Las bodegas La Florida y La Geria también han solicitado autorización para instalar sendas plantas depuradoras de aguas residuales en sus instalaciones. Sus peticiones se suman a las que presentaron recientemente Bodegas El Grifo y Bodegas Martinón, que se encuentran actualmente en proceso de exposición pública.
Ahora, el Consejo Insular de Aguas ha sometido también a información pública estas dos solicitudes. Ambos anuncios han sido publicados este lunes en el Boletín Oficial de Canarias, tal como establece el Reglamento de Control de Vertidos para la protección del Dominio Público Hidráulico. Ese periodo de exposición pública se prolongará un plazo de 30 días, en el que se podrán presentar alegaciones, que deberían ser presentadas por el peticionario.
En el caso de Bodega La Florida, cuyas instalaciones se encuentran en el municipio de San Bartolomé, la licencia fue pedida por Ginés González Viera, en representación de la mercantil Agrícola La Florida, S.L. Esta bodega solicita poner una depuradora de aguas residuales individual con una capacidad de depuración máxima de 24 metros cúbicos al día. Por su parte, la planta que solicita instalar Bodegas La Geria, que se encuentra en el municipio de Yaiza, sería también de carácter individual y tendría una capacidad máxima de 20 metros cúbicos por día. Esta solicitud fue presentada por Ramón Lorenzo Melián Hernández, en representación de la mercantil Bodega La Geria, S.L. Según se especifica en los dos anuncios publicados en el BOC, ninguno de los proyectos requiere "constitución de servidumbre o declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios".
Según establece el Reglamento, antes de adoptar su decisión, el Consejo Insular de Aguas también "podrá solicitar informes, con carácter no vinculante, de las Consejerías competentes en materia de aguas y de medio ambiente". Esa normativa especifica que "la solicitud de los informes será preceptiva en relación con la Consejería competente en materia de medio ambiente y planificación territorial", cuando no se hubiera evacuado pronunciamiento previo.
La normativa también establece que hay un plazo máximo de 15 días para realizar esos informes y, en caso de que no lleguen en ese tiempo, "podrán proseguirse las actuaciones". Una vez completada la instrucción, se elevará una propuesta de resolución al órgano del Consejo competente para otorgar la autorización o rechazar la solicitud, en el plazo máximo de seis meses.
