El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, está dispuesto a conceder el estatus de refugiada a Aminatou Haidar para que pueda regresar al Sáhara. La activista saharaui deberá solicitarlo para poder abandonar Lanzarote y volver así con su familia, como lleva exigiendo desde el pasado sábado, cuando llegó a Guacimeta.
Exteriores ha informado a través de un comunicado de que esta propuesta podría ser la salida a este conflicto que se ha instalado en la isla. Aminatou Haidar fue expulsada por las autoridades marroquíes el pasado sábado del aeropuerto de El Aaiún y fue enviada sin pasaporte a Lanzarote, donde emprendió una huelga de hambre.
No obstante, esta solución la ha planteado Moratinos como alternativa en caso de que Haidar se niegue a acudir al Consulado marroquí a solicitar otro pasaporte, tal y como insistió el ministro de Exteriores marroquí, durante la reunión que mantuvo este jueves en Rabat con su homólogo español.
Según el Ministerio de Asuntos Exteriores español, Taib Fasi Fihri aseguró durante el encuentro que Haidar había utilizado en los últimos años un pasaporte marroquí y había cumplido con todos los trámites administrativos, hasta el sábado, cuando se negó a cumplimentarlos. No obstante, le comunicó al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación que la señora Haidar podía acudir al Consulado marroquí para solicitar un nuevo pasaporte.
España se justifica
Por otra parte, el Gobierno de España ha defendido de nuevo su actuación en este caso y ha señalado que "las líneas aéreas que la transportaron, se vieron obligadas a retornarla cumpliendo con la normativa internacional de la OACI y la normativa Schengen". "El Gobierno no tiene competencia sobre la decisión de terceros Estados de rechazar la entrada en su territorio, ni tampoco sobre la de las compañías aéreas que aplican las normas internacionales", ha informado Exteriores en la nota de prensa.
Asimismo, ha vuelto a justificar la entrada de Aminatou Haidar en que dispone de una "autorización de residencia en España en vigor hasta el 21 de enero de 2010, y en aplicación de las circunstancias excepcionales previstas en la Ley de Extranjería". "Es la única decisión en este caso que compete a las autoridades españolas", ha indicado.
