Los vecinos del Plan Parcial Playa Blanca han empezado a organizarse y ya han puesto el tema en manos de un abogado para presentar una querella criminal contra los promotores. Consideran que han sido víctimas de una estafa, porque en las escrituras de sus viviendas se dejaba constancia de que estaban "libres de cargas", y ahora se han encontrado con que todo el Plan estaba inmerso en un mar de procesos judiciales que están empezando a salir a la luz, por un lado con la anulación del proyecto de urbanización del plan en su conjunto, y por otro con la anulación de varias licencias de obras dentro del Plan.
"Nos han engañado. Los promotores nos ocultaron esta situación", afirma uno de los afectados. En total, son más de 400 familias, que intentan unirse para acudir juntas a los tribunales con un único letrado y compartir los gastos del proceso. Y de momento, según explican, ya habrían confirmado su voluntad de interponer una querella conjunta cerca del 70 por ciento de los afectados.
Así, mientras los promotores enviaban la pasada semana un comunicado en nombre de los empresarios y de los compradores de las viviendas, exigiendo soluciones y amenazando con denunciar a todas las instituciones implicadas, los vecinos marcan distancias y tienen claro que si se ven las caras en los juzgados, será con los promotores en el banquillo de los acusados.
Además, no están dispuestos a detenerse ahí y también estudian accionar contra el Cabildo, ya que creen que "aunque los promotores hubieran querido ocultarnos la situación", la Corporación podría haberlo impedido. En concreto, le reprochan que no realizara en su día una anotación preventiva de las demandas en el Registro de la Propiedad, ya que esto les hubiera permitido conocer lo que sucedía antes de formalizar la compra de sus viviendas.
Sin embargo, desde el Cabildo sostienen que quien presenta un recurso no está obligado a anotarlo en el Registro y que, en todo caso, esa responsabilidad recae sobre el Ayuntamiento de Yaiza, ya que la ley obliga a los consistorios a comunicar la existencia de un recurso a todos los posibles interesados, y por supuesto sobre los promotores, que cuando construyeron y vendieron las casas ya se enfrentaban primero a un recurso del Gobierno de Canarias y posteriormente a otros del Cabildo y de la Fundación César Manrique.
Precisamente esta última sí solicitó medidas cautelares al Juzgado y fueron rechazadas, pese a que finalmente la sentencia terminó dándole la razón al anular el proyecto de urbanización del plan. Y es que la adopción de medidas cautelares entraña un riesgo en caso de que finalmente la justicia desestime el recurso.
Pese a ello, y con el inicio de esta legislatura, desde el Cabildo sostienen que "al detectar que se había disparado el desarrollo de la zona", la nueva presidenta, Manuela Armas, decidió solicitar medidas cautelares para evitar, entre otras cosas, que siguiera aumentando la lista de perjudicados.
"GOLFADA"
"Lo que no puede ser es que se acuse al Cabildo al mismo tiempo de ser despiadado y de tirar para adelante sin medir las consecuencias, y por otro lado decir que teníamos que haber ido más allá", afirma el consejero de Presidencia del Cabildo, Carlos Espino, en respuesta a las quejas que plantean los vecinos. De hecho, sostiene que inicialmente se intentó actuar con prudencia pero, al ver que los promotores no tenían voluntad de resolver la situación y, por el contrario, continuaban construyendo y habían empezado a vender casas en un plan que el Cabildo considera extinguido, decidieron actuar con "mayor contundencia", y solicitaron que quedara constancia en el Registro de las demandas abiertas.
"No se puede hacer responsable a la administración pública de las gamberradas, de las golfadas, de las estafas de un grupo de promotores que han aprovechado la velocidad normal de actuar de las administraciones para actuar en plan 'coge el dinero y corre', pretendiendo colocar a un grupo de afectados como rehenes o escudos humanos de una situación que ellos mismos han creado", afirma Espino.
De hecho, cuando los juzgados empezaron a adoptar medidas cautelares, parando obras y haciendo anotaciones en el Registro de la Propiedad, complicando así la venta de más viviendas, fue cuando los promotores intentaron abrir un diálogo con el Cabildo. La propia presidenta del Cabildo, Manuela Armas, reconoció la pasada semana que la Corporación inició esas conversaciones e incluso durante un tiempo solicitó que se levantaran las medidas cautelares, pero el diálogo no llegó a nada. "Abusando de la buena fe mostrada por esta Presidencia, la verdadera intención de los promotores nunca fue la de tratar de encontrar una salida a las viviendas terminadas, sino más bien la de ganar tiempo para tratar de mantener a toda costa la vigencia y capacidad edificatoria de su Plan Parcial por la vía de los hechos consumados, pretendiendo no solo la búsqueda de alguna solución para las edificaciones realizadas y adquiridas por terceros, sino pretendiendo edificar otras 1.200 nuevas viviendas en el resto del suelo de dicho Plan", afirmó la presidenta.
Y es que para el Cabildo, cualquier acuerdo sobre los recursos interpuestos en el Plan Parcial Playa Blanca "tendría que partir de la inexistencia del Plan y la paralela existencia de edificaciones ilícitamente terminadas, a las que habría de aplicar un régimen especial por la vía de otros planeamientos".
ATRAPADOS
Mientras tanto, las medidas cautelares siguen llegando paulatinamente, por orden judicial, a las distintas parcelas de la zona: a las que no han llegado a construirse, a las que están levantadas pero aún no se han vendido y también a las que ya están escrituradas a nombre de los compradores, que ahora también se ven perjudicados por esas medidas. "Estamos en una especie de trampa. Estamos imposibilitados de vender. Ni siquiera nuestros herederos podrían vender las casas", lamenta uno de los afectados, que está vinculado al mundo del derecho y, junto a otros vecinos, se está organizando para preparar esa querella conjunta.
Por su parte, en una encrucijada aún mayor se encuentran algunas personas que iniciaron la compra pero que todavía no han terminado el proceso. Y es que aunque quieren dar marcha atrás, los promotores podrían acusarles de incumplimiento del contrato, por lo que algunos abogados les han recomendado que "igual es mejor terminar la compra" y luego presentar la querella.´
En cualquier caso, tanto los que estaban a mitad del proceso como los que ya tienen sus casas escrituradas desde hace más de un año, comparten incertidumbres sobre el futuro, pero también la certeza de que van a ir "a por todas".
