"Prestigioso catedrático", "insigne administrativo" y "maestro de varias generaciones de estudiosos de esta rama jurídica, entre los que se encuentra el letrado abajo firmante". Así se refería el abogado Felipe Fernández Camero al catedrático Rafael Entrena Cuesta, cuando aportó a los Juzgados el informe que este destacado jurista elaboró para el Ayuntamiento en defensa del macroproyecto que pretendía construir Luis Lleó en la parcela de Costa Roja.
El informe está fechado el 23 de mayo de 2007 y el Ayuntamiento de Yaiza pagó por él 27.000 euros. Sin embargo, varios correos electrónicos interceptados en el marco del caso "Unión", y aportados recientemente a la causa abierta por la licencia de Costa Roja, revelan que fue el propio Luis Lleó quien dio las instrucciones a Entrena Cuesta para realizar ese dictamen.
Según sostiene la Fiscalía en un escrito fechado el pasado 14 de marzo, el informe del catedrático era una "absoluta farsa" para avalar la licencia que el Ayuntamiento ya había otorgado a Lleó para el proyecto básico del proyecto; para justificar la licencia de ejecución que se concedió días después de recibir este dictamen, y también para dar argumentos a la defensa de Reyes y dos técnicos, que habían sido imputados por estos hechos.
"Con todo esto se blindaría al alcalde respecto al proceso penal, al tener un soporte jurídico sólido" , sostiene Lleó en uno de los correos electrónicos que envió a Ramón Entrena Cuesta (hermano de Rafael Entrena), y en los que daba instrucciones precisas de cómo debía elaborarse ese informe.
"Sería muy interesante hacer gestión con el entorno del juez"
En ese correo, dirigido también al ex vocal del Consejo General del Poder Judicial Enrique Arnaldo Alcubilla (que es socio de ese despacho), Lleó les pedía incluso que influyeran en este procedimiento penal contra Reyes y dos técnicos, que en ese momento acababa de abrirse.
"Sería muy interesante hacer gestión personal con preparador o entorno del magistrado-juez, al ser el primer destino como magistrado y está bastante perdido. Lleva una semana en el Juzgado, al objeto de lograr que cuanto menos hasta después de las elecciones no haya sobresaltos con este asunto penal. Inclusive solicitar al tratarse el querellante de persona física, don Carlos Espino Angulo, una fianza razonable", planteaba Lleó en ese correo electrónico, refiriéndose a esta causa abierta tras la denuncia del entonces consejero de Política Territorial del Cabildo.
En cuanto al informe elaborado por Entrena Cuesta, el fiscal Ignacio Stampa señala en su escrito que está "repleto de parabienes a la actuación municipal tanto pasada (proyecto básico) como futura (proyecto de ejecución), respecto a dicho macroproyecto urbanístico, desoyendo a sabiendas la normativa realmente de aplicación", que se "infringía clamorosamente" (de hecho, la Justicia paralizó este proyecto, adoptando en su día medidas cautelares).
En este sentido, la Fiscalía agrega que "no puede caber lugar a duda" de que Entrena Cuesta era consciente de ello, "dada su condición de catedrático de derecho administrativo y abogado", y sostiene que con su informe indujo directamente "a los responsables municipales a no poner traba alguna al proyecto, cumpliendo las instrucciones dadas por Luis Lleó".
"Una persona con suficiente poder de influencia y conocimientos jurídicos"
La Fiscalía considera que, a su vez, Lleó cumplía "instrucciones" recibidas "desde el ámbito cercano al alcalde". De hecho, en el correo que envía Lleó a Entrena Cuesta, justo antes de empezar a detallarle cuál es el objeto del dictamen que debe realizar, señala: "me piden que se haga de la siguiente manera".
Al respecto, el fiscal habla de una confabulación entre todos ellos y señala que "existe más de una persona con el suficiente poder de influencia y conocimientos jurídicos en materia administrativa en el Ayuntamiento como para dirigir todos y cada uno de los pasos que dicho alcalde va a dar al respecto".
A continuación, el fiscal recuerda que el Ayuntamiento "venía contando desde hace más de 15 años con el asesoramiento de Felipe Fernández Camero", tanto en "la inmensa mayoría de los numerosísimos pleitos" por las licencias ilegales, como en las causas penales que estaban abiertas en ese momento contra Reyes. Además, Fernández Camero "fue el letrado que defendió las mismas tesis que Luis Lleó, pero en nombre del Ayuntamiento de Yaiza", en el caso de Costa Roja. De hecho, él mismo aportó al Juzgado el informe de Entrena Cuesta, ensalzando su figura como reconocido jurista, reproduciendo parte de su informe y asumiendo íntegramente su contenido.
"Felipe Fernández Camero influyó decisivamente en los responsables municipales para que no pusieran obstáculos a los intereses urbanísticos del promotor Luis Lleó", sostiene la Fiscalía, que con esos correos electrónicos ha conseguido poner sobre la mesa la presunta connivencia que lleva años denunciándose entre políticos, técnicos, empresarios y abogados en Yaiza.
Informes técnicos y jurídicos "parcos"
En el correo en el que Lleó da instrucciones a Entrena, le va detallando cómo debe realizar su informe, basándose en lo que a su vez le han pedido a él. Así, le dice al catedrático que el dictamen debe "preservar lo existente" y "añadir" un informe de viabilidad sobre una propuesta de convenio urbanístico con los titulares de Costa Roja, para justificar el desarrollo urbanístico de esa parcela.
"Entienden que el dictamen debe dar cobertura jurídica al mismo y el alcalde lo llevaría a la Junta de Gobierno para la aprobación por unanimidad del Convenio (recordamos que gobierna con mayoría absoluta)", señala Lleó en ese correo dirigido al hermano del catedrático. "Se trata de darle cobertura legal al alcalde en su decreto ante los informes técnico y jurídico (parcos) obrantes en el expediente" , agrega.
Esa última frase, evidenciaría también la tesis que la Fiscalía ha mantenido en otras muchas causas que se instruyen por las licencias urbanísticas ilegales concedidas por Reyes, y en las que ha denunciado que los técnicos también realizaban informes presuntamente a la carta, vaciándolos de contenido para no poner reparos a la concesión de los permisos.
"Existen múltiples corroboraciones objetivas de la referida maniobra delictiva, ya que los informes del secretario y del técnico imputados son efectivamente parcos, tal y como se establece que sean en el correo electrónico", sostiene la Fiscalía. De hecho, los técnicos se limitaron a señalar que "se reiteraban" en los informes favorables emitidos con ocasión del proyecto básico.
"Sintonía entre Lleó y el secretario"
Además, el fiscal subraya la "sintonía" que existía entre Luis Lleó y otro de los imputados en la causa, el secretario municipal Vicente Bartolomé Fuentes. En este sentido, reproduce algunos correos electrónicos que entiende que "no dejan lugar a dudas".
"Estimado Vicente. De conformidad con nuestra última conversación te remito borrador convenio urbanístico y normativa que he encontrado para que me digas tu parecer jurídico y consideraciones técnicas al objeto de cerrar con el Ayuntamiento el convenio, ya que vamos justos de tiempo para continuar la tramitación del PGO de Yaiza", señala Lleó en un mail dirigido al secretario de Yaiza.
En otro correo, enviado por Lleó a una mujer en julio de 2007, el empresario le pide que realice una gestión con Bartolomé Fuentes: "Mañana martes, cuando bajes al Ayuntamiento de Yaiza pases por el despacho del secretario del Ayuntamiento don Vicente y te presentas como mi secretaria y te dará un sobre grande con papeles. Lo dejas en mi gaveta de mi mesa. Gracias".
Además de correos electrónicos, a la causa de Costa Roja también se han sumado conversaciones telefónicas interceptadas en el marco de otro procedimiento, el de la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca (caso Yate), que también han arrojado luz a esta causa. "De las escuchas telefónicas unidas a los autos se deduce que los imputados actuaron de común acuerdo", sostiene la Audiencia Provincial en un auto fechado el pasado mes de febrero, en el que rechazó un recurso del ex alcalde y los dos técnicos que estaban imputados hasta ese momento.
En esas conversaciones, según subraya la Fiscalía, "Reyes hacía continuas referencias a la confabuladora estrategia ilegal descrita y además sacaba a relucir de forma repetitiva la existencia de un convenio urbanístico con el promotor, como se constata en conversaciones transcritas" con distintas personas, como el concejal de Urbanismo José Antonio Rodríguez, perteneciente también al PNL.
"Ponemos plazo y precio"
"Me piden que me la hagas llegar firmada y el Ayuntamiento nos la sella y firma el alcalde, donde ponemos objeto del dictamen, plazo y precio". Así le explicaba Lleó a Entrena Cuesta cómo debía presentarse la "hoja de encargo" del informe que iba a realizar para el Consistorio. El correo electrónico de Lleó es del 28 de abril de 2007, pero le advertía que la fecha que debía poner en esa hoja de encargo era el 6 de marzo de 2007 (casi dos meses antes).
Además, el Ayuntamiento no hizo ninguna retención de crédito para abonar esa suma, hasta que el trabajo ya estuvo entregado. Algo que el fiscal señala como "incongruente" en una administración pública. Por otra parte, destaca que el precio pagado por el dictamen superaba ampliamente los 12.020,24 euros que establece la ley para los contratos menores que se pueden adjudicar de formar directa.
La Fiscalía considera que ese servicio se contrató "de forma directa y plenamente arbitraria, incurriendo todos los intervinientes en un presunto delito de prevaricación, a título de autores directos, cooperadores necesarios e inductores, en relación con un delito de fraude a la administración".
Y todo ello, sumado a un delito de continuado de prevaricación urbanística y otro de malversación de caudales públicos. "Presuntamente se abona por parte de una administración pública, al margen del procedimiento legalmente establecido, una cantidad de más de 23.000 euros" (27.000 sumando las retenciones de IRPF) "con el único fin de tratar de justificar, antes los tribunales de Justicia, hechos que todos los intervinientes conocían sobradamente que no sólo eran ilícitos, sino delictivos", concluye el fiscal.
Nuevos imputados y diligencias
A raíz de este escrito de la Fiscalía, en el que pedía incluir nuevos delitos e imputados en la causa, la juez del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife, Ángela López-Yuste, acordó el pasado 22 de marzo la imputación de Rafael Entrena Cuesta y Felipe Fernández Camero por presuntos delitos de inducción a la prevaricación urbanística, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.
Además, reabrió las actuaciones contra Luis Lleó, que habían sido archivadas, imputándole delitos prevaricación urbanística continuada, prevaricación administrativa, fraude a la administración y malversación.
En cuanto a las tres personas que estaban imputadas hasta ahora en la causa, dos de ellas suman nuevos cargos. Así, tanto José Francisco Reyes como Vicente Bartolomé Fuentes se enfrentan también a imputaciones por prevaricación, fraude y malversación, mientras que el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, sigue imputado solo por prevaricación urbanística.
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