Tiene poco menos de dos meses de vida ? se creó el pasado 7 de enero - y ya son 2.000 familias de toda España, preferentemente de Canarias y Valencia, las que integran la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas de toda España, y prevén que se sumen 5.000 familias más en los próximos meses. Se han organizado para denunciar los "abusos" y "arbitriaridades" que a su juicio se están cometiendo con la aplicación de la normativa, que está transfiriendo edificaciones y viviendas "legítimas" a manos públicas.
No "discrepan" de la Ley sino que se revelan ante la "instrumentalización" de la misma, porque ése es el uso que creen que está haciendo el director de Costas, José Fernández, de la normativa. Su portavoz y representante, el abogado José Ortega, ha presentado la asociación este martes en Lanzarote, donde además representa a 50 propietarios afectados por el deslinde de El Golfo.
Ortega asegura que el planteamiento del colectivo es "ético" y "moral" y que los miembros tienen "perfectamente" acreditada la legalidad de las viviendas que defienden. "Si yo enarbolo la bandera de la justicia, no voy a permitir que los que se integren en la asociación quieran defender edificaciones ilegales que han construido por el morro", ha declarado al término de la rueda de prensa.
La Plataforma se ampara en un extenso informe de 107 páginas donde Ortega ha recogido y sintetizado todos los "abusos" que ha detectado, según su visión jurídica, a lo largo de su experiencia profesional. "Aplicación diferente de la normativa según su destinatario", "indiferencia ante la regresión de la costa y sus efectos sobre el dominio público", "determinación arbitraria de la línea de deslinde", "tramitación de expedientes en secreto" y "uso arbitrario de las concesiones administrativas" son algunas de las quejas que aparecen en el informe.
El estudio será la carta de presentación de la Plataforma ante las instancias competentes. Ya lo han hecho llegar a partidos políticos, el defensor del pueblo y el Ministerio. Solicitaron una Comisión de Investigación en el Parlamento canario y en las Cortes valencianas que, según Ortega, han hecho oídos sordos a sus peticiones, pero están dispuestos a llegar a la Unión Europea. Por el momento se mantienen a la espera de que el presidente del Parlamento europeo,Hans-Gert Pöttering, les reciba y acceda a realizar investigaciónsobre la aplicación de la normativa en España.
El Golfo, un "abuso" más
José Ortega ha sido el letrado que, desde un primer momento, ha representado a los vecinos afectados por el deslinde de El Golfo. Decepcionado por las actuaciones de la administración, tanto central como autonómica, asegura que actualmente la situación del pueblo costero está en un "cacao jurídico" que no sabe cómo resolver. Considera que el Ministerio de Medio Ambiente se mantiene en un "silencio" preocupante y "clamoroso" y que el Gobierno de Canarias se equivocó al actuar en solitario redactando la "resolución administrativa" que reconocía el carácter urbano de la localidad.
Lo cierto es que las consecuencias del deslinde marítimo terrestre de El Golfo dependen actualmente de las resoluciones judiciales que se fallen en los procedimientos que hay abiertos actualmente. A no ser que haya voluntad por parte de la Dirección General de Costas. "Lo que está faltando en el deslinde es un "poco de buena fe", ha resumido Ortega.
Por una parte, los vecinos interpusieron un recurso de reposición contra el deslinde, que ha sido desestimado recientemente. Por otra parte, Costas recurrió la resolución administrativa dictada por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (COTMAC) de la Consejería del Ejecutiva autonómico, que reconocía el carácter urbano de El Golfo antes de 1988. Todavía no ha habido pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ante este recurso pero, mientras se resuelve, se ha suspendido la ejecución de la declaración, lo que significa que la línea de servidumbre sigue estando a 100 metros y no a 20, como se pretende.
