La primera reunión de la Comisión Especial Informativa de Inalsa, más conocida como "Comisión de Investigación", se ha convertido en un vaivén de protestas y acusaciones entre los representantes de los diferentes partidos políticos (a excepción del PIL, que no ha estado representado en esta sesión inicial, al parecer, por encontrarse las dos consejeras de viaje)
La primera decisión, la de delegar la presidencia de la Comisión en Ángeles García, representante de Coalición Canaria, ha sido un jarro de agua fría para los miembros de la oposición. Tanto Pedro Hernández, de Alternativa Ciudadana, como Astrid Pérez, del Partido Popular, han defendido que la Comisión sea presidida por un miembro de la oposición, "en aras de la claridad y la transparencia", ya que, tal y como ha afirmado la representante popular, "no puede presidirla alguien que tenga relación política directa con los implicados, que tendrán que declarar", refiriéndose a Mario Pérez, compañero de partido de Ángeles García y consejero delegado de Inalsa. La elección de la consejera de Coalición Canaria como presidenta de la Comisión supone, además, un voto de calidad para este partido.
Tras la salida de Inés Rojas del salón de Plenos del Cabildo, el resto de representantes ha debatido las normas que regirán esta Comisión. Para empezar, se ha ampliado el plazo de desarrollo, de 30 a 60 días hábiles. Otra de las modificaciones tiene que ver con el periodo establecido para la presentación de pruebas, que en un principio era de siete días, al que se ha añadido la posibilidad de un segundo turno, "en caso de que surja la necesidad de presentar más pruebas", tal y como ha especificado Carlos Espino, autor de la propuesta, que ha sido aprobada por unanimidad.
Otra de las propuestas, expuesta primeramente por Alternativa Ciudadana, ha despertado la polémica entre los representantes políticos. Pedro Hernández solicitaba la admisión de todas las pruebas en la Comisión, para evitar que aquellos partidos con un número mayor de representantes, como el PSOE (ya que las normas indican que la constitución de esta Comisión Especial sea proporcional a los resultados electorales), puedan decidir cuáles son las pruebas que se estudiarán para tratar de dirimir responsabilidades políticas. Aunque en un principio Luis Arráez, de ApL, ha secundado la propuesta, especificando que las pruebas "deben estar relacionadas con el objeto de investigación", finalmente ha votado en contra, presuntamente, por no fomentar tensiones en el Grupo de Gobierno, por lo que, finalmente, no se ha aprobado la propuesta.
El debate se ha convertido en un cruce de acusaciones en el que se ha hablado de "boicot", "corruptela", "antidemocráticos", e incluso se han realizado varias alusiones a la propuesta de resolución del Comité Disciplinario, que según el PP, "pretendía exculpar al socialista Pérez Parrilla".
En todo caso, esta primera reunión se puede convertir en la antesala de lo que será una Comisión de Investigación "movidita", que celebrará sus sesiones, de carácter público, los viernes a las nueve de la mañana, trasladándola a los jueves en caso de que coincida con un Pleno.
