Los cuadernos del gerente de Urbaser en Lanzarote, Jacinto Álvarez, y sus propias confesiones tras su detención en el marco de la Operación "Jable", son sólo el principio de la investigación del Juzgado de Instrucción Número 5, el Ministerio Fiscal y los agentes de la UCO, que han emitido un informe de más de 50 folios sólo con el análisis de esos diarios. El objetivo ahora es encontrar pruebas de la entrega de las decenas de regalos que allí se detallan, entre viajes y productos de lujo.
De momento, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han seguido trabajando en las últimas semanas en Lanzarote.Agencias de viajes y tiendas han recibido su visita en busca de facturas y documentación que acredite la existencia de esos regalos, que probarían los presuntos delitos de cohecho de los que se acusa a la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, y también a otros políticos de la isla. Y es que presuntamente, Déniz no fue la única que se benefició del gran negocio de la basura.
Otros concejales que en aquella época conformaban el grupo PIL en el Consistorio, como el que fuera presidente de ese partido, Celso Betancort, así como el líder del partido, Dimas Martín, y también ex integrantes del Partido Socialista, con quien compartían gobierno, se habrían visto salpicados por el diario del gerente de Urbaser y por los resultados que ha arrojado hasta ahora la investigación.
Pero además de acreditar los presuntos sobornos, los agentes de la UCO también investigan los beneficios que a cambio habrían obtenido tanto la empresa como su gerente en Lanzarote. Y es que aunque Jacinto Álvarez estaría tratando de articular su defensa sobre la base de que él sólo cumplía órdenes de sus superiores de Madrid, y presionado por las supuestas exigencias de los políticos, la gran incógnita es si incurrió en los graves delitos que ha confesado sólo en beneficio de su empresa, o si, por el contrario, él también tenía sus propios objetivos.
No actuaba solo
En principio, la investigación considera acreditado que Álvarez no actuaba solo y, al menos, contaba con la supuesta connivencia de otros responsables de Urbaser en Madrid. De hecho, tres personas de la empresa han sido detenidas ya en la capital de España. El primero fue Stephani Jean Balverde, arrestado el mismo día que Jacinto Álvarez, y puesto después en libertad con cargos, imputado por presuntos delitos de cohecho y alteración de precios en concurso.
Los últimos, fueron Manuel Andrés Martínez y Santiago Alonso. El primero era hasta hace poco director general de la compañía y actualmente está al frente del área de servicios urbanos, y el segundo es responsable del área de servicios internacionales de Urbaser. Tras su detención, ambos fueron sometidos a un careo con Jacinto Álvarez, que tuvo que repetir sus acusaciones delante de ellos y del juez.
Álvarez quedó en libertad con cargos tras pasar varias semanas en prisión provisional y, aunque actualmente está de baja, continúa siendo gerente de Urbaser en Lanzarote y no se le han retirado los poderes para representar a la empresa en la isla.
Cómo operaban
A cambio de los presuntos sobornos entregados por la empresa, y que alcanzarían cifras millonarias, habría dos beneficios claros. Uno, la renovación del contrato en el año 2002, tras un concurso en el que, presuntamente, Urbaser habría tenido información privilegiada para asegurar que sería la adjudicataria. El otro, en la revisión de precios aprobada en el año 2007, a través del jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha, que continúa en prisión provisional y sería una de las piezas fundamentales en esta presunta trama del caso "Unión".
Sin embargo, los Rolex, los bolsos de lujo, los billetes de avión y los viajes organizados para políticos y familiares también habrían supuesto otros supuestos beneficios para la empresa o para sus directivos.
"Si le preguntabas a María Isabel Déniz por las condiciones del contrato, o sobre por qué no se reemplazaba a trabajadores que estaban de baja o de vacaciones, o si determinados servicios que se facturaban a parte no estaban incluidos en la concesión, te remitía a hablar con Rafael Arrocha. Y él siempre decía que estaba todo bien". Éste sería un resumen de cómo se podría haber articulado, al menos, parte de la presunta trama.
Y es que actualmente, no sólo está en cuestión el dinero que supuestamente se ha detraído de las arcas públicas a cambio de comisiones ilegales que podrían haber supuesto un contrato con precios inflados. Además, se duda incluso del servicio que durante años ha venido prestando Urbaser en Arrecife.
Algunas fuentes aseguran que la permisividad del Ayuntamiento con la empresa siempre ha sido excesiva. Y no sólo porque no reemplazaba a los trabajadores que se ausentaban por enfermedad o vacaciones, sino también porque, supuestamente, algunos empleados se destinaban a tareas que poco tenían que ver con la limpieza de la capital. Es decir, que trabajadores pagados con los sueldos que salían de las arcas públicas, se destinaban a menesteres privados que supuestamente ordenaba el gerente, y de los que presuntamente, se podrían haber beneficiado tanto él como otros imputados en la causa.
Facturas bajo sospecha
La otra fuente de beneficios podría estar además en otras facturas que Urbaser cargaba al Ayuntamiento de Arrecife, a través de otras empresas. Y es que al margen del contrato establecido por la limpieza de la ciudad y la recogida de basuras, la empresa también pasaba otros gastos al Consistorio, por acciones puntuales que aseguraban que no estaban incluidas en las condiciones de la concesión, y también por la compra de materiales para llevar a cabo determinadas intervenciones, como el pintado de calles o la iluminación.
En este caso, al parecer, eran las propias empresas que hacían el suministro las que pasaban la factura al Consistorio, y confirmar si realmente existía o no esa entrega de productos abriría otro frente de investigación. Y es que algunas personas cercanas a la causa sostienen que Jacinto Álvarez obtenía otros presuntos beneficios personales en connivencia con esas empresas. Según esta versión, se habrían pasado cargos al Ayuntamiento por entregas de productos ficticias, o bien por materiales de inferior calidad a la que se cobraba.
