Una de las empresas que concurrieron impugna la contratación del equipo de Fernando Prats por sus conexiones con la Fundación César Manrique y le acusa de baja temeraria

Piden la suspensión judicial del concurso público del Plan Territorial Especial

INGENIERÍA TÉCNICA CANARIA S.A. SOLICITA LA PARALIZACIÓN CAUTELAR Y URGENTE DEL PROCESOUna de las ocho empresas que participaron en el concurso público por el que se adjudicaba el ...

25 de noviembre de 2005 (23:09 CET)
Piden la suspensión judicial del concurso público del Plan Territorial Especial
Piden la suspensión judicial del concurso público del Plan Territorial Especial

INGENIERÍA TÉCNICA CANARIA S.A. SOLICITA LA PARALIZACIÓN CAUTELAR Y URGENTE DEL PROCESO

Una de las ocho empresas que participaron en el concurso público por el que se adjudicaba el pasado 29 de julio la licitación de "Consultoría y Asistencia para la Redacción del Plan Territorial Especial de Ordenación Turística (PTEOT) de Lanzarote" ha solicitado en los tribunales de justicia que se adopten medidas cautelares para suspender de manera urgente el procedimiento, a fin de que se vuelva a seleccionar a la empresa que deba encargarse de la redacción del PTEOT.

Esta empresa ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Cabildo insular de Lanzarote por la que la Primera Corporación contrató al equipo que dirige el arquitecto y urbanista Fernando Prats.

En concreto, Ingeniería Técnica Canaria, S.A. considera que la preferencia del Cabildo por el equipo de Prats es "ilegal" porque, según dicha empresa que dirige Francisco González Jaraba, en el procedimiento de contratación los técnicos que hicieron los informes sobre las ofertas presentadas estaban vinculados a la Fundación César Manrique (FCM), tratándose de los mismos expertos del Plan Insular de Ordenación Territorial (PIOT).

Según Ingeniería Técnica Canaria, S.A., estos técnicos no fueron imparciales por su vinculación a la FCM con la que, a su vez, mantiene relaciones el equipo de Prats. Por ello, consideran que los técnicos del Plan Insular debieron haberse abstenido en el procedimiento de licitación y no haber participado en él.

Por otra parte y como segunda supuesta irregularidad de fondo, esta conocida empresa grancanaria, con intereses en Playa Blanca, también denuncia que la oferta formulada por el equipo de Fernando Prats es temeraria y desleal, porque es casi un 80 por ciento más barata que las demás presentadas.

Así, mientras las otras siete compañías aspirantes ofrecían proyectos con una media de 270.000 euros, la del equipo de Prats ascendía sólo a 60.000 euros.

Mientras fuentes de la Primera Corporación insular han afirmado que Prats presentó la oferta más barata para el Plan Territorial Especial, la compañía Ingeniería Técnica Canaria S.A. considera que la adjudicación para la redacción del Plan obedece exclusivamente a las estrechas relaciones que el equipo de Prats mantiene con algunos técnicos de la Fundación.

Entre las consultoras que pujaron por redactar el planeamiento a que obligan las Directrices de Ordenación del Turismo del Gobierno de Canarias, presentaron ofertas un total de ocho aspirantes antes de que venciera el plazo convocado por el Cabildo en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas, que concluyó el pasado 25 de abril.

Entre las aspirantes, además del equipo de Prats, que ya redactó el PIOT de 1991, las modificaciones puntuales de 2000, con la llamada moratoria, y las de 2003, destacan consultoras como Gesplan, vinculada a la Consejería de Ordenación Territorial y Medio Ambiente, así como consultoras como La Roche, Casariego o Pointec, entre otras.

Concurso "inflado"

Los responsables del Cabildo ya advirtieron en su día de que la convocatoria del concurso, a cargo de la anterior presidenta del Cabildo, María José Docal, cuyo coste de elaboración del plan se fijó en 300.506 euros, estaba muy sobrevalorado y superaba con creces el coste real del proyecto.

Hasta hace poco, si la oferta presentada era más de un 20 por ciento inferior al precio de licitación, la candidatura se consideraba baja temeraria, pero ahora con la Nueva Ley de Contrato se sustituye la baja temeraria por un informe en el que la empresa candidata debe explicar las razones por las que se rebaja el presupuesto de licitación.

Esta explicación pasa entonces a los técnicos, que deciden si son serios y objetivos dichos argumentos para aceptar o no la oferta. Eso es precisamente lo que Ingeniería Técnica Canaria, S.A. no tiene muy claro.

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