El juicio y la sentencia contra Vicente Bartolomé Fuentes y Pablo Carrasco Cabrera han puesto también sobre la mesa la forma en la que se concedían las licencias en Yaiza. Y es que ambos técnicos basaron su defensa durante la vista oral en su "desconocimiento" en la materia, pese a que ambos emitían informes previos a la concesión de esas licencias.
En el caso de Bartolomé Fuentes, secretario del Ayuntamiento, llegó a afirmar que sus informes "carecían de toda relevancia jurídica" y que los elaboraba a título meramente "ilustrativo". Según él, "no existían en el Ayuntamiento funcionarios especializados en materia urbanística ni unidad urbanística administrativa", por lo que "asumió voluntariamente alguna de las funciones propias de dichos funcionarios".
En cuanto a Pablo Carrasco, aparejador de la Oficina Técnica, alegó que sus informes eran "meramente técnicos", ya que "carecía de conocimientos jurídicos en la materia", y que se limitaba a reflejar "la realidad física de los terrenos".
Sin embargo, el juez no considera creíble la versión de ambos técnicos y sostiene que, deliberadamente, ambos omitieron información en sus dictámenes. Concretamente, no advirtieron de que no se podía conceder la licencia sin solicitar la calificación territorial al Cabildo de Lanzarote y el permiso de la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Canarias, ya que se trataba de suelo rústico.
Entre otras cosas, la sentencia recuerda que el propio ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes (que en varias ocasiones ha asegurado que había informes que ni leía, que "no entiende de estas cosas" y que se basaba en lo que le decían los técnicos), declaró durante la instrucción de esta causa que se basaba en los informes "del jurista (el secretario) y del técnico" para conceder licencias, lo que según el juez demuestra que no se trataba de informes "meramente ilustrativos".
Contradicciones y pura "lógica"
La sentencia también destaca las contradicciones entre lo que los técnicos declararon durante el juicio y lo que habían declarado previamente. Y es que durante la instrucción de esta causa, Bartolomé Fuentes sí dijo que sus informes eran "preceptivos", mientras no estuviera constituidas unidades jurídicas en las Oficinas técnicas del Ayuntamiento. El juez considera que esa declaración tuvo "una mayor espontaneidad y sinceridad".
Además, la sentencia subraya que considerando que Bartolomé Fuentes es secretario del Ayuntamiento de Yaiza desde 1981, "las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia obligan a inferir el conocimiento de la normativa urbanística por parte del acusado".
Respecto a Pablo Carrasco, el juez tampoco se cree su supuesto desconocimiento en la materia y, entre otras cosas, hace referencia a otro expediente de concesión de una licencia, que fue aportado por el Ministerio Fiscal. En ese expediente, aparece un informe de Carrasco en el que sí advertía de la necesidad de pedir al Cabildo un informe de compatibilidad con el PIOT y una autorización a la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Canarias antes de conceder la licencia.
Además, el juez también subraya que en una de las cuatro licencias que originalmente se investigaban en esta causa, y en cuyo expediente también participó Carrasco, el Ayuntamiento de Yaiza llegó a recibir una advertencia del Gobierno canario, diciéndoles que debían pedir autorización para conceder la licencia, por tratarse de suelo rústico.
"Caso Reyes"
El contenido de esta sentencia guarda una estrecha relación con otros procesos abiertos contra técnicos de Yaiza y contra el ex alcalde. Especialmente, con el mayor que se sigue contra ellos, el "caso Reyes", que investiga la existencia de una presunta trama para la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca.
En esa causa, en la que hay una treintena de imputados, la Fiscalía sostiene que existía una trama organizada entre políticos, técnicos y empresarios, además de abogados que actuaban como asesores y como nexo entre el resto de los imputados, para vulnerar la ley otorgando licencias a cambio de presuntos sobornos.
Según las tesis de la acusación, muchas de esas licencias se concedieron basándose en informes técnicos carentes de contenido, que se emitían para poder justificar la concesión de las licencias, obviando trámites indispensables. Esas licencias se ocultaban incluso al Cabildo, que tuvo que acudir a los tribunales en defensa de la legalidad. El resultado: una treintena de licencias hoteleras declaradas ilegales, además de otras que ahora se están investigando en la vía penal, dentro del "caso Reyes", como la del puerto deportivo Marina Rubicón.
