El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha mostrado su "absoluta perplejidad" por la nueva querella interpuesta contra él y contra el consejero de Agricultura de la institución, Antonio Morales, que achaca a la empresa Aloe Plus Lanzarote y que está relacionada con la adjudicación y explotación del centro de la cochinilla de Mala.
"Sólo se explica desde desde la clara intencionalidad política de ver al máximo responsable del Cabildo de Lanzarote entrar en los Juzgados para explicar un procedimiento obvio, habitual y reglado por la Ley (TRLCSP) y normativa de funcionamiento", señala en un comunicado, en el que tacha de "inaudito e inédito" lo ocurrido, a pesar de que la empresa a la que él mismo señala pertenece a la familia de su compañero de CC, Mario Pérez.
Además, San Ginés apunta que tanto él como Antonio Morales "no pueden ni tienen nada que explicar o declarar" sobre "el proceso y decisiones de la Mesa de Contratación" que acordó adjudicar el contrato a la empresa Lanzaloe. "Habría que preguntárselo, en su caso, a quienes conforman dicha Mesa", afirma el presidente del Cabildo, quien no obstante trasladado "todo" su "respaldo y respeto a las decisiones técnicas adoptadas" y el "reconocimiento a la honorabilidad de su trabajo", manifestando que está "convencido de que la propuesta de la empresa adjudicataria del centro fue la mejor de las presentadas al concurso".
Se afirma que ni San Ginés ni Morales intervinieron en el proceso
Desde el Cabildo se afirma que "la adjudicación se efectuó conforme a los criterios de valoración de los técnicos de esta Mesa de Contratación, conformada por los técnicos y funcionariado habilitado de la administración, y en ese momento por representantes de todos los partidos políticos, tanto del Gobierno como de la oposición, atendiendo a la aplicación exhaustiva de los pliegos y cláusulas técnicas y administrativas exigidas en el trámite y expediente de licitación pública".
"Ni el presidente del Cabildo de Lanzarote ni el consejero del área competente intervinieron ni en éste ni en ningún otro proceso de adjudicación resuelto por la Mesa de Contratación, cuyos dictámenes, informes y resoluciones son adoptadas íntegra y exclusivamente a propuesta de los miembros de este órganos", se asegura desde la institución, desde donde se apunta que "las únicas intervenciones en el proceso" de Pedro San Ginés y de Antonio Morales fueron "aquellas a las que por ley están obligados, como es la firma habilitada del contrato con el adjudicatario propuesto por la Mesa de Contratación, con todos los parabienes e informes técnico-jurídicos y administrativos pertinentes".
"La supuesta infracción administrativa habría sido -en todo caso- no atender la decisión y propuesta técnica elevada por la Mesa de Contratación, en la que no participaron", se añade desde el Cabildo, desde donde se indica asimismo que la propuesta de adjudicación de los contratos, a su vez, "emana de informes técnicos preceptivos, en los que tampoco tiene como responsables políticos ninguna participación".
Cuestiona que la empresa haya recurrido a la vía penal
Desde el Cabildo se afirma asimismo que "en la respuesta a las reclamaciones posteriores a la firma del contrato por parte de la Presidencia, ésta tampoco participo". "En estos actos administrativos, la Presidencia del Cabildo se limita a dar traslado de los informes técnico-jurídicos redactados por los técnicos habilitados de la administraciones", se señala desde la institución, desde donde se manifiesta que "todas las respuestas han sido emitidas, gestionadas y tramitadas directamente por los Servicios Jurídicos, el Órgano de Contratación y/o técnicos de la institución, sin ninguna injerencia o indicación de los responsables públicos".
Por último, desde la institución se señala que "en cualquier proceso cabe el derecho legítimo de las empresas no adjudicatarias a recurrir los acuerdos de dicho Órgano de Contratación", pero se apunta que "es la primera vez (al menos en el actual mandato) que ésta se dirige también contra el presidente del Cabildo y el consejero del área y lo hace además por procedimiento penal y no por lo contencioso-administrativo", que a juicio del Cabildo "sería lo normal".
Los "incumplimientos" denunciados según Antonio Morales
Aunque en el comunicado del Cabildo no se hace mención expresa a los hechos denunciados, el consejero de Agricultura de la institución, Antonio Morales, sí explicó en Radio Lanzarote-Onda Cero este miércoles que es porque la empresa denunciante entiende que hay "una serie de incumplimientos" como que "el suelo no es apto" para la actividad que se está desarrollando en el centro de la cochinilla y que "la actividad final no es la que realmente salió a concurso".
Según ha explicado Morales, alega asimismo que "no se tenía que haber permitido desde el Cabildo que se abriera el centro" y que "debería rescindirse el contrato" por el tiempo transcurrido entre la adjudicación, que tuvo lugar en 2014, y su apertura "hace unos meses". "Pero los servicios jurídicos y los técnicos del Cabildo entienden que no, porque en todo caso tiene que solicitarlo la empresa que ha ganado el concurso", ha afirmado el consejero.
"Nosotros entendemos que sí se cumple con el pliego y todo está basado en informes técnicos y jurídicos. Ahí los políticos no hemos entrado para nada, porque en la mesa de contratación, hasta la fecha, todo ha sido con informes jurídicos", ha asegurado Morales, insistiendo en que tanto él como Pedro San Ginés han actuado "con todos los informes técnicos en la mano".
