Estudiantes del título de grado en Seguridad y Control de Riesgos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), en colaboración con los equipos educativos de los centros públicos de la isla de Lanzarote y el Consorcio de Seguridad y Emergencia, llevarán a cabo en los próximos meses la revisión o redacción en su caso de los planes de autoprotección de los colegios de Lanzarote.
La iniciativa se enmarca dentro del convenio de colaboración firmado entre la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad y la ULPGG para prácticas de estudiantes universitarios. El Gobierno de Canarias ha explicado que en el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, aprobó la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
Esta norma fue posteriormente modificada por el Real Decreto 1.468/2008, de 5 de septiembre, cambiando determinados aspectos en relación a las competencias autonómicas y locales. Entre las nuevas obligaciones, está el de remitir al recién implantado Registro General de Planes de Autoprotección de Canarias los datos referentes a los planes de autoprotección y mantenerlos actualizados.
Con respecto a la actividad docente, el Gobierno de Canarias ha explicado que están obligados a tramitar los planes de autoprotección en este nuevo registro aquellos establecimientos especialmente destinados a personas discapacitadas físicas o psíquicas o a otras personas que no puedan realizar una evacuación por sus propios medios y afecte a más de 100 personas. Además, también tienen esta obligación cualquier otro establecimiento que disponga de una altura de evacuación igual o superior a 28 metros o de una ocupación simultánea que supere las 1.000 personas.
El Ejecutivo canario ha señalado a través de un comunicado que la autoprotección de estos centros consiste en el sistema de acciones y medidas adoptadas por los titulares con sus propios medios y recursos y dentro de su competencia, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes. También deben procurar, en su caso, la continuidad y restablecimiento de servicios básicos para la comunidad; dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones con el sistema canario de emergencias.
