El fin de la instrucción del caso Stratvs, que ya tiene escrito de acusación de la Fiscalía y este mismo año podría ir a juicio, no significa que la investigación haya terminado. Así lo refleja el fiscal Ignacio Stampa en su escrito de calificación, en el que pide que se abran nuevas diligencias centradas sólo en las subvenciones recibidas "de forma presuntamente delictiva" por Juan Francisco Rosa o algunas de sus sociedades para construir la bodega.
La Fiscalía considera que el empresario pudo incurrir en un delito de fraude de subvenciones, al recibir dinero público en concepto de ayudas para la "construcción ilegal de las edificaciones, instalaciones y/o desarrollo de la actividad del complejo Stratvs". Por eso, pide que se deduzca testimonio de esta parte de la causa, para que sea "objeto de instrucción e investigación en procedimiento separado".
Aunque en el escrito no se cuantifica el importe de esas subvenciones recibidas por Rosa o por sus empresas para esta actividad, que se puso en marcha sin licencias y en un suelo que ni siquiera pertenecía al empresario, el propio Juan Francisco Rosa reconoció en los Juzgados haber recibido al menos una de la Unión Europea.
En su última declaración en los Juzgados, el pasado 26 de noviembre de 2014, Rosa afirmó que "las subvenciones" que le han dado "legalmente" son "de la Comunidad Europea". Después agregó que "sólo he han dado una subvención" para "la compra de depósitos, para la maquinaria", aunque aseguró que no recordaba la cantidad.
Ahora, la Fiscalía pide que se investiguen todas las subvenciones públicas que hayan recibido "presuntamente de forma delictiva" tanto Juan Francisco Rosa como las sociedades BTL Lanzarote (actual dueña de la bodega), Juan Francisco Rosa e Hijos S.L. (anterior titular de Stratvs) o la sociedad Bodegas Stratvs S.L., para financiar "una construcción ilegal".
"Voracidad falsaria y defraudatoria"
En su escrito de acusación, la Fiscalía señala que "lejos de contener su voracidad falsaria y defraudatoria, Juan Francisco Rosa" utilizó distintas "maniobras" para "obtener beneficios económicos de diferentes administraciones públicas, a las cuales engañó premeditadamente, utilizando documentación ficticia con el fin de conseguir una vez más sus ilegales propósitos".
Además de las subvenciones que serán investigadas ahora en un nuevo procedimiento, en la causa principal se ha formulado acusación entre otras cosas por presuntos delitos de estafa. Según ha revelado la investigación, Rosa puso una finca como garantía hipotecaria para responder de deudas con Agencia Estatal de la Administración Tributaria y después con el Ayuntamiento de Yaiza, simulando que sobre ella se asentaba la bodega Stratvs.
Al hacerlo aportó una tasación que fijaba el valor de la finca en más de 6,4 millones de euros, cuando la realidad es que sobre ese suelo que puso como garantía no había construcción alguna. De hecho, Rosa lo compró por poco más de 48.000 euros. Según la Fiscalía, el empresario utilizó esa finca "según su capricho, conforme a las necesidades que se le iban planteando en relación con el complejo Stratvs", llegando a crear "la ficción" de que sobre ella se asentaba la bodega, ya que no era propietario de los terrenos donde realmente la construyó.
Impago de impuestos
Además, la Fiscalía relata distintos impagos de impuestos a las administraciones públicas. Desde el precio real que debió pagar por la licencia de obras otorgada ilegalmente (ya que el proyecto que presentó y que se autorizó nada tenía que ver con el que ejecutó), hasta la tasa por los vertidos de aguas residuales. Incluso, el fiscal señala que tras una inspección tributaria del Ayuntamiento de Yaiza, el Consistorio le reclamaba una deuda de casi 60.000 euros, "por diferentes actividades que se estaban llevando a cabo sin declarar, relacionadas con el complejo Stratvs", incluyendo el restaurante, "el comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas con vendedor y bibliotecas y museos, además de otra actividad de comercio al por mayor de frutas y verduras". Para responder de esa deuda, Rosa puso como garantía hipotecaria la finca en la que había simulado que se asentaba Stratvs, según el fiscal.
Junto a otros beneficios económicos obtenidos por el empresario, la Fiscalía también señala el valor del "rofe" y el material sustraído durante las excavaciones para realizar el macrocomplejo Stratvs, en un suelo que no le pertenecía. Según la tasación pericial, se extrajeron más de 44.000 metros cúbicos que fueron trasladados a otra finca de Rosa, que tendrían un valor de 266.581 euros. Por esta cantidad, además de por el derribo de la vivienda histórica preexistente en la finca y por el uso ilegítimo del suelo, la Fiscalía también pide que Rosa indemnice a los verdaderos propietarios del terreno que se han personado en la causa.
Respecto a los ingresos obtenidos por Juan Francisco Rosa por la actividad de Stratvs, no han podido cuantificarse ya que no hay datos oficiales de la empresa. Sólo hay constancia de los ingresos por venta de vino y explotación del complejo Stratvs en el año2011, que ascendieron a 2.718.828 euros, y del primer cuatrimestre de 2012, que llegaron a casi 778.000 euros.
Además, también obtuvo préstamos bancarios, según la Fiscalía, "falseando las condiciones necesarias para su obtención", al poner también como garantía hipotecaria la finca que sí era de su propiedad, y donde simuló que se encontraba la bodega.
Otra causa paralela abierta
La nueva causa que pide abrir la Fiscalía por las subvenciones recibidas por Stratvs se suma al procedimiento paralelo que se abrió ya el pasado mes de enero, tras la declaración como imputado del gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín.
Tras escuchar su declaración, la juez Silvia Muñoz vio indicios de nuevos delitos que nada tenían que ver con la causa por la que fue llamado a declarar, y en los que podrían verse implicados otros cargos públicos del Cabildo de Lanzarote. Por eso, decidió dar traslado de su declaración y de esos nuevos indicios a otro Juzgado, para que investigue si se han cometido presuntos delitos de prevaricación y/o malversación en los pagos que realiza el Cabildo a este funcionario. Y es que en los Juzgados, él mismo reconoció que ocupa varios cargos en la Corporación que serían incompatibles, y que cobra por todos ellos.
En su providencia, la juez recordaba que el Estatuto del Consejo Insular de Aguas, aprobado en 1997, especifica que el cargo de gerente es "incompatible con el de otras funciones públicas o privadas también retribuidas". Sin embargo, Duchemín declaró que además de ése ocupa "otros cargos en el Cabildo y son importantes". En concreto, especificó que también es "secretario del consorcio de bomberos", que realiza funciones "en los Centros Turísticos" y que está "adscrito a la Secretaría General". Y por todo ello, "recibe la retribución correspondiente en nómina", según explicó él mismo.
En su providencia, la juez señala que esta situación era "conocida tanto por la institución como por su servicio jurídico y administrativo", por lo que existen "indicios de que se ha omitido el control debido".
Durante su declaración, la juez también le preguntó por su formación para ocupar estos cargos, a lo que Hernández Duchemín respondió que tiene "Bachillerato y COU". Además, pese a que es gerente del Consorcio, no tiene "ninguna diplomatura", ni siquiera "un curso" relacionado con aguas. "Como manejaba más o menos la legislación, me nombraron", declaró Duchemín en los Juzgados, al ser preguntado por su designación para ocupar este cargo.
