La respuesta de la familia Murillo al [auto judicial por el que la ex alcaldesa de Arrecife y el ex secretario municipal quedaban libres de imputación->16261] en el procedimiento penal de "la Bufona", no se ha hecho esperar. El pasado 19 de febrero, Gonzalo Murillo Martín, hijo de Eduardo Murillo, quien hizo las primeras denuncias sobre irregularidades en las obras del Plan Parcial La Bufona, presentó un recurso de reforma a la resolución del titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife.
En el recurso aseguran que tanto María Isabel Déniz como Felipe Fernández Camero dieron su "bendición" a la "alteración de los linderos" en fincas de La Bufona al autorizar mediante un decreto la segregación solicitada por Antonio Caro Andrade, imputado en el caso, de una finca que, según el recurso de Murillo, tenía una superficie registrada de 50.824 metros cuadrados y que tras la segregación, según señalaron "los Gestores Municipales", aparecen dos fincas, una con la misma superficie que antes de la partición, 50.824 metros cuadrados, y una nueva finca de más de 7.000 metros cuadrados. El procurador de Murillo señala que esta segregación "autorizada por el edil del Ayuntamiento tiene el dudoso honor de ser la primera en este país que en lugar de detraer superficie a la parcela matriz, aumenta la misma".
El recurso también se muestra descontento con la respuesta del juez ante la denuncia hecha por Murillo de supuestas alteraciones Catastrales hechas para "dar cobertura y apariencia de legalidad a las irregularidades", explica. Por este motivo entiende que fuerza a que se continúe la instrucción "a fin de averiguar quién está detrás de tales maniobras y falsedades que afectan a los propietarios". En el auto judicial se explica que la investigación por las supuestas alteraciones catastrales "quedó resuelta" a través de un informe del gerente Regional del Catastro de Las Palmas.
Además, en el recurso Gonzalo Murillo denuncia que el auto judicial le coloca "en manifiesta indefensión" ya que según argumenta el recurrente, el juzgado "ha rechazado sistemáticamente" tomar declaración a los propietarios de las viviendas y pedirles las escrituras de compraventa, después de que las tres personas que continúan imputadas en el caso (Federico Echevarría, Antonio Caro y Francisco Carmona) derivaran "la responsabilidad de la invasión y edificación ilegal a los actuales propietarios", recoge el recurso. Propietarios entre los que se encuentra el fiscal coordinador de Lanzarote, Miguel Pallarés, el notario que intervino en el otorgamiento de las escrituras, Celestino Mendizábal, y la política Ástrid Pérez.
Nueva denuncia ante la APMUN
El auto judicial del que se hacía eco este jueves La Voz de Lanzarote, sostiene que una de las imputaciones que pesaba sobre María Isabel Déniz por haber levantado el precinto de obras decretado por la Agencia de Protección del medio Urbano y Natural (APMUN) no era cierta, entre otras cuestiones, porque según un informe elaborado el pasado 10 de diciembre por el Jefe de Sección de Actuaciones Previas de la APMUN, el precinto de las obras "no llegó nunca a ejecutarse".
Contra este informe Gonzalo Murillo elevó este mismo jueves una denuncia a la APMUN acusando de haber cometido supuestamente falsedad a su autor"con la finalidad de encubrir uno de los delitos por el que está imputada la ex alcaldesa de Arrecife", asegura Murillo en su denuncia y explica que tanto el Seprona como la entonces alcaldesa de Arrecife y actual presidenta del Cabildo, Manuela Armas, declararon que "dicho precinto sí se practicó".
El denunciante además entiende que ese informe "significa reconocer que esta APMUN comete prevaricación por omisión" ya que la no ejecución del precinto ha provocado un "grave daño al medio ambiente y a la ordenación del territorio".
En la denuncia solicita que el citado Jefe de Sección de Actuaciones Previas de la APMUN, autor del informe en cuestión, aclare por qué no se ejecutó el precinto y se permitió el daño al medio ambiente y los motivos por los que no se sancionan, ni demuelen decenas de viviendas "ilegales construidas sobre suelo rústico protegido y denunciadas por esta APMUN desde hace 8 años".
Murillo además acusa a la APMUN de "aplicar arbitrariamente unas leyes que demuestra conocer perfectamente" por no obligar a que se les sancione y se demuelan las "ilegalizables viviendas de La Bufona" y en cambio sí que se señalen este tipo de medidas sancionadoras en otro expediente que Murillo cita en su denuncia.
