Las confesiones en el caso Yate del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y del ex secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, "son para colocarlas en un cartel en grande por la isla, para que los ciudadanos conozcan el modo de proceder de esta gente". Eso es lo que considera el activista lanzaroteño y ex consejero de Cabildo Pedro Hernández, que defiende que "no puede haber olvido" ni "impunidad" después del "daño que han hecho a la isla". De hecho, cree que aún faltan muchos nombres, ya que considera que Reyes "era una pieza, pero no la pieza principal".
"Nosotros teníamos la intuición de que estas cosas eran así, pero no teníamos las evidencias materiales", ha señalado Hernández, recordando "la presión ciudadana, la movilización y el activismo" que intentó frenar la especulación urbanística en Playa Blanca, donde ahora Reyes ha confesado que otorgaba licencias ilegales a cambio de sobornos.
"No estábamos locos. Sabíamos de qué estábamos hablando. Estábamos cualificados. Había mucha gente que hablaba y que sabía de qué se estaba hablando. Mucha gente que estaba trabajando, gente que estaba muy cualificada desde el aparato técnico del Plan Insular (del Cabildo) y la dirección jurídica que en esos momentos estaba ejerciendo una labor excepcional", ha recordado, refiriéndose al papel que jugó el Cabildo, y también la Fundación César Manrique, recurriendo esas licencias ilegales otorgadas por Reyes, que fueron después anuladas por los Tribunales.
Hernández ha relatado que en su momento él advirtió a Reyes sobre las actuaciones que estaba llevando a cabo. "Recuerdo hablar con el alcalde y decirte ‘te van a meter en la cárcel. No sigas por esa vía. Es una locura’. Y él decía ‘buaf… a mí no me va a pasar nada’. Así me contestó exactamente", ha rememorado el activista social. "Es la ilusión del ingenuo. Lo peor que puede pasar", ha añadido.
"Había una corte corrupta"
Ahora, después de que el ex alcalde y el ex secretario hayan reconocido que delinquieron, y que Reyes recibió cientos de miles de euros de empresarios y promotores por otorgar esas licencias ilegales, Pedro Hernández sostiene que debe aparecer el nombre de todos los políticos que en su día estuvieron implicados en las tramas urbanísticas en Lanzarote. "Tiene que aparecer quiénes son los delincuentes y corruptos del dinero", ha manifestado, insistiendo en que "es mucho lo que pasó en aquellas fechas para que todas estas personas sigan impunes en todo este sarao", ya que "había una corte corrupta desde el punto de vista político".
En declaraciones a Radio Lanzarote-Onda Cero, Hernández ha señalado que se trataba de "toda una corte de personajes que algún tipo de responsabilidad real deben tener" y que no es posible que esas personas "puedan seguir tomando decisiones políticas" y que "puedan seguir enriqueciéndose de la forma tan impune que se han enriquecido".
Hernández se ha referido especialmente al puerto deportivo Marina Rubicón, que se enfrentó a una importante oposición social y ecologista, así como a denuncias, expedientes y pleitos en los tribunales, pese a lo cual se siguió ejecutando. Y en este caso, Pedro Hernández considera que "la pieza clave estaba en el Gobierno de Canarias y en el Gobierno de Madrid, donde no querían hacer caso de todas las denuncias y de todos los papeles que les mandábamos en esos momentos".
"Los delincuentes han hablado, pero no han dicho quién les dio el dinero"
"Había, digamos, mucho escándalo mediático. Y la sociedad de la isla clamaba. Íbamos allí en multitud de ocasiones en forma de caravana, concentraciones distintas a los juzgados y nadie hacia caso. El presidente de Canarias, Román Rodríguez, lo permitía y miraba para otro lado. José Carlos Mauricio era el conseguidor de estos hombres en Madrid. Estaba de consejero de Obras Públicas en aquella fecha, Antonio Castro Cordobés. El jefe de Puertos era Domingo Berriel (que después fue consejero de Política Territorial del Gobierno canario). Toda una corte de personajes que algún tipo de responsabilidad real tienen que tener. No es posible que puedan seguir tomando decisiones políticas. No es posible que puedan seguir enriqueciéndose de la forma impune que se han enriquecido. Porque estos señores, los delincuentes, han hablado en los últimos días y le han dicho al juez cómo eran todas las cosas. Pero no le han dicho al juez quiénes son en concreto los que le daban el dinero y más dinero que les habrán dado", ha cuestionado.
"Hay mucha gente ahí que recibió mucha sosa. Nosotros le pillamos unas fotos a José Carlos Mauricio, que era diputado en Madrid, era el gran conseguidor, el gran presionador en la Dirección General de Costas para que eso saliese adelante. Le pillamos unas fotos un domingo por la mañana visitando en medio de todos los escombros las obras. Es mucho lo que pasó en aquellas fechas para que todas estas personas sigan impunes en todo este sarao", ha insistido.
Por eso, considera que la confesión de Reyes y el resto de los acusados debe ir ahora más allá. "Si pretenden rebajar las condenas alegando parte de la realidad, tenemos derecho y exigimos conocer todo, con todo lujo de detalles. Y eso es el carrusel de personas que estuvieron implicadas en toda esa trama de delincuencia", ha reflexionado.
"Resarcir" a la familia Medina y a los funcionarios del Cabildo
Además, considera que también es "primordial" resarcir de manera inmediata "el bien común de la isla" y "el daño más cercano": el que se hizo a la familia Medina. Así, ha subrayado que es necesario resarcir a esta familia, que fue desalojada de las casas de Berrugo en Playa Blanca para entregárselas a los propietarios del puerto Marina Rubicón. Hernández ha calificado a los Medina como un "ejemplo de dignidad" y "un espejo" en el que debe mirarse la sociedad de Lanzarote.
A su juicio, a esta familia se le hizo "un daño irreparable" y no se puede "mirar para otro lado". En este sentido, ha añadido que en este caso pasa como con la Guerra Civil: "los muertos en las cunetas y los que tienen la responsabilidad de reparar ese daño mirando para otro lado. Y eso lo tienen que saber los políticos y jueces que tienen la responsabilidad. Eso no puede quedar impune".
Igualmente ha pedido que sean resarcidas "todas las personas que fueron represaliadas por hacer su trabajo, que son funcionarios públicos". En concreto se ha referido al que era jefe de la Oficina del Plan Insular, Polo Díaz, que fue destituido por Pedro San Ginés, y también a la jurista Joana Macías. "Tienen que ser resarcidos de inmediato. Hoy se puede estar tardando mucho si no hay un decreto de restaurarlos a su lugar", ha reclamado Hernández.
