El empresario Miguel Morales, que este lunes se ha sentado en el banquillo de los acusados por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave a la autoridad, se ha presentado como una víctima de una causa que, según él, se originó por motivos "políticos". "Aunque no iban por mí, he sido el perjudicado", ha afirmado el empresario durante la vista oral, en referencia a la denuncia que presentó en su día Alternativa Ciudadana.
Durante un tenso interrogatorio, Morales ha intentado defender la construcción de tres naves, una planta de hormigón y una machacadora, que la empresa Hormiconsa levantó en suelo de protección de valor natural ecológico. Aunque siete técnicos del Cabildo, del Ayuntamiento de Arrecife y de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) han declarado durante el juicio que las obras se hicieron sin licencia y en suelo protegido donde no se podía construir, el empresario ha defendido que si realizó esa obra fue porque sus "asesores" le dijeron que podía hacerlo.
Sin embargo, pese a las preguntas del fiscal, Morales ha evitado poner nombre a esos "asesores". "¿Son los mismos que le defendían en el inicio de este proceso?", ha preguntado sin éxito el fiscal, en referencia a Juana Fernández de las Heras, que es hija y compañera de despacho del que fuera secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero.
Además, el nombre de Camero ha aparecido en otro momento de la vista, cuando Miguel Morales ha declarado que es administrador único de Hormiconsa, así como de "otras empresas", entre las que ha incluido el aparcamiento Islas Canarias. Tras esta afirmación, el fiscal ha vuelto a preguntar a Miguel Morales si formó parte de esa sociedad mixta (en la que está integrado el Ayuntamiento de Arrecife) junto a la entonces alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, y Felipe Fernández Camero. Sin embargo, Morales también ha evitado dar un sí.
El Ministerio Fiscal ha justificado estas preguntas en el hecho de que, en el inicio de este procedimiento, también se investigaron presuntos delitos de prevaricación por parte del grupo de gobierno de aquella época, presidido entonces por María Isabel Déniz. Y es que el denunciante de la causa, que fue Andrés Barreto en nombre de Alternativa Ciudadana, sostenía que el Ayuntamiento había permitido que continuaran las obras, a pesar de carecer de licencia y ubicarse en suelo protegido. Sin embargo, el hecho de que el Consistorio ordenara en su día la paralización y precinto de las obras hizo que finalmente se archivara la causa, al menos de forma provisional, contra los representantes municipales.
Desobediencia
Precisamente ese precinto, que el Ayuntamiento ordenó tiempo después de que se registraran varias denuncias contra las obras, es el que dio lugar a otra de las imputaciones que pesan sobre Miguel Morales, ya que la Fiscalía sostiene que los trabajos siguieron adelante, pese a la orden de paralización.
En su defensa, Morales ha alegado que cuando se ordenó el precinto, las obras ya estaban terminadas, por lo que no incurrió en un delito de desobediencia. Además, ha señalado que si puso en funcionamiento las naves fue porque entendía que el precinto afectaba sólo a las obras de construcción, pero no a la actividad que se iba a desarrollar en su interior.
Sin embargo, éste ha sido uno de los puntos rebatidos por los técnicos que este lunes han declarado como testigos durante el juicio. Incluso, durante la vista se ha llegado a mostrar una imagen de la inspección realizada un mes después de que se levantara el precinto, y en la que según los técnicos, queda acreditado que se continúo con la construcción de las naves después de que se ordenara la paralización de los trabajos.
Del mismo modo, las dos técnicos del Ayuntamiento de Arrecife que han prestado declaración han negado que Hormiconsa hubiera pedido licencia, tal como había alegado el acusado. Y es que la defensa de Morales ha intentado defender que contaban con licencia por silencio administrativo, ya que solicitaron los permisos pero no obtuvieron respuesta del Ayuntamiento. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que los documentos de la solicitud que se han mostrado nada tienen que ver la obra que se realizó. "Si usted dice que pidió la licencia y el Ayuntamiento dice que no, ¿quién miente?, ha preguntado el fiscal. "Será el Ayuntamiento", ha respondido Morales.
Además, las técnicos de Arrecife han declarado que se trataba de suelo rústico en el que no se podía construir, y en la misma línea se han pronunciado los cuatro técnicos de la Oficina del PIOT que han prestado declaración. Sus testimonios han rebatido otro de los argumentos de la defensa, que sostiene que no puede ser suelo de protección, ya que alega que por esa zona no pasaba jable. Sobre este punto, todos los técnicos del Cabildo han coincidido en que ésa es la clasificación del suelo en la zona, y que por tanto no se podía haber llevado a cabo la construcción.
Trabajadores y "principio de igualdad"
Además de intentar defender su actuación como administrador de Hormiconsa, Miguel Morales también ha apelado a los puestos de trabajo que da esta empresa, y en particular en las naves y en la machacadora. Incluso, ha asegurado que con él se vulneró "el principio de igualdad", asegurando que en la misma zona se hicieron obras que no se denunciaron. Algo que ha sido desmentido también por los técnicos.
En la misma línea, presentándose como una víctima de esta situación, Miguel Morales también ha llegado a quejarse durante el juicio de que, debido a este procedimiento, el Gobierno de Canarias le ha negado subvenciones.
Tras las declaraciones del acusado y de seis técnicos, la vista continuará este martes, con la declaración del denunciante, Andrés Barreto, y con las conclusiones finales de la defensa y de la Fiscalía, que inicialmente pide tres años y siete meses de cárcel para Morales, así como una multa de 60.000 euros y la demolición de las naves.
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