Los tres técnicos del Cabildo procesados por su implicación en el caso de los baños de Los Dolores han acudido este lunes por la mañana a declarar al Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife en calidad de imputados.
Tras la denuncia de los consejeros socialistas en 2003, el Ministerio Público considera que la ubicación concreta de los baños fue decisión de estos técnicos de la Primera Corporación.
Con estas tres nuevas imputaciones, se eleva a seis el número de procesados, pues en la investigación están también implicados los consejeros Sergio Machín y Mario Pérez, junto al ex presidente del Cabildo Dimas Martín Martín.
El Juzgado quiere determinar el grado de implicación de los tres técnicos en la ejecución de las obras de los baños de Los Dolores, en Mancha Blanca, unas obras que podrían ser consideradas como delictivas.
Un arquitecto técnico y el ingeniero jefe del Cabildo están acusados de dos delitos: Daños en el Patrimonio Histórico, al destruir parte de la colada volcánica de la Ermita; y Prevaricación, al autorizar la construcción de los aseos en su entorno, sin contar con los preceptivos informes previos.
A un tercer técnico se le acusa de Falsedad de Documento Oficial, al no haber incluido presuntamente en el acta de replanteo de las obras la fecha de inicio de las mismas. Según este funcionario, antes del 21de julio de 2003 no se había ejecutado trabajo alguno, pero esto se contradice con lasfotografías del Servicio de Protección de la Naturaleza Seprona de la Guardia Civil, que acreditan que las obras se iniciaron antes del día 21.
La autoría de los planos, presupuestos y memorias correspondió al arquitecto, cuyo trabajo contó siempre con el visto bueno del ingeniero jefe. Según el fiscal, la autorización de unas obras que implicaban intervenir en un Bien de Interés Cultural (BIC) como la Ermita debía haber contado con informes preceptivos.
La acusación considera probado que los funcionarios no atendieron las sugerencias del informe del inspector de Patrimonio, Manuel Perdomo, que desaconsejaba la ubicación para los baños y recomendaba situarlos en el entorno de los aljibes, al otro lado de la carretera.
Las pruebas practicadas por el momento demostrarían que los técnicos sabían que había roca volcánica en la ubicación escogida para los baños, y que, además, debían extraerla para comenzar las obras.
Por su parte, el Ayuntamiento de Tinajo queda totalmente al margen del caso. El magistrado entiende que a la Corporación municipal simplemente le parecieron bien las obras, eso sí, siempre y cuando éstas contaran con la obtención de todos y cada uno de los permisos y licencias necesarios para la apertura del expediente.
Por otro lado, el magistrado que lleva la investigación también ha llamado a prestar declaración a otros técnicos de la Corporación, si bien, en calidad de testigos, como son la coordinadora del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo insular, María Antonia Perera Betancort, y el director de la Oficina del Plan Insular, Lopoldo Díaz Betancort.
Orígenes del caso
La denuncia del caso de los baños de Los Dolores, como se recordará, fue presentada por los consejeros del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) en el Cabildo de Lanzarote, en principio sólo contra el consejero de Obras Públicas de dicha Corporación, Sergio Machín, por un presunto delito contra el Patrimonio Histórico, al haber podido destruir parte de colada volcánica de Mancha Blanca para la realización de los famosos baños públicos junto a la Ermita de la Virgen de los Dolores.
Sin embargo, Machín declaró después ante el juez instructor que él no fue quien decidió construir dichos baños en el emplazamiento en cuestión, ni que tampoco fue él quien dio las órdenes para destruir la colada volcánica que se eliminó, señalando que quien adoptó aquellas decisiones fue el entonces presidente de la Corporación.
A raíz de dichas manifestaciones del consejero de Obras Públicas y de las demás pruebas practicadas en el proceso, en el que se han aportado informes, a petición del Juzgado, de los técnicos de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, los agentes del Seprona y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, la Fiscalía amplió la acusación también a los dos consejeros que ostentaron la Presidencia del Cabildo durante el período de ejecución de las obras: Dimas Martín y Mario Pérez, este último en calidad de presidente accidental.
A día de hoy, con el procesamiento de los tres técnicos ya citados, se eleva a seis el número de posibles implicados en el caso.
