivado sin sanción”. “Oswaldo Betancort debe explicar qué ha hecho ante estos hechos y por qué no se han exigido responsabilidades a la empresa”, señala.
Según recoge la moción, doce actas de supervisión de la residencia de Tías, elaboradas entre febrero y mayo de 2026, reflejan de forma reiterada una dotación de gerocultores muy inferior a la exigida. En una de ellas constan entre dos y seis profesionales para 124 residentes, cuando debían ser nueve por turno. El documento también señala la ausencia de médico durante aproximadamente un año y problemas como úlceras por presión, infecciones urinarias, caídas por falta de supervisión y errores de medicación.
En Haría, la iniciativa recoge un acta que documenta incumplimientos de las ratios en varios turnos, con solo dos personas de atención directa durante la noche, carencia de médico y un episodio de convulsiones en un residente por un error de medicación.
“Las familias tienen derecho a saber que sus mayores reciben los cuidados que necesitan. La falta de personal compromete esa atención y sobrecarga a las plantillas. El Cabildo tiene la obligación de hacer cumplir las condiciones del servicio y actuar ante los incumplimientos que detectan sus propios técnicos”, afirma González.
El PSOE recuerda que, según los pliegos, el incumplimiento de las obligaciones de contratación de personal está tipificado como infracción muy grave y puede conllevar una sanción de entre el 10% y el 15% de la facturación bruta anual. Con las cifras de 2025 recogidas en la iniciativa, la cuantía conjunta se situaría entre 294.118 y 441.177 euros, en función del porcentaje que finalmente se aplique.
Además, los socialistas solicitan que los servicios técnicos comparen el coste de personal previsto en la oferta de la empresa con el realmente ejecutado en cada centro, para determinar las cantidades que corresponde reclamar. Para ello, proponen requerir documentación económica, los registros retributivos de los últimos cinco ejercicios y la plantilla media desglosada por categorías profesionales.
“Cada euro público destinado al cuidado de nuestros mayores debe emplearse en garantizar su bienestar. Si se ha pagado por una dotación de personal que la empresa no ha puesto, el Cabildo debe cuantificar ese dinero y reclamar su devolución”, sostiene la portavoz.
La moción también plantea que, si los incumplimientos persisten tras la apertura del expediente y el requerimiento de subsanación, se valore la resolución de la concesión conforme a las condiciones previstas en el contrato.
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