Los promotores del Plan Parcial Playa Blanca se están enfrentado a una cascada de juicios civiles pero, además, ya está abierta la vía penal. De momento, al menos dos afectados presentaron una denuncia por presunta estafa, delito contra los consumidores y falsedad en documento público contra todas las sociedades que están detrás de la Comunidad de Bienes "El Partidor", y entre las que se encuentra Explotaciones de Inversiones Agueri, de que es administrador único Federico Díaz de Aguilar.
Además, la denuncia también está dirigida contra Promociones Alabena, cuyo administrador único es José Antonio Olano, y contra Ayamar Proyect, cuyo administrador es Félix Andrés García. Asimismo, los denunciantes la hacen extensible también al director gerente de la inmobiliaria Agueri y apoderado de dos de las sociedades denunciadas, Manuel Lago.
Con esta medida, los afectados pretenden no sólo recuperar el dinero que pagaron por unas viviendas que han pasado a ser ilegales y que están amenazadas por posibles derribos, sino también depurar responsabilidades legales. Y es que consideran que han sido víctimas de una estafa, y que los promotores tienen que responder por esos presuntos delitos.
"Que a mí que me den una indemnización de cuatro duros, o de cuarenta, claro que me importa, pero lo que quiero es tener la casa. Y me parecería una barbaridad que a mí me tiraran la casa y la gente que ha provocado todo eso esté de rositas y habiendo cobrado el dinero. Si me la tiran, pero los responsables van a la cárcel, me molestará, pero al menos sabré que están pagando las consecuencias", afirma uno de los denunciantes.
"Lo ocultaron expresamente"
En la denuncia que se tramita en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Arrecife desde principios de 2009, los afectados alegan que los promotores sabían que estaban construyendo sin licencia firme, porque la que tenían estaba recurrida por el Cabildo ante los tribunales, pero "ocultaron expresamente este extremo a los compradores". Incluso, afirman que les "mintieron", negándoles la existencia de esos recursos.
Uno de los denunciantes asegura que cuando ya había dado la entrada de la vivienda, y antes de formalizar la escritura definitiva, le preguntó a Manuel Lago por este tema, al leer en los medios de comunicación que otras licencias de ese Plan Parcial estaban teniendo problemas. Sin embargo, sostiene que éste se lo negó.
En la misma línea, los denunciantes consideran que los promotores, el arquitecto autor del proyecto y el director facultativo de la obra "falsearon la escritura pública de declaración de obra nueva". Y es que afirman que "ocultaba que la licencia de obra concedida por el Ayuntamiento de Yaiza no era firme y se encontraba recurrida", y por tanto "no estaba libre de cargas y gravámenes", como se sostiene en esa escritura.
Respecto al argumento que sostienen los promotores, y que alegaron también en el juicio civil celebrado este martes en los Juzgados de Arrecife, los denunciantes lo consideran inaceptable. "No pueden negar que conocieran la existencia del procedimiento judicial donde se impugnó la licencia de la promoción inmobiliaria que nos ocupa, puesto que incluso están personados" en esos procedimientos, señalan en su denuncia.
Además, también comentan indignados que cuando ya habían formalizado la compra y empezaron a llegar las sentencias, los promotores les llegaron a ofrecer una "defensa conjunta" en los procedimientos abiertos. "Si te voy a tirar los trastos a la cabeza, lo que no voy a hacer es hacerlo con tu propio abogado", afirma uno de los afectados.
Diligencias judiciales
Aunque la primera denuncia fue archivada en febrero de 2009 por el fiscal Miguel Pardo Castillo, posteriormente estos dos compradores presentaron otra directamente en el Juzgado, que la admitió a trámite e inició la práctica de diligencias. De hecho, el pasado 22 de abril de 2010, el juez emitió una providencia en la que, atendiendo a una solicitud de los demandantes, acordaba librar un oficio al Cabildo de Lanzarote, para que sus servicios jurídicos informaran si uno de los denunciados, Federico Díaz de Aguilar, "tenía conocimiento de la problemática legal y judicial que presentaba el Plan Parcial de Playa Blanca, su urbanización y las licencias de obra concedidas".
Este promotor es hermano de Ignacio Díaz de Aguilar, que está imputado en el "caso Reyes", que investiga la existencia de una presunta trama para la concesión masiva de licencias ilegales. Un proceso que empezó centrándose en las licencias hoteleras, pero que en su última fase se ha ampliado también a lo sucedido con este plan parcial, y de hecho tiene a dos empresarios imputados por presuntos delitos de cohecho. Es decir por, supuestamente, haber pagado dinero al ex alcalde de Yaiza a cambio de la concesión de esas licencias.
En su declaración ante la juez, los empresarios José Ramón Olaberría y Ricardo Sánchez Armendáriz afirmaron que construyeron en el plan parcial Playa Blanca basándose en un informe jurídico de Ignacio Díaz de Aguilar, que aseguraba "que todo era legal", y que incluso éste les asesoró sobre cómo ir pidiendo las licencias, empezando por ir solicitando sólo hasta un 25 o 30 por ciento.
El hecho de que Ignacio Díaz de Aguilar asesorara legalmente a los promotores es otro de los argumentos por los que los compradores no se creen que su propio hermano, Federico Díaz de Aguilar, no se enterara hasta el año 2008 de que el Plan Parcial se enfrentaba a varios recursos y de que estaba extinguido desde el año 2001, cuando entró en vigor la Ley de Medidas Urgentes del Gobierno de Canarias.
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