Tres meses después de que el Pleno del Cabildo aprobara una moción de Podemos instando a rescindir el contrato con Marina Rubicón, por el que los Centros Turísticos siguen alquilando un local en este puerto deportivo ilegal, el consejero delegado de los CACT, José Juan Lorenzo, ha hablado por primera vez de cumplir ese “mandato” plenario. Y lo ha hecho tres días antes de que el Pleno vaya a debatir una moción para apartarle de su cargo, precisamente por incumplir acuerdos que emanan del máximo órgano de la institución, donde actualmente la oposición ostenta la mayoría.
Lorenzo ha hecho este anuncio durante el Consejo de Administración de los Centros celebrado este martes, al que no han asistido ni los miembros de la oposición, ni el representante del Comité de Empresa ni el de los ayuntamientos. Según el comunicado remitido por el Cabildo, lo que ha explicado Lorenzo es que están “ultimando” un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Yaiza “para poner a disposición de los ciudadanos el Castillo de las Coloradas y los kioscos adjuntos, para su visita y uso como espacio para albergar exposiciones, al tiempo que como oficina del Museo Atlántico”. Con eso, según se limitan a señalar en la nota de prensa, “se cumpliría el mandato del Pleno del Cabildo de Lanzarote de abandonar su actual emplazamiento”.
Ese emplazamiento que no mencionan en el comunicado es el puerto deportivo Marina Rubicón, que fue declarado ilegal en una sentencia firme y que pertenece a la familia de José Juan Lorenzo. Frente a ese puerto ilegal decidió la institución emplazar el museo submarino y allí lleva más de dos años alquilando locales pagados con dinero público. El contrato con Marina Rubicón se firmó en el año 2015, para alquilar dos locales que sirvieron de taller a Jason deCaires mientras elaboraba las figuras de ese museo submarino. Sin embargo, meses después de que estuviera ya inaugurado, los Centros seguían pagando por esos locales y deCaires continuaba utilizándolos para realizar otros trabajos privados.
Nuevo contrato al día siguiente de rescindir el primero
Finalmente, el pasado mes de abril los Centros rescindieron el contrato de alquiler, pero el mismo día firmaron otro, para seguir alquilando uno de los dos locales, que fue el que destinaron y siguen destinando a la oficina de información del museo. Ese contrato, según denunció en su momento Podemos, “fue firmado de forma totalmente opaca”, ya que ni siquiera se informó a la oposición, pese a que llevaban meses pidiendo explicaciones y reclamando que se pusiera fin a ese vínculo con un puerto ilegal.
Tras presentar hasta en tres ocasiones una moción pidiendo que se instara a los Centros a rescindir ese contrato, el partido consiguió el apoyo de la mayoría del Pleno el pasado 28 de julio, al sumar también en esa ocasión el respaldo del PSOE, además del de Somos Lanzarote y el de Ciudadanos. En el caso de los socialistas, en el último Pleno al que se volvió a llevar la moción cambiaron el sentido de su voto, coincidiendo con la noticia de que ya era firme la sentencia del caso Yate, que declaró ilegal ese puerto y consideró probado que sus dueños sobornaron al ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, para obtener ésa y otras licencias ilegales.
En aquella sesión, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, dejó claro que el grupo de gobierno no tenía intención de acatar ese mandato ni de abandonar los locales de Marina Rubicón. “No deja de ser una declaración política de intenciones”, afirmó entonces, subrayando que la moción “solo” suponía “instar” a que se rescinda ese contrato, que es algo que no depende del Cabildo, sino de los Centros Turísticos. “Ya se verá si atiende esa petición, bajo mi punto de vista totalmente fuera de lugar”, cuestionó San Ginés.
“Años desviando dinero público a los negocios de su familia”
Ahora, sin embargo, el grupo de gobierno ha anunciado que está “ultimando” un acuerdo con el Ayuntamiento de Yaiza para buscar una nueva ubicación para la oficina del museo submarino. Solo un día antes, Podemos había vuelto a denunciar que se siguiera manteniendo ese contrato, pese al acuerdo adoptado hace tres meses en el Pleno del Cabildo. “Pide amparo a la justicia para defender la gestión pública quien lleva años desviando dinero público para beneficiar a los negocios de su familia”, advirtió el portavoz del partido, Carlos Meca, respondiendo a la denuncia que Lorenzo presentó este lunes en los Juzgados, acusando de amenazas y coacciones a los 14 consejeros que aprobaron el acuerdo que puso fin a la huelga de los Centros Turísticos.
Además, Meca anunció que su grupo había pedido por escrito que se incluyera en el orden del día del Consejo de Administración de los Centros el acuerdo plenario para rescindir esos contratos. “Hay que ser muy cínico para decir que no hay futuro fuera de la ley mientras sigue financiando el puerto ilegal de su familia incluso con un mandato en contra del Pleno del Cabildo”, advertía Carlos Meca este lunes. Un día después, en ese Consejo de los Centros, Lorenzo ha realizado este anuncio, hablando por primera vez de abandonar el local en Marina Rubicón, aunque sin poner fecha a cuándo se llevará a cabo el traslado.
