La cuarta pieza del caso Unión que ha ido a juicio ya tiene sentencia. La titular del Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife, Aitziber Oleaga, ha condenado a los tres acusados que se sentaron en el banquillo el pasado lunes, Enrique Pérez Parrilla, Ubaldo Becerra y Rubén Placeres, por un delito de prevaricación administrativa.
El fallo considera probado que los tres, dos de ellos desde el Ayuntamiento de Arrecife y el tercero desde el Cabildo, permitieron la celebración de dos conciertos en el teatro insular "a sabiendas" de que carecía de licencia y de que había informes negativos que advertían de deficiencias en la seguridad de la instalación. "Asumieron un riesgo" y "no dudaron en poner en peligro a los ciudadanos", señala la magistrada.
La sentencia condena al ex alcalde de Arrecife, al ex concejal de Urbanismo y al ex consejero de Cultura del Cabildo a 7 años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público, que es la única pena que contempla el Código Penal para este tipo de delitos. Sin embargo, actualmente ninguno de los tres está en las instituciones.
"Grandes riesgos materiales y de vidas humanas"
En los hechos probados de la sentencia, la juez recuerda que las obras de modificación del salón polivalente del teatro fueron recepcionadas por el Cabildo en diciembre de 2008, pero cuando ocurrieron los hechos, a principios de 2009, no tenían licencia de apertura, que debía ser otorgada por el Ayuntamiento de Arrecife.
Sin embargo, la Consejería de Cultura, dirigida entonces por Rubén Placeres, programó la celebración de varios eventos musicales, firmando un contrato con la obra social de La Caja Insular de Ahorros de Canarias y Tribalia Gestión Cultural. En ese momento, el departamento de gerencia de riesgos de AON realizó una visita a las instalaciones y detectó "anomalías en los sistemas de detección de incendios y extinción, así como de señalización de evacuación, por lo que la correduría de seguros elaboró un informe en el que se hacía constar que las medidas de protección contra fuegos eran insuficientes y que ante siniestro, podría dar motivo a grandes daños materiales y de vidas humanas".
Pese a la existencia de ese informe, el Cabildo pidió al Ayuntamiento una licencia provisional de apertura para los días 4 y 13 de febrero, cuando tenían programados dos conciertos (el primero de Teresa Salgueiro y el segundo de Schika de Cantorumven"). Sin embargo, el técnico municipal emitió un informe negativo y el mismo día en que estaba previsto el primer concierto, el Ayuntamiento requirió al Cabildo "para que subsanase las deficiencias observadas". Además, el técnico de Cultura del Cabildo también emitió otro informe desaconsejando la celebración del acto, que pese a todo ello se terminó celebrando.
Placeres "llamó de forma insistente"
Durante esa mañana del 4 de febrero, tal como pusieron de relieve las conversaciones interceptadas por la UCO dentro del caso Unión, los tres acusados intercambiaron varias llamadas. "Rubén Placeres, consciente de la existencia de deficiencias en el teatro, llamó de forma insistente por teléfono al acusado Ubaldo Becerra, con el que mantenía cierta relación de confianza, influyendo de forma decisiva en la concesión de la licencia de apertura del teatro que le permitiese celebrar el concierto programado", señala la sentencia
Además, subraya que en una de esas conversaciones, Placeres se comprometió a cambio a "mirarle el tema de los 20.000 euros" a Becerra. Al respecto, la juez recuerda que durante el juicio, Ubaldo Becerra "reconoció que ese dinero se refería a una subvención que podía conseguir el consejero para él".
En cuanto a Pérez Parrilla, la sentencia también considera probado que prevaricó al permitir la celebración del concierto. Y es que aunque no llegaron a otorgar formalmente esa licencia, ambos "autorizaron por teléfono la apertura del teatro para la celebración del evento musical que tenía previsto celebrarse esa misma noche, comprometiéndose a no enviar a la Policía Local para que realizase cualquier tipo de control al respecto y asumiendo con ello el riesgo de que se pudiera provocar alguna desgracia para los asistentes al evento".
Por eso, la sentencia condena a Pérez Parrilla y a Ubaldo Becerra como autores de un delito de prevaricación y a Rubén Placeres como inductor de ese delito. Además, recuerda que el teatro cerró sus puertas en junio de 2009, justo después del estallido del caso Unión y de que los ahora condenados fueran llamados a declarar, y no volvió a abrir sus puertas hasta 2011, cuando por fin consiguió la licencia de apertura, tras realizarse las obras necesarias para cumplir con la normativa vigente en materia de seguridad.
