El grupo de gobierno ha asegurado que estos recursos no tenían cabida a través de la vía administrativa, aunque desde la oposición se cree que sí, porque no se estaba impugnando el plan sino la supuesta ilegalidad en su procedimiento

PP, PIL y Alternativa Ciudadana acudirán a la Justicia, después de ver rechazados los recursos de reposición que interpusieron contra el PEPA

El Plan del Puerto de Arrecife sigue generando polémica. Los grupos de la oposición continúan afirmando que este documento ha sido aprobado definitivamente "amparado bajo una ilegalidad" y, ...

25 de septiembre de 2006 (12:04 CET)
PP, PIL y Alternativa Ciudadana acudirán a la Justicia, después de ver rechazados los recursos de reposición que interpusieron contra el PEPA
PP, PIL y Alternativa Ciudadana acudirán a la Justicia, después de ver rechazados los recursos de reposición que interpusieron contra el PEPA

El Plan del Puerto de Arrecife sigue generando polémica. Los grupos de la oposición continúan afirmando que este documento ha sido aprobado definitivamente "amparado bajo una ilegalidad" y, por eso, presentaron tres recursos de reposición al mismo órgano que aprobó el Plan, el Ayuntamiento, pero han caído en saco roto. "Se rechaza por inadmisibilidad tanto de los recursos como de la suspensión del Plan". De esta forma ha finalizado la alcaldesa, María Isabel Déniz, su intervención en la sesión extraordinaria del Pleno de Arrecife convocada, exclusivamente, para dar a conocer a los grupos de la oposición el dictamen sobre los recursos de reposición interpuestos. "Tenemos un informe jurídico que consideraba que el recurso es inadmisible, que ha sido elaborado por los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento".

Sin embargo, los miembros de la oposición no están de acuerdo con esta interpretación de la normativa, ya que según Alternativa Ciudadana el grupo de Gobierno se ha equivocado en el procedimiento. "Nosotros no hemos impugnado el PEPA sino que estamos impugnando el procedimiento y como los procedimientos son actos de conformidad con la ley, permiten recursos de reposición", señalaron desde AC-25M. Aunque Isabel Déniz asegura que en la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas expresa que en las disposiciones de carácter general como son los planeamientos no caben recursos en la vía administrativa, sino solamente en la vía jurídica.

A pesar de este rechazo a los recursos, el Partido Popular, el PIL y Alternativa Ciudadana han expresado su intención de imponer un recurso en lo contencioso-administrativo. "Vamos a intentar la suspensión cautelar solicitándola a la sala", ha afirmado Andrés Barreto. Los populares también se han unido a esta iniciativa, ya que entienden que la aprobación de PEPA con todos los votos en contra de los miembros de la oposición "supone una prueba más de la soberbia y el desprecio que tiene la alcaldesa a todos los partidos políticos y a los ciudadanos". Por su parte, el PIL ha afirmado que los intereses del grupo de Gobierno no se corresponden con los de la mayoría de los arrecifeños, "pero sí con algunos particulares".

La crispación política se ha mantenido durante toda la sesión plenaria, pero ha tenido su momento álgido cuando María Dolores Luzardo le ha recordado a la alcaldesa que está gestionando un plan con el que todo el mundo está en desacuerdo, "e incluso el partido al que pertenecía usted antes y por el que llegó a ser concejala y alcaldesa". Luzardo también ha añadido que Déniz está más preocupada por buscar pactos electorales que por los intereses de los ciudadanos y se ha referido al acuerdo que ha suscrito su formación con Coalición Canaria. "Es la persona a la que más veces he visto cambiar de partido en tan poco tiempo, porque ya ha estado en tres diferentes".

El grupo de Gobierno, por su parte, asegura sentirse muy tranquilo ante la amenaza de la oposición de imponer recursos por vía judicial, ya que María Isabel Déniz ha afirmado que desde el punto de vista del procedimiento, el Plan Especial del Puerto cuenta con todos los informes técnicos y jurídicos a su favor. "Será el Tribunal Superior de Justicia del Gobierno de Canarias el que tendrá que resolver en última estancia, aunque nosotros entendemos que estamos dentro de la legalidad, ya que nos avalan los informes jurídicos de los servicios municipales".

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