La viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias publicó en la edición del pasado miércoles del Boletín Oficial de Canarias el inicio del expediente de extinción del emisario submarino en el plan parcial Costa Papagayo, que vertía desde tierra al mar. El permiso lo había otorgado la Dirección General de Aguas en el año 1993. En 2002 se inició el proceso para ajustar su autorización a las nuevas leyes, pero el solicitante desistió. Nueve años después, todavía no se ha regularizado la situación de esa infraestructura.
En marzo de 2007, una inspección sanitaria en esa zona detecta que "se están regando zonas próximas a la actividad humana con agua depurada que presenta un fuere olor desagradable característico de aguas fecales" y advierte de la prohibición de regar con ese tipo de agua hasta que se disponga de todas las autorizaciones. Asimismo, se requiere información al Consejo Insular de Aguas sobre su autorización y control de la planta depuradora.
Unos meses más tarde, otro informe de una inspectora de Salud Pública del Área de Lanzarote, tras una toma de muestra de agua y su posterior análisis en el laboratorio, detecta deficiencias en el proceso depurativo y un crecimiento de microorganismos indicadores de contaminación fecal, y que parte de ese agua se vierte a una zona costera próxima a la playa, así como que el agua se usa para regar jardines.
"La actual situación de esta instalación supone un grave peligro para la salud pública", decía el informe, que concluía que "resulta necesario ejercer las acciones y controles establecidos para que esta situación de peligro para la salud pública sea controlada eficaz y definitivamente".
El Consejo Insular de aguas, ante la petición de información de la situación de la depuradora, emitió una resolución en la que señalaba que la instalación no consta en el registro del Consejo y que no hay autorización ni para la instalación de la depuradora ni para la reutilización de las aguas. El Consejo requiere, entonces, al plan parcial, que cese el riego con ese agua y que haga las actuaciones de renovación oportunas para adaptarse a la normativa.
También pidió que se paralizaran las instalaciones de depuración, que se diera traslado de esa resolución a la viceconsejería de Medio Ambiente y se pusieron los hechos en conocimiento del Juzgado, abriendo diligencias el Juzgado número 3 por un presunto delito contra el medio ambiente contra Juan Francisco Rosa, presidente del plan parcial. Ese procedimiento se archivó a petición de la Fiscalía ya que no se llegaron a encontrar pruebas fehacientes de los vertidos denunciados por el Área de Salud.
Convenio
A raíz se esa solicitud de legalización, en el año 2008 se redactó un borrador de convenio para regularizar la situación del tratamiento de aguas depuradas de ese plan parcial. El convenio tenía que ser suscrito entre el Consejo Insular de Aguas, Inalsa, el Ayuntamiento de Yaiza y la Entidad Urbanística Colaboradora del Plan Parcial Costa Papagayo, pero el Cabildo informó negativamente.
El Consejo Insular de Aguas se negó a asumir la infraestructura de depuración, que fue creada como una carga de la urbanización, es decir, una obligación de los promotores para poder desarrollar el plan parcial. La negativa se produjo, entre otros motivos, porque el plan parcial no está recepcionado por parte del Ayuntamiento de Yaiza. No consta la finalización de obra y certificación del plan parcial por parte de la oficina técnica.
Obras de renovación
El plan, por otra parte, no cumple sus propias determinaciones en materia de suelos libres y del 25 por ciento de suelo para dotaciones que obligaba el Plan Insular de Ordenación. Además, la depuradora del plan parcial se diseñó para una menor capacidad de carga de la que soporta, en cuanto a número de personas y consumo de agua, motivo por el que necesitaría de unas obras de renovación por parte de los promotores.
Durante todo este tiempo no se ha adecuado la autorización a la normativa, ni consta que se haya parado la depuración de aguas. La Administración regional ha acabado por publicar el anuncio de extinción en el Boletín Oficial de Canarias ante la imposibilidad de comunicarle la resolución a la sociedad Lanzarote Sur S.A., ya que su hoja de inscripción en el Registro mercantil fue cerrada por incumplimiento de sus obligaciones fiscales.
ACN Press
