El secretario general del Partido Popular de Lanzarote y consejero en el Cabildo, Jacobo Medina, ha señalado "el irresponsable abandono" al que el Gobierno del Estado tiene sometidas a la islas en materia de inmigración, mientras no cesa las llegadas de pateras y el tráfico de seres humanos "se sigue cobrando nuevas vidas".
“Ya está bien de que se siga mirando para otro lado y de crear polémicas interesadas cuando lo que realmente está pasando es que el Estado se ha desentendido por completo de nuestra realidad y del grave problema que nos afecta”, señala Jacobo Medina. “Es incomprensible que a día de hoy sigamos sin tener instalado el radar del SIVE. Y no hablamos de unos meses, hablamos de seis años, el tiempo que hace que ese equipamiento lleva en las cajas y es una vergüenza, porque sistemas como éste es el que contribuye y permite que se puedan salvaguardar vidas”, añade.
“Es intolerable que en una crisis migratoria de estas características, cuando el año pasado llegaron a nuestras costas casi 5000 personas, el Gobierno socialista de Sánchez no afronte el problema y que cuando decide actuar lo hace siempre tarde y mal, desde la improvisación, como si el problema fuera nuevo, y echando balones fuera”, señala.
"Estamos viendo cómo pasan los meses y se llega al ecuador del mandato sin que se haga absolutamente nada para frenar la llegada incesante de pateras a nuestras costas, evitar las muertes que acarrea el fenómeno migratorio o se disponga de un centro de atención adecuado", señalan desde el PP.
Desde el Partido Popular señalan que en apenas cinco días "han llegado a la isla casi 600 inmigrantes, entre ellos mujeres embarazadas y algunos bebés". "Y lo hacen en la misma situación de falta de recursos y medios que hace dos años porque han sido incapaces de dar una respuesta efectiva a las carencias que presentan la isla de Lanzarote y La Graciosa en esta materia", denuncian los populares.
Desde las filas del PP tampoco comparten lo que consideran un “silencio cómplice e irresponsable” del Cabildo de Lanzarote con respecto a la "pasividad y la negligencia" del Gobierno del Estado.
