Matías Curbelo, uno de los imputados en el caso Unión ha sido trasladado nuevamente a la cárcel de Tahíche en los últimos días. Según ha podido saber La Voz de Lanzarote Curbelo, considerado la mano derecha del líder del PIL, fue trasladado para declarar ante el juez que instruye la causa César Romero Pamparacuatro, en días de la semana pasada. Su declaración en el juzgado de instrucción número 5 de Arrecife se prolongó durante horas, y tras la cual fue llevado nuevamente a Tahíche.
Matías Curbelo detenido en el marco de la Operación Unión el 25 de mayo en Arrecife imputado por cohecho, había sido trasladado a la cárcel del Salto de Negro en Gran Canaria junto a otro de los detenidos, el concejal del Pil José Miguel Rodríguez, el pasado 23 de junio. Una decisión tomada por Instituciones Penitenciarias, de acuerdo con el juez César Romero Pamparacuatro, que también afectó a Dimas Martín y al empresario Luis LLeó que fueron trasladados a cárceles de Tenerife. Hasta el momento no ha transcendido si Curbelo permanecerá en prisión preventiva en Tahíche o si será nuevamentetrasladado a la prisión del Salto del negro en Gran Canaria donde ha estado ingresado durante el último mes.
Los siete encarcelados por la operación Unión, Dimas Martín, Ubaldo Becerra, José Miguel Rodríguez, Matías Curbelo, Segundo Rodríguez, y los empresarios Fernando Becerra y Luís Lleó cumplen en estos dos días dos meses en prisión después de que el Juez decretara su encarcelamiento tras serle imputados sendos delitos de cohecho y en el caso de Dimas Martín otro de tráfico de influencias
La comparecencia de Curbelo ante César Romero Pamparacuatro podría obedecer a una solicitud del propio imputado, o a una decisión del magistrado, que podría haber requerido su testimonio tras el estudio de la documentación incautada en el marco de esta operación por parte de los agentes de la UCO. Los miembros de esta unidad de la Guardia Civil registraron en los últimos días de mayo el ayuntamiento de Arrecife, el de Yaiza, así como viviendas particulares y distintas empresas, además de algunos estudios de arquitectos, incautándose de ingente cantidad de documentación que está siendo estudiada por los responsables de la investigación judicial.
