Construyó tres naves, una planta de hormigón y una machacadora en suelo protegido y sin contar con licencia porque "sus asesores" le dijeron que podía hacerlo. Eso fue lo que alegó el administrador único de Hormiconsa, Miguel Morales, durante el interrogatorio al que se enfrentó al pasado lunes, en el primer día del juicio que se ha celebrado esta semana.
Según él, esos "asesores" le dijeron que tenía licencia por silencio administrativo, aunque en el Ayuntamiento ni siquiera consta que la hubieran solicitado, según confirmaron durante el juicio varios técnicos del Consistorio. Respecto a la calificación de la zona como suelo protegido, Morales alegó que esa catalogación no tenía sentido, porque sostiene que por esa zona no pasaba el jable, y que le dijeron que iba a ser modificada.
Sin embargo, pese a las preguntas del fiscal, Morales evitó poner nombre a esos "asesores" que le dijeron que siguiera adelante con la construcción. "¿Son los mismos que le defendían en el inicio de este proceso?", preguntó el fiscal, en referencia a Juana Fernández de las Heras, que es hija y compañera de despacho del que era secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero.
Al respecto, Miguel Morales se limitó a explicar que decidió cambiar de abogada en esta causa porque le estaba "metiendo en un lío".
Además, el nombre de Fernández Camero apareció en otro momento
de la vista, cuando Miguel Morales declaró que es administrador único de Hormiconsa, así como de "otras empresas". Entre ellas, incluyó el aparcamiento Islas Canarias, cuya licencia fue declarada ilegal, y actualmente está pendiente de ejecución de sentencia. Tras esta afirmación, el fiscal volvió a preguntar a Miguel Morales si formó parte de esa sociedad mixta del parking Islas Canarias (en la que está integrado el Ayuntamiento de Arrecife) junto a la entonces alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, y Felipe Fernández Camero. Sin embargo, Morales también evitó dar un sí.
El Ministerio Fiscal justificó estas preguntas en el hecho de que, en el inicio de este procedimiento, también se investigaron presuntos delitos de prevaricación por parte del grupo de gobierno de aquella época, presidido entonces por María Isabel Déniz. Y es que el denunciante de la causa, que fue Andrés Barreto en nombre de Alternativa Ciudadana, sostenía que el Ayuntamiento había permitido que continuaran las obras, a pesar de carecer de licencia y ubicarse en suelo protegido. Sin embargo, el hecho de que el Consistorio ordenara en su día la paralización y precinto de las obras (aunque éste no llegara a cumplirse) hizo que finalmente se archivara la causa, al menos de forma provisional, contra los representantes municipales.
Desobediencia
Precisamente ese precinto, que el Ayuntamiento ordenó tiempo después de que se registraran varias denuncias contra las obras, y cuando éstas ya estaban casi concluidas, es el que dio lugar a otra de las imputaciones que pesan sobre Miguel Morales. Y es que la Fiscalía sostiene que los trabajos siguieron adelante, pese a la orden de paralización.
En su defensa, Morales alegó que cuando se ordenó el precinto, las obras ya estaban terminadas, por lo que no incurrió en un delito de desobediencia. Además, señaló que si puso en funcionamiento las naves fue porque entendía que el precinto afectaba sólo a las obras de construcción, pero no a la actividad que se iba a desarrollar en su interior.
Sin embargo, éste fue uno de los puntos rebatidos por los técnicos que declararon como testigos durante el juicio. Incluso, durante la vista se llegó a mostrar una imagen de la inspección realizada un mes después de que se levantara el precinto, y en la que según los técnicos, queda acreditado que, aunque los trabajos estaban en la recta final, se continúo con la construcción de las naves después de que se ordenara la paralización.
Del mismo modo, las dos técnicos del Ayuntamiento de Arrecife que prestaron declaración negaron que Hormiconsa hubiera pedido licencia, tal como había alegado el acusado para defender que tenía licencia por silencio administrativo. La Fiscalía sostiene que los documentos de la solicitud que la defensa mostró en el juicio nada tienen que ver la obra que se realizó. "Si usted dice que pidió la licencia y el Ayuntamiento dice que no, ¿quién miente?, preguntó el fiscal. "Será el Ayuntamiento", respondió Morales.
