El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, a través del Área de Transportes y Movilidad, ha iniciado dos nuevos expedientes sancionadores contra sendos vehículos por la presunta realización de servicios de transporte público de viajeros sin la autorización administrativa preceptiva.
Las dos actuaciones se produjeron durante la madrugada del pasado 6 de agosto en las inmediaciones del Centro Comercial La Marina, en Arrecife, coincidiendo con una jornada de especial afluencia de jóvenes a la zona de ocio. Los agentes de la Policía Nacional detectaron en ambos casos cómo los vehículos acudían reiteradamente al lugar para recoger pasajeros y posteriormente trasladarlos a diferentes puntos de la capital.
Durante la intervención, los agentes localizaron además tres teléfonos móviles y un terminal de pago electrónico, comprobando en uno de los dispositivos la existencia de un grupo de mensajería denominado “Uber”. El expediente señala que estos elementos se consideran indicios complementarios y que la imputación se fundamenta principalmente en la actuación observada por los agentes y en las manifestaciones de los pasajeros sobre el sistema empleado para solicitar el servicio.
Más de 8.000 euros en propuestas de sanción
Como consecuencia de ambas actuaciones, el Cabildo ha iniciado los correspondientes procedimientos sancionadores y tal y como señala el consejero de Transportes y Movilidad, Miguel Ángel Jiménez, “cada uno de los expedientes contempla una propuesta de sanción de 4.001 euros, por lo que la cuantía conjunta asciende a 8.002 euros”.
“Los hechos”, añade Jiménez, “están tipificados como infracción muy grave por la normativa canaria de transportes, al tratarse presuntamente de la realización de transportes públicos careciendo de la concesión, autorización o licencia que resulte preceptiva”.
El consejero recalca que “estas dos actuaciones demuestran la importancia de mantener una vigilancia activa sobre las nuevas fórmulas utilizadas para captar pasajeros. Estamos detectando una forma de intrusismo que se adapta rápidamente a los nuevos canales de comunicación. Ya no hablamos únicamente de recoger pasajeros directamente en la calle, sino de concertar previamente los servicios mediante teléfonos y aplicaciones de mensajería”, explicó Miguel Ángel Jiménez.
El consejero también ha puesto el foco en el cumplimiento de las reglas por parte del sector profesional. “Los transportistas autorizados están sometidos a unas obligaciones y controles precisamente para garantizar que el servicio se preste con todas las garantías. No es justo que quienes deciden situarse al margen de esas exigencias compitan en las mismas condiciones”, afirma.
Asimismo, Jiménez hizo un llamamiento a los usuarios para que comprueben que el servicio contratado corresponde a un operador legalmente autorizado. “Cuando una persona solicita un transporte a través de un número de teléfono o de una red social debe tener claro quién está detrás de ese servicio y si cuenta con la autorización necesaria. La comodidad de encontrar un vehículo rápidamente no puede estar por encima de las garantías que debe ofrecer un transporte regulado”, añadió.
Refuerzo de la colaboración con las fuerzas de seguridad
Las dos actuaciones se produjeron gracias a la labor de vigilancia desarrollada por agentes de la Policía Nacional en la zona de ocio de La Marina, que observaron los movimientos reiterados de ambos vehículos y procedieron a identificar a los conductores y pasajeros. Además, estos agentes trasladaron posteriormente toda la información a la Policía Local de Arrecife para la correspondiente formalización de la denuncia.
Desde el Cabildo se destaca la importancia de esta colaboración para detectar actividades que, por su propia naturaleza, pueden desarrollarse de manera discreta y utilizando canales digitales para contactar con los usuarios.
La Institución insular continuará con las labores de inspección y seguimiento de estas prácticas, al tiempo que recuerda a residentes y visitantes la importancia de contratar únicamente servicios de transporte debidamente autorizados, contribuyendo así a un sistema de movilidad más seguro, regulado y con garantías para todos los usuarios.
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